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El Uruguay feudal

Por Enrique Ortega Salinas.

No sé. No sé si todo lo que cuenta Hugo Leites, el peón de Salto, es cierto. No sé si es cierto que no le pagaban las horas extras ni sé si es cierto que ayudaba al capataz con sus tareas domiciliarias y que por aquel o este motivo lo marcó a rebencazos con la anuencia del patrón de la estancia “Flor de Ceibo”. Sucede que no me gusta opinar de un expediente judicial sin leerlo… pero hay cosas que sí sé. La agresión al peón fue el 18, la denuncia se presentó el 20 y citaron a todos a declarar para el 29, nueve días después. Sé que es tiempo suficiente para armar una nueva historia sobre lo ocurrido y dejar al peón como un delincuente o un loco suelto. La Justicia, cuando es lenta, es injusticia. Sin embargo, gracias a la presión de los uruguayos en las redes sociales y en la prensa, se adelantó la audiencia para el miércoles 27. ¿Hacía falta la alarma pública para tomar conciencia de la gravedad del hecho? ¿No era conveniente incomunicar de inmediato al capataz y al patrón y tomarles declaración de inmediato? No sé si son culpables o inocentes; pero sé que si son culpables, se les dieron todas las facilidades para demostrar lo contrario porque el tiempo es el peor enemigo de la verdad en una investigación. Sé también que de haber sido el patrón el que denunciara por agresión al peón, la audiencia hubiera sido al día siguiente y el peón estaría en un calabozo esperando la misma. No sé qué sucedió realmente, por lo que me limito a esperar la resolución judicial. Lo que me preocupa es qué tan comunes pueden ser los abusos contra la peonada en las zonas rurales. Sé que hay estancias donde todos, víctimas y victimarios, se quedaron congelados en el tiempo, ajenos a la evolución jurídica de la República. “A los peones no se les puede pagar mucho”- me decía un estanciero de Lavalleja durante el primer gobierno de Sanguinetti- “porque se gastan toda la plata en bebida”. Su lógica oligárquica me enmudeció. Los abusadores siempre encuentran un argumento que calme sus conciencias, como el violador que afirma que toda mujer, en el fondo, desea ser sometida. No es del caso del peón de Salto que les quiero hablar, sino de otros tanto o más alarmantes que el que nos tiene indignados. Me inquieta la actitud de centenares de militantes del Partido Nacional y su responsabilidad histórica frente a hechos similares. Ya. Seguramente varios lectores pensarán que me fui al carajo y el fanatismo político me torció el teclado. Veamos. Les invito a darse una recorrida por las páginas web del diario El País y Subrayado o las redes en general y comprueben cómo las opiniones de respaldo a los supuestos agresores provienen de militantes de dicho partido. El caso más notorio fue el de Ramiro Fernández, de la lista 32 (Corriente Joven) que, con relación al capataz, manifestó en un twitter: “Yo lo aplaudo, a los sindicalistas hay que reprimirlos y que se vayan a romper las bolas a Venezuela”. Debido al escándalo que provocó, la agrupación tomó distancia, pero ya antes le habían dejado pasar otro mensaje tan grave como ése: “Nosotros tenemos la mala suerte de no tener un terrorista con un camión ese día en la marcha”. Dos apologías del delito al hilo. Ahora bien, todos los partidos políticos tienen algún subnormal en sus filas (incluyo al Frente Amplio) y un caso como el de este aprendiz de facho no amerita acusar al Partido Nacional de nada; pero el problema es que no se trata de un caso aislado. En las redes, la mayoría de sus militantes se expresan en contra de la sindicalización de los trabajadores rurales, a favor de los poderosos, minimizando y hasta justificando la golpiza, repitiendo rumores de personas anónimas y criminalizando al peón. Basta con oír al contador Conrado Hughes (ex director de la OPP durante el gobierno de Lacalle) en el programa “Todas las Voces” para comprobar cómo campea en ese sector el odio de clase, la resistencia a los gremios y sindicatos y la aversión a cuánto trabajador se atreva a reclamar que se respeten sus derechos y a todo gobierno que priorice las necesidades de los más humildes. No olvidemos que el ex Presidente Luis Alberto Lacalle disolvió los Consejos de Salarios y que Luis Lacalle Pou se expresó en contra de la ley de ocho horas para los trabajadores rurales, si bien su partido la votó a regañadientes porque el costo político de negarse hubiera sido letal. En su editorial del día 28, El País vuelve contra dicha ley: “Lo que hizo la oposición en su momento, como cualquiera que haya visto algo de tierra más profunda que la maceta del balcón, es advertir que ese régimen choca con la realidad económica del agro. Donde se trabaja de acuerdo al clima y a los ciclos naturales, y donde muchas veces el personal se encuentra solo y sin supervisión de nadie que pueda comprobar la cantidad de horas efectivas trabajadas. Allí casi siempre se opera a tarea completa, cosa difícil de entender por quienes viven con la obsesión del mundo fabril del siglo XIX, y cuya visión de la realidad uruguaya se gesta en el viaje diario entre el Bar Fénix y la casa de Malvín”. A confesión de parte, relevo de pruebas. Este partido, que tiene un tercio de empresarios entre sus dirigentes y es el preferido de la oligarquía rural, está promoviendo hoy en día una flexibilización laboral similar a la instrumentada por el presidente de facto del Brasil. Es un partido al servicio de los intereses de las familias dominantes del sector rural. Poco importa si el estanciero de Salto (que habría avalado la golpiza, según el denunciante) es blanco, socialista, comunista o vegano. Si es culpable o no, ya se sabrá. Lo que debe convocar nuestra atención es cómo desde las bases, desde las raíces de este partido se promueve el desprecio hacia aquellos que se rompen el alma para producir la riqueza que ellos disfrutan. No son todos y quizá ni siquiera sean mayoría, pero son muchos. Siguen existiendo señores feudales con envidias de un lejano pasado algodonero de otras tierras. No digo que todos los grandes terratenientes sean explotadores y blancos, sino que ese partido es el que representa sus intereses más ruines y es lógico pensar que mayoritariamente lo apoyen. Digo que su retórica promueve la aparición de muchos Ramiro Fernández deseosos de un camión con chofer terrorista. Las leyes para frenar toda clase de abusos contra los trabajadores rurales están vigentes; ahora la lucha es para lograr que sean respetadas. Lo primero que necesitamos es que dichos trabajadores se animen a reclamar y denunciar. Aunque los traten de domar a rebencazos.

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