Por Manuel González Ayestarán
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La configuración del estado-nación uruguayo durante el siglo XIX y principios del XX conllevó un relato respecto a la comunidad imaginada en este territorio que se basó en la identidad blanca europeizada, en oposición al mestizaje que definía al resto de América Latina. A lo largo del proceso de construcción de la nación desde el centralismo capitalino, el Estado llevó a cabo diversas políticas de control y de promoción de los fundamentos de una identidad nacional, basada en la homogeneidad hispana de raza blanca, invisibilizando o subordinando a quienes se apartaban de ella. El documento base del seminario Quilombo 2017 pone como ejemplo los sucesivos intentos de erradicación del lenguaje portuñol que se impulsaron en diversos períodos del pasado siglo, considerándolo un dialecto foráneo, a pesar de que se hablaba en varias localidades limítrofes con Brasil. Todos estos esfuerzos realizados durante los últimos siglos por el sistema político en asociación con las elites sociales por naturalizar las estructuras de dominación presentes en Uruguay tienen efectos hoy en la brecha de calidad de vida y de oportunidades que afecta al colectivo afrodescendiente. Según el director nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Federico Graña, las evidencias más visibles del racismo uruguayo se aprecian en la desigualdad que afecta a la población afro desde el punto de vista económico y socioeducativo. “Si bien la población general en 2004 se ubicaba en 40 por ciento bajo la línea de pobreza y la bajamos ahora a 9,2 por ciento, cuando uno hace el corte teniendo en cuenta la variable étnico-racial, vemos que la pobreza en las personas afrodescendientes es de 19,2 por ciento. Esta dinámica también es visible en la brecha educativa; la población afrodescendiente tiene una escolaridad menor que la de la media de la población, con la falta de oportunidades que eso conlleva”, señaló el experto en entrevista con Caras y Caretas. Sin embargo, para él, la problemática principal está por encima de estas estadísticas y reside en su propia invisibilización, así como en el ocultamiento de su origen, que en definitiva es el racismo estructural que caracteriza a la sociedad uruguaya. “En Uruguay los datos cuantitativos de la población afro recién se registraron en el censo de 2010-2011, que fue cuando se insertó la variable étnico-racial. Esa variable quedó fijada después en el Instituto Nacional de Estadística (INE) y permite estudiar de forma diferente el problema. Antes ni siquiera existían esos datos, por tanto, la situación de la población afro estaba totalmente ignorada”, explicó Graña. País diverso y desigual Según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2016, la población afrodescendiente uruguaya supone 10,5 por ciento de los habitantes y se concentra especialmente en los departamentos del norte del país. En Artigas un tercio de la población declara ser afrodescendiente (33,9 por ciento). En orden proporcional le siguen Salto (19,7 por ciento), Rivera (18,7 por ciento) y Soriano (18,1 por ciento). Por otro lado, los departamentos que menos población afro alojan son Colonia (1,4 por ciento) y Flores (2,1 por ciento). En Montevideo esta proporción es de 10,5 por ciento. Rivera es el departamento con mayores niveles de pobreza del país, afectando de manera diferenciada a la población afrodescendiente. Según la ECH, 26,4 por ciento de la población afro de Rivera vive bajo la línea de pobreza, siendo esta proporción de 15,8 por ciento para el resto de habitantes. La precariedad laboral es una cuestión en la que el racismo del mercado de trabajo nacional se hace especialmente presente. El porcentaje de personas ocupadas sin aportes a la seguridad social se ubica en torno a 24 por ciento en la población no afro; sin embargo, esta problemática afecta a 34,5 por ciento del colectivo afrodescendiente, sin que se registre apenas diferencias entre hombres y mujeres. En el ámbito educativo, únicamente 9,9 por ciento de la población afro de 24 años o más terminó el nivel educativo terciario, cuando esta proporción en 2016 fue de 19,4 por ciento para los no afro. Una de cada cuatro mujeres afro trabajó en el servicio doméstico en los últimos años; en el resto esta estadística se reduce a una de cada siete. En 2016, 42 por ciento de los afrouruguayos tenía al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que en el resto de la población la cifra estaba en torno a 22 por ciento. Como se ha señalado antes, la población afro supone alrededor de 10,5 por ciento de la población; no obstante, representa más de 26 por ciento de los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS). Avances Si bien la brecha racial uruguaya continúa teniendo plena vigencia, en los últimos años se han llevado a cabo medidas para atajar el problema erosionando poco a poco el lugar común del país homogéneo, blanco, más cercano a Europa que a la América mestiza. El impulso inicial partió, cómo no, de la sociedad civil, desde donde se han impulsado iniciativas en las últimas décadas que recién en los últimos años se han materializado en medidas concretas por parte del Estado. El comienzo del movimiento negro organizado en Uruguay se suele ubicar en 1989, cuando se creó la Organización Mundo Afro (OMA) en Montevideo. En 1990, OMA organizó el Primer Encuentro de Entidades Negras del Cono Sur, al que asistieron 20 delegados de 25 organizaciones de la región. Esta fue la primera vez que de forma organizada los afrodescendientes alzaron su voz de forma organizada en Uruguay denunciando la existencia de