Luego de que se produjera la muerte, el pasado 20 de febrero en Maldonado, de una joven de 21 años como consecuencia de un aborto ilegal, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) denunció una falta de información y de responsabilidad de las autoridades y los profesionales respecto al tema.
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Desde esa organización María Eugenia Casanova dijo a Caras y Caretas Portal que en ese departamento se intenta desestimular a las mujeres que desean abortar.
“Ya en Maldonado teníamos el antecedente de un caso de procesamiento con prisión de una mujer que había abortado el año pasado. Al igual que en otros departamentos que hemos monitoreado existe una falta de información hacia las usuarias de cuáles son sus derechos respecto al acceso al aborto, dónde están las prestaciones, cuáles son los pasos. Eso es una base fértil para la vulneración de derechos”, expresó.
Según Casanova, frente al desconocimiento de las usuarias “varios profesionales con fines de desestimular la práctica se valen de esa desinformación”.
“Demoras innecesarias, consultas que no tendrían que haber sido, derivaciones incorrectas, forman parte de una intención de dilatar los tiempos, lo cual es peligrosísimo pues estamos hablando de plazos muy reducidos (12 semanas)”, dijo y añadió: “Si desde los servicios de salud existe una dilatación del tiempo se corre el riesgo, como identificamos casos, de que se venzan los plazos. Y eso es error de los servicios, no de las usuarias”.
En ese sentido expuso: “Pasa, por ejemplo, que las mujeres van a ecografía y le dan para el mes que viene y claro no son esos los tiempos. Pero si van con un coordinador del servicio con ella, que existe, es quien debe decir: ‘Tenés que darle para mañana porque esto es para IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)’”.
“Lo que nos llama la atención de el caso de Maldonado es que los servicios de aborto de los distintos prestadores de salud no han servido de referencia para estas mujeres que han transitado por un embarazo no deseado y no han sabido dar respuesta a tiempo a este requerimiento”, agregó.
Las autoridades y los profesionales, según Casanova, “argumentan que ya se conocen los derechos, que ya no es necesario difundir más información, luego encontramos que hay mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado y no saben a dónde acudir”.
Casanova informó a este medio que en entrevistas con el personal de salud se identificaron malas prácticas dirigidas al desestimular a las mujeres que abortan. “También ocurre que como son numerosos los pasos a seguir en estos casos la mujer se pierde dentro del sistema”.
Este sería el segundo caso de muerte de aborto clandestino desde luego del nuevo marco legal. “Esto pone al descubierto las fallas no sólo de la ley, los servicios y las prácticas profesiones, sino también las de la implementación de la política pública en este sentido”, dijo la integrante de MYSU.
A raíz del fallecimiento de la joven varias organizaciones provida fustigaron la legalización de la práctica y afirmaron que “la supuesta eliminación de los abortos clandestinos y de la mortalidad materna por esta causa- no son reales ni coinciden con lo observado en los hechos, como siempre hemos sostenido”.
Casanova retrucó que “la muerte de una mujer por cuestiones de aborto da cuenta que se tienen que mejorar los servicios, que se tiene que modificar el marco legal en tanto las barreras que impone para el acceso. Ese es el nudo para evitar estas muertes, no en sacar la única ley que tenemos. Está comprobado que el aborto ilegal aumenta las muertes maternas”.
El Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU trabaja desde 1996 en el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva.