El virus de la desigualdad

Así lo expresó el informe titulado La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Esta situación de desigualdad se explica, siguiendo el informe, porque las mujeres e identidades feminizadas son las que tienen una mayor participación en aquellos sectores económicos más precarizados y con un riesgo mayor de destrucción de empleo en tiempos de crisis, como comercio, turismo, manufactura o servicio doméstico.

Los sectores en riesgo alto concentran alrededor de un 56,9% del empleo de las mujeres y un 40,6% del empleo de los hombres en América Latina.

En el Caribe, un 54,3% del empleo femenino y un 38,7% del empleo masculino se concentran en sectores en alto riesgo, revela el informe.

A esto se suma que algunos de los sectores que se encuentran en mayor riesgo también se caracterizan por altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones y bajos niveles de calificación.

“Un bajo porcentaje de mujeres en estos sectores están afiliadas o cotizan a un sistema de seguridad social: un 35,8% en el sector del comercio, un 45,4% en el sector de las manufacturas, un 25,9% en el sector del turismo y un 24,0% en el sector de los hogares como empleadores.

Además, al menos 1 de cada 3 mujeres en estos sectores es una trabajadora por cuenta propia, ocupación asociada generalmente a una menor calidad del empleo”, agrega el documento.

Por otro lado, en los sectores ubicados dentro de la “economía del cuidado”, como la salud y la educación, donde también existe una fuerte presencia de las mujeres, el riesgo no es principalmente la pérdida del puesto laboral, sino la alta exposición al virus y la precarización.

En el área de la salud, por ejemplo, las mujeres alcanzan el 73,2% del total de las personas empleadas y padecen las consecuencias de la baja inversión en el rubro, lo cual impacta directamente en sus condiciones de trabajo.

Además, en este sector continúan persistiendo las diferencias salariales, ya que los ingresos laborales de las mujeres en algunos países de la región como Panamá, Brasil, Chile y Colombia, son un cuarto menores que el de los hombres.

La Cepal también evidenció desigualdades en el área de la educación, en la que los puestos de trabajo son ocupados en un 70,4% por mujeres.

Sobre este punto, el informe explica que debido a la pandemia y al cierre de actividades presenciales en las instituciones educativas, las mujeres “tuvieron que responder a las nuevas formas de educación en muchos casos sin la posibilidad de formación o capacitación previa y sin las competencias o los recursos suficientes para poder adaptar su trabajo a las exigencias de la enseñanza a distancia y el uso de plataformas”.

En este escenario, el acceso a internet es otra de las brechas que enfrentan las mujeres en tiempos de pandemia. De acuerdo al organismo, muchas mujeres tienen, por sus bajos ingresos, dificultades para pagar el costo del servicio de banda ancha móvil y fija. “Un 39,1% de las mujeres en los hogares del primer quintil de ingresos, en promedio, no poseen ingresos propios.

Esto constituye sin duda una barrera para que muchas mujeres de la región puedan participar en la economía digital. Si estos guarismos se analizan a la luz de las posibilidades de ejercer el trabajo remunerado de forma remota, se concluye que las mujeres de menores ingresos enfrentan un doble obstáculo: la falta de autonomía económica y la brecha de acceso a Internet para el teletrabajo”.

El informe también pone de manifiesto que algunos cambios en las dinámicas de funcionamiento de las instituciones educativas recaen con más peso sobre los cuerpos de las mujeres. Un claro ejemplo es que en muchos lugares de América Latina el rol de las escuelas durante la pandemia trascendió lo educativo incorporando responsabilidades, como garantizar la alimentación de los escolares, lo que provocó que el personal asuma otras tareas en la distribución de alimentos, productos sanitarios y materiales escolares.

Otro dato que confirma el impacto negativo de la pandemia en la vida de las mujeres es la  caída del trabajo doméstico registrado. En Chile y en Colombia, cuatro de cada diez trabajadoras domésticas perdieron el empleo tras la llegada de la pandemia de covid-19.

También se observó que aquellas que conservaron el trabajo, experimentaron cambios en condiciones laborales debido al aumento de tareas derivado de las nuevas exigencias de higiene por el virus al cuidado de familiares que con el confinamiento permanecen más tiempo en el hogar.

Un pacto de igualdad

Durante una conferencia de presentación de este informe, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, explicó que, mediante los datos relevados, se busca visibilizar la problemática que transitan millones de mujeres en América Latina y el Caribe.

Asimismo, destacó la urgencia de “reforzar las políticas de empleo y asegurar a las mujeres participación en los sectores dinamizadores de la economía en condiciones de trabajo decente.