estereotipos, de discriminación y pobreza del colectivo negro nacional. Allí también comenzó el ejercicio de relectura del pasado, incluyendo en ella el pensamiento diverso, a través de la expresión de la cultura negra. El 11 de octubre de 1992, OMA formó parte esencial en los contrafestejos que se organizaron desde colectivos críticos por motivo del denominado “descubrimiento de América”, señalando el 11 de octubre de 1492 como el último día de la libertad en América. Este tipo de acciones supusieron un punto de inflexión que décadas más tarde, tras la llegada al poder del progresismo, se pudieron materializar en políticas públicas. Para Federico Graña, “el principal adelanto en estos últimos diez años es que se haya empezado a visibilizar la brecha afro”. Esto ha hecho que se haya dado inicio a una segunda etapa de acción con la Ley 19.122, “Afrodescendientes: Normas para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral”. “Esa es una respuesta concreta que da el Estado, tratando de generar situaciones afirmativas para tratar de disminuir la brecha existente”. Entre ellas está, en el ámbito del trabajo, la incorporación de cuotas étnico-raciales a cargo de la Dirección Nacional de Empleo, la incorporación de la perspectiva inclusiva en aquellos servicios encargados de facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, la creación de servicios vinculados a la información, orientación, capacitación e intermediación laboral. Por otro lado, en el ámbito educativo se creó la subcomisión de Educación y Afrodescendencia, coordinada por la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Así se comenzaron a realizar labores de seguimiento educativo de jóvenes afrodescendientes, difusión de becas de educación media ofrecidas por el MEC, haciendo especial énfasis en la cuota para las personas afrodescendientes y en los departamentos donde hay mayor población afrodescendiente, o la incorporación de nuevas temáticas en las propuestas formativas del Consejo de Formación en Educación. Estas iniciativas están teniendo sus frutos, permitiendo hablar de tímidos avances en la transformación antirracista de Uruguay. “En 2011, de las becas que daba enseñanza media, únicamente 1,39 por ciento fueron para personas afro; en 2016 esta proporción aumentó a 19,02 por ciento”, explicó Graña. “Esto nos habla de que por lo menos la población afro tomó noticia de las prestaciones que existen para ayudar a estos procesos de inclusión”, añadió. Este año el Ministerio de Educación y Cultura entregó un total de 846 becas de apoyo a la enseñanza media y 11 becas “Carlos Quijano” de posgrado para estudiantes afrodescendientes. Esto equivale a 19,69 por ciento y 27,27 por ciento respectivamente del total de becas asignado. Por otro lado, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se llevó a cabo la reglamentación de una de las leyes vinculadas a la promoción de inversiones en la cual se puntúa de manera distinta a aquellos emprendimientos o proyectos que contraten a población en contexto de vulneración, como la población afrodescendiente. Asimismo en Montevideo se creó en 2017 la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes, entendida como “una herramienta clave para la irradiación del mensaje implícito contra el racismo y en favor del desarrollo pleno de la sociedad”. Una de sus primeras iniciativas fue la creación del Servicio de Orientación y Consejería en Salud Étnica, destinada a realizar tareas de prevención sobre la prevalencia de enfermedades que tengan componente étnico, concretamente la anemia falciforme, que afecta en mayor medida a la población afro. El Mes de la Afrodescendencia En otra instancia, uno de los principales aportes procedentes del Mides fue la creación del Mes de la Afrodescendencia. Esta iniciativa se lanzó en 2016 en conjunto con el Consejo Consultivo (integrado por cinco organizaciones sociales) y la Comisión de Implementación de la Ley 19.122. “Planteamos a estas organizaciones que nos parecía interesante organizar un punto en el año en el que tanto el Mides como otras instituciones del Estado, ya sea a nivel nacional como departamental, tuvieran un momento para tratar este tema”, explicó el director nacional de Promoción Sociocultural del Mides. “Lo primero es la visibilización, que la sociedad uruguaya acepte y reconozca que existe racismo en el Uruguay y que eso es lo que genera la situación de vulnerabilidad de las personas afrodescendientes. No hay otra explicación para este problema”, añadió. En esta iniciativa se han impulsado múltiples áreas de reflexión, denuncia y visibilización de la problemática afro mediante talleres, jornadas académicas, exposiciones, conciertos. Este año se ha hecho especial énfasis en la transversalidad de la discriminación, otorgando espacios singulares a colectivos Lgbti afrodescendientes o de mujeres afrodescendientes, quienes deben afrontar situaciones de vulnerabilidad incrementadas por la combinación de racismo y heteropatriarcado. En este ámbito, Graña destacó el homenaje a artistas y cultores de la cultura afro provenientes del colectivo Lgbti: reconocimiento “Pirulo Alvín”. “Fue realmente una instancia muy movilizadora porque en ella se conjugan interseccionalidades de dos poblaciones en situación de vulneración, como son aquellas personas que fueron discriminadas en el colectivo Lgbti por ser afrodescendientes y discriminadas en el colectivo afro por se Lgbti”, explicó. El Mes de la Afrodescendencia se realiza en el marco de la implementación del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes declarado por la Organización de las Naciones Unidas (Resolución Nº 68/237).