Emergencia agropecuaria: Medidas de gobierno amparan a los más vulnerables

Al tiempo de escribir estas líneas, se está desarrollando la “vigilia” que entre el 31 de enero y el 1º de febrero plantea concentrar productores en los márgenes de las rutas, en más de 200 puntos, para protestar contra la insuficiencia de las medidas que el gobierno ha tomado para solucionar los problemas de rentabilidad que enfrenta el conjunto de la actividad agropecuaria (con excepción de la forestación). Aún es prematuro para extraer conclusiones acerca del nivel de acatamiento que ha tenido la medida dispuesta por los “autoconvocados”, pero el escaso eco que ha tenido la misma en los grandes medios lleva a pensar que nuevamente, como sucedió en Santa Bernardina el pasado 23 de enero, la comparecencia sea menor a las expectativas de los convocantes. No obstante, varios medios de comunicación oral suspendieron ayer por la tarde su programación para emitir el himno nacional, que sería replicado por los manifestantes desde distintos puntos del país, entre otros, los poco rurales barrios de Pocitos y Carrasco y la turística Punta del Este.   Las medidas del gobierno La rápida progresión de los acontecimientos a partir del 23 de enero tuvo como principal protagonista al gobierno, que reaccionó con celeridad y diligencia a la emergencia del sector, anunciando un paquete de medidas de aplicación selectiva. Las principales son la rebaja del precio del gasoil, que alcanza una tasa de 18,3% en el caso de los productores arroceros, lecheros y hortifrutícolas, la disminución de los costos en energía eléctrica, implementando la medida de manera diferenciada de acuerdo a la escala del establecimiento y la creación del Fondo de Garantía Lechera y la congelación del precio de los arrendamientos (fundamentalmente a productores lecheros) en tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC). Las medidas fueron comunicadas a las gremiales agropecuarias el lunes 29 de enero. En la ocasión, el presidente Vázquez, acompañado por parte de su gabinete, se reunió con las principales gremiales del agro, a saber, la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural (FR), Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) y la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA). En el caso del gasoil, la anunciada rebaja de su costo comenzará a implementarse a partir del 1º de marzo, prolongándose por un año. La medida se instrumentará a través de la devolución al beneficiario del impuesto al valor agregado (IVA) para todos aquello que no tributen el impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE). Dicha devolución se hará en efectivo, sin que los productores asuman costo alguno. La determinación de los beneficiarios de esta medida se dará mediante el cruzamiento de datos entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Dirección General Impositiva (DGI) y los beneficiarios serán aproximadamente unos 5.500 productores, es decir, 90% del total. Por su parte, el Fondo de Garantía Lechero dotará al sector de 36 millones de dólares, lo que permitirá la refinanciación de las deudas de 2.800 productores. En realidad, se trata de ampliar y dar un carácter más inclusivo a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo había enviado el 4 de diciembre al Parlamento, en el que ya se establecía el fondo de garantía basado en el incremento del precio de la leche tarifada al consumo. La medida es importante, ya que el sector lechero, pese a la recesión, sigue siendo un sector rentable, siendo el tema del endeudamiento el principal problema que afronta. En la reformulación del proyecto original, también es importante que en la asignación de beneficios se tenga en cuenta principalmente a los pequeños tamberos por sobre los productores a gran escala. La rebaja de la tarifa de la energía eléctrica ya había sido implementada durante 2017, pero se extenderá en el tiempo, beneficiando a 2.800 productores. El combo de medidas se complementa con la congelación de los arrendamientos para los productores familiares lecheros instalados en predios del INC y beneficiará a 1.050 establecimientos. Las disposiciones instrumentadas por el Poder Ejecutivo tuvieron impacto inmediato en dos de las gremiales que participaron en la reunión con el presidente. Tanto la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), como los lecheros (ANPL) consideraron satisfactorias las iniciativas adoptadas por el gobierno y no convocarán a la “vigilia” decidida por los autoconvocados, independientemente de que sus afiliados queden en libertad de acción para participar o no en la misma. Mediante el paquete de medidas anunciadas, el gobierno -independientemente de su intencionalidad- quitó fuerza al empuje de los autoconvocados y fragmentó el frente de la protesta. No obstante, es preciso aclarar que lo hizo con las cartas a la vista y con un criterio correcto a la hora de separar la paja del trigo, es decir, de atender prioritariamente a aquellos sectores más afectados por la recesión. En otras palabras, se negó a medir con un rasero igualitario situaciones desiguales, lo que no sería más que incrementar las inequidades existentes en la producción rural. Por añadidura, reaccionó de manera inmediata, lo que es reconocido, por ejemplo, por Mario Buzzalino, presidente de la CNFR, que celebró “la apertura y la nueva postura que ha tenido el gobierno frente a las gremiales agropecuarias”.   