Además, enfatizó la importancia de combinar medidas en apoyo al empleo y la reactivación con medidas de atención inmediata a la pérdida de ingresos”. “Urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que estas enfrentan, de manera de fortalecer su autonomía económica”, agregó Bárcena.

Para la máxima autoridad de la Cepal, es necesario “avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad”.

“Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”.

Con respecto a la organización de los cuidados en América Latina y el Caribe, Bárcena aseguró que la pandemia “puso de manifiesto las injusticias”. “Antes de la pandemia las mujeres dedicaban a los cuidados remunerados y no remunerados tres veces más del tiempo que los hombres, y ahora con las medidas de confinamiento se han agravado estas presiones.

Por otro lado, el trabajo decente y con derechos es un motor emancipador de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo para lograr la autonomía económica de las mujeres”.

En este contexto, la Cepal sugiere invertir en infraestructuras de cuidado como forma de fomentar el crecimiento económico. “Por un lado, la inversión dinamiza la demanda interna de consumo y, con ella, el nivel de actividad. Por otro, se amplían las posibilidades de crecimiento en el largo plazo y de desarrollo en la medida que se libera tiempo de las mujeres y se profesionaliza y regula la calidad del cuidado, lo que contribuye a que los países salgan de la trampa de bajo crecimiento”.

Según el organismo, antes de la pandemia, la tasa de actividad de las mujeres era del 52% y actualmente estiman que ronda el 46%. Esta situación no solo implica una pérdida de autonomía económica, sino que también se experimenta una sobrecarga de trabajo no remunerado, ya que las mujeres les dedican más tiempo a los cuidados, así como al apoyo de tareas escolares que, debido a la pandemia, se trasladaron al hogar.

Plan de recuperación

Ante el panorama detallado, la Cepal planteó una seria de medidas en pos de la reactivación económica con énfasis en la igualdad de género:

*Ampliar el espacio fiscal y aumentar la progresividad de los sistemas tributarios como cautela de los recursos orientados a las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres.

*Reactivar sectores gravemente afectados como el comercio, el turismo y los servicios, que además de redinamizar las economías tienen un potente efecto en la recuperación del empleo de las mujeres.

*Promover medidas dirigidas a que el crecimiento de los sectores tecnológicos vaya acompañado por el aumento de la participación de las mujeres, prestando especial atención a la eliminación de las barreras de ingreso en estos sectores.

*Contemplar estrategias de reconversión laboral para las mujeres, principalmente con miras a puestos de trabajo de la economía digital y ocupaciones que respondan a las demandas de la nueva realidad.

*Prevenir la precarización de las formas de empleo atípicas y emergentes, y garantizar los derechos de las mujeres al trabajo y en el trabajo, particularmente en el empleo digital y de plataformas.

*Expandir la cobertura de la protección social para abordar la situación de las mujeres en su diversidad, evitando que el acceso a prestaciones y transferencias esté sujeto a condicionalidades.

*Reconocer los nuevos requerimientos para la plena participación en la educación y las demandas de infraestructura digital para el apoyo en las tareas educativas de niños, niñas y adolescentes.

*Promover procesos de transformación digital incluyentes, que incorporen el acceso a tecnologías digitales (canasta básica digital), que potencien las habilidades para utilizar dichas tecnologías y que reviertan las barreras socioeconómicas, mejorando las oportunidades económicas de las mujeres.

*Garantizar el acceso de las mujeres, no solo en su condición individual sino también como empresarias, a servicios y productos financieros sin que se reproduzcan sesgos de género en lo referente a evaluación de riesgo, historial crediticio, avales y garantías y tasas de interés.

*Invertir en la economía del cuidado y visibilizar sus efectos multiplicadores en términos de participación laboral de las mujeres, bienestar de la población, redistribución de ingresos y del tiempo, crecimiento de las economías y aumento de los niveles de recaudación tributaria.

*Diseñar sistemas integrales de cuidado que articulen políticas relacionadas con la distribución del tiempo, recursos, prestaciones y servicios, fomentando el principio de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, así como entre el Estado, el mercado y las familias, y que se vinculen con las políticas de salud y educación sin recargar el trabajo no remunerado de las mujeres. Garantizar la satisfacción de las necesidades y los derechos de las personas que demandan cuidados a lo largo del ciclo de vida, así como los derechos de las personas que proveen dichos cuidados, ya sea de forma no remunerada o remunerada, a través de la formalización y profesionalización y certificación de capacidades.