El sistema nacional de bibliotecas

Fui director de la Biblioteca Nacional en el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010). Residía en Tacuarembó; ejercía mis últimos años de abogacía. Gozaba de una salud que ya no tengo. Recuerdo que cuando le comenté a mi padre la llamada telefónica de Jorge Brovetto comentó: “Te han ofrecido el único cargo que te tienta aceptar. Parece que te conocen bien”. Así me apoyó a que aceptara un ofrecimiento que implicaba mi traslado a Montevideo y que, por lo tanto, lo expondría a una separación de su hijo único en sus últimos años de vida. Ya tenía 92 años y murió al año siguiente, en octubre de 2006. A pesar de que la decisión implicaba un apresuramiento de mi jubilación, con obvios inconvenientes económicos y el casi irresponsable abandono de mi familia, terminé aceptando el cargo ofrecido. Como antiguo usuario de la Biblioteca, sabía por dónde orientaría mi gestión. La Biblioteca sólo es Nacional de palabra; no tenía ni tiene presencia en ninguna parte del interior. Jamás dejó de ser capitalina. Para poder usar sus servicios debía trasladarme algún día hábil a Montevideo. Ya ejerciendo su dirección adquirí conciencia de que la realidad era más grave: no pasaba de ser una gran biblioteca barrial; servía a una importante zona de Montevideo, el Cordón, en la que se concentran varias trascendentes instituciones de enseñanza universitaria y secundaria, pero que resulta inaccesible, física y económicamente, a populosas regiones periféricas del departamento. En mis primeras conversaciones con el director de Cultura de entonces, Luis Mardones, tomé conocimiento de que bajo el ministerio de Samuel Lichtensztejn (1985-1988), Tommy Lowy, quien ha demostrado tanto en su trabajo en la esfera pública (Intendencia de Montevideo y en el Ministerio de Educación y Cultura, MEC) como en la privada (Unión Latina) que es uno de los gestores culturales más creativos y agudos de nuestra historia, había aflorado un muy serio intento de sistematizar el funcionamiento de las bibliotecas municipales del país. El emprendimiento naufragó cuando Lichtenztejn y Lowy cesaron en sus cargos. Mardones me dijo además que en el MEC revistaba todavía, sin las antiguas funciones de realce, el brazo administrativo que supo tener Lowy: Martín Apecech. Me ofreció su traslado, que acepté de inmediato. Por intermedio de Martín me vinculé con un muy valioso grupo de bibliotecarias y bibliotecólogas residentes en el interior, quienes se habían relacionado para fortalecer el funcionamiento de las bibliotecas municipales de su residencia mediante un más estrecho vínculo. Lowy había conformado el grupo a partir de las coincidencias que habían evidenciado en encuentros nacionales de bibliotecas municipales realizados en el interior. En la década de los 80, como en la actual, las bibliotecas municipales se hallaban en un estado de inadmisible postración. Sus funcionarios llegaban a ellas como castigo por faltas personales o derrotas de su sector político y las sufrían como ámbitos de drásticas postergaciones de su carrera funcional. Carecían de preparación específica y no estaban motivados. A ello debía añadirse una acentuadísima debilidad financiera. Solas y aisladas, las directoras de las bibliotecas no podían despegarse de su crónica postración. Habían comenzado a buscar formas de integración; por ejemplo, tanto en la utilización como en la conformación de los respectivos acervos. Sobre todo, las bibliotecólogas se habían orientado enseguida a favor del sistema de bibliotecas municipales, ya instalado en más de diez países del continente, buscando una mejor forma de coordinar sus dependencias. En las primeras reuniones que mantuve con ellas, la idea me entusiasmó. Un sistema de bibliotecas públicas no sólo era la solución más eficaz sino también la económicamente más viable. Implicaba una utilización racional de todos los recursos materiales y humanos ya disponibles, por lo que no implicaba que se incurriera en gastos considerables. Por otra parte, erigir a la Biblioteca central en pivot del sistema le daba a la Biblioteca Nacional una función ideal. Por fin importaba su radicación capitalina, y su gestión sería vital para todos los habitantes del país. Una forma muy atractiva de potenciar los magros recursos municipales para la adquisición de libros es la de la compra concertada. Los municipios ya no compran aislados según su arbitrio. Las prácticas superadas no dejaban de ayudar al desenvolvimiento cultural de la ciudad donde estaba radicada la biblioteca; los libros se compraban a una o más librerías del medio, con lo que se ayudaba a su subsistencia, pero a un costo muy elevado. Debe tenerse en cuenta que el mercado mundial del libro distribuye sus ingresos en tres porciones: la menor, en general el diez por ciento, para los derechos de autor; la mayor, promedialmente el cincuenta o sesenta, para las librerías; y la restante, por lo tanto, el treinta o cuarenta, para los editores. Concertando previamente la compra y articulando una única demanda a las editoriales es posible rebajar de dos maneras los costos. En primer lugar, por el mucho mayor volumen de la demanda: según las reglas del comercio, interesa mucho más vender en un solo acto a casi todas las bibliotecas del país que a una sola. En segundo lugar, las editoriales gozan de un margen mucho mayor de rebaja del precio de venta al público, porque tienen que cubrir tan sólo los derechos de autor y los costos de edición, y puede resultarles satisfactoria la concesión de una rebaja de 70 o 75 por ciento sobre el precio de venta final. Otra forma de coordinación interbibliotecaria se deberá discutir, pulir y poner en práctica: la pareja digitalización de las bibliotecas. Es una exigencia impostergable de los nuevos tiempos. Las bibliotecas deben equiparse, en primer lugar, para capacitar a sus usuarios, ayudándolos a ser lectores del siglo XXI, a gozar de los múltiples beneficios que ofrece la red internet: la visita cotidiana a colosales bibliotecas digitales ya existentes, a la prensa y a las revistas culturales o científicas del mundo. En segundo lugar, la digitalización permite la realización de cursos o ciclos a distancia, por lo que el usuario del interior remoto podría acceder a oportunidades de capacitación antes únicamente disponibles para el usuario capitalino. En tercer lugar, permitiría una ampliación de los respectivos acervos, mediante la conformación de catálogos digitales que, consultados, facilitarían préstamos interbibliotecarios o personales a distancia, algo que aseguraría a ese usuario del interior remoto el acceso a libros de muy difícil obtención. Hay también otros beneficios que aparejaría un sistema nacional de bibliotecas públicas: una casi óptima promoción de visitas de autores y conferencias por distintos especialistas, mediante la organización de giras que multiplicaran los lugares a visitar y abatieran los costos de traslado. El proyecto contó con el apoyo de varios intendentes. Fue muy destacable el de Omar Lafluf, quien venía de presidir el Congreso de Intendentes e indicó la partida de la que se podría extraer los fondos necesarios para solventar los costos que no estaban cubiertos por los recursos propios de las bibliotecas participantes. Pero debió sobrellevar crecientes dificultades internas en los nuevos mandos del MEC. No fue incluido en la lista de proyectos prioritarios de la cartera. Finalmente, luego de gestiones personales ante los presidentes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Representantes y de la de Senadores dieron su fruto, y fue aprobado, a fin de año, como la Ley 18.632. Bajo ese número los lectores podrán consultar su texto en la página web del Poder Legislativo. Pero no es un éxito que se pueda saborear. Para ser definitivamente aplicado el sistema necesita un decreto reglamentario, que las autoridades no dictaron en los cinco años del segundo período de gobierno. Es así que, en política bibliotecaria, Costa Rica, por ejemplo, nos lleva una brecha de ventaja de casi 120 años.