El eclipse de los “autoconvocados” La eficacia y la prontitud de las medidas de gobierno desplazó a los “autoconvocados” del papel protagónico que habían jugado hasta el momento. Pero más allá de la acción gubernamental, lo que conspiró contra ese incipiente movimiento fue, desde el arranque, sus íntimas contradicciones, la carencia de una espalda política lúcida y coherente y la falta de figuras representativas en su conducción. En cuanto a lo primero, los sectores involucrados en la movida son, en su mayoría, los directamente beneficiados por el ciclo expansivo de la economía, que se hicieron fuertes en esas circunstancias, pero que no son capaces de resistir la reversión del proceso. Son, en su mayoría, sectores fuertes económicamente, pero débiles en materia financiera y organizativa. Su heterogeneidad es un problema insalvable, ya que carecen de la vertebración que tienen otros segmentos que no participaron de la misma manera de los beneficios de una bonanza que se prolongó por más de una década, pero que se dotaron de herramientas para sobrevivir. Tal es el caso de los productores familiares, de los arrendatarios del INC o de los tamberos, sectores a los que, no obstante su homogeneidad y organización, les costó mucho sobrevivir aun en períodos de auge. Tampoco se sienten representados por las grandes gremiales agropecuarias, que han consolidado su posición de privilegio con la optimización de las condiciones de intercambio y con la concentración de la tierra y el capital. Por su parte, los asalariados, que numéricamente son la mayoría absoluta de la población rural, nada tienen que ver con esa convocatoria. Es más, saben que son la primera variable de ajuste en la medida que la situación empeore. Esa composición contradictoria se reflejó en la plataforma de Santa Bernardina, que luego de hacer un diagnóstico compartible de la situación de la cadena agropecuaria, en el capítulo referido a los considerandos se dislocó en medidas contradictorias, para culminar en una plataforma reivindicativa que se puede resumir en el pedido de austeridad en los gastos del Estado. Un reclamo perfectamente asimilable por el gobierno, pero que se volvió un boomerang, ya que se demostró que el incremento de los cargos de confianza y designaciones a dedo fue cinco veces mayor en las intendencias controladas por la oposición que en el gobierno central.   Los oportunistas esperan su turno Esa consideración lleva al segundo punto, a saber, la carencia de espalda política del movimiento. Es elocuente al respecto un audio de WhatsApp que se ha viralizado en las redes, en el que se escucha la voz del dirigente del Movimiento Nacional Orejanos, Juan Ramírez Saravia, quien critica la táctica usada por los autoconvocados y llama a tomar medidas radicales, como volcar la leche en avenida Agraciada o traer en camiones 10.000 ovejas y hacerlas corretear por todo Montevideo. Más allá de los exabruptos que contiene el discurso de Ramírez, posee una lógica interna que lo diferencia de la conducción de los autoconvocados. La misma estriba en que la lucha no es por la austeridad en los gastos del Estado o por un modelo alternativo para la agropecuaria, sino que se trata de una embestida contra el gobierno. En el final del mensaje, se formula de manera explícita su diagnóstico de situación: “[…] el gobierno espera parado para arrancarte la cabeza. Cuando le rompa la cabeza a los autoconvocados, desnucó al Partido Nacional”. Las medidas propuestas por Ramírez Saravia recuerdan al levantamiento agrario en Argentina cuando Néstor Kirchner pretendió implantar retenciones a la exportación de granos. Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales entre aquella movida y esta. La primera es que las grandes gremiales agropecuarias argentinas lograron crear, a través de lo que llamaron “mesa de enlace”, una estructura piramidal que incluyó a las pequeñas gremiales. La segunda es que aquella rebelión no sólo estuvo respaldada por toda la oposición, sino por los propios aliados del gobierno (los llamados “radicales K”). Aquí es radicalmente diferente y el mensaje de Ramírez no hace sino confirmar lo sabido: el divorcio entre los autoconvocados y la oposición política. En definitiva, si de una confrontación se tratara (que no lo es, entre otras cosas porque tampoco hay voluntad política de que así sea), podríamos decir que el gobierno obtuvo una victoria parcial y que el movimiento de autoconvocados, que en una quincena logró una acumulación inesperada y nada desdeñable, comienza a desacumular como eje de los reclamos de parte de los productores agropecuarios. Sin embargo, con eso no se despeja el panorama. La crisis en el sector continuará y previsiblemente se profundizará. Hasta el momento -en el acierto o en el error- la dirección de los autoconvocados se ha conducido de manera impecable, no sólo en cuanto a la naturaleza de sus reclamos, sino también en la forma en que los expresó. Hoy por hoy, podríamos decir que su representatividad sobrepasa su grado de convocatoria. Pero también el desamparo político en el que se encuentra la hace proclive a caer en manos de oportunistas y aventureros como el que aludimos, con las incertidumbres que ello implica. En cuanto a las disposiciones del gobierno, probablemente sean insuficientes, pero llegaron a tiempo, diferenciaron situaciones, segmentos y necesidades, y complementariamente beneficiaron a los más amenazados por la emergencia.