Entre el corralito y el corralón

Por Isabel Prieto Fernández Si la cosa venía complicada para que el usuario realizara el cambio de prestador de salud y tuviera libertad de elegir cuando precisara atención sanitaria, ahora no se sabe qué pasará, porque desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se anunció que para febrero de 2018 se eliminaba la movilidad regulada, pero aún no hay decreto que respalde lo planteado. Atrás, muy atrás en el tiempo, quedó la época en que si no se estaba conforme con la atención médica de una mutualista, se podía optar por otra. Antes del Fonasa era simple: borrarse de donde no se quisiera estar más y anotarse en la que se elegía. No había misterio, si no fuera porque en otro período comenzaron a aparecer en los alrededores del Banco de Previsión Social (BPS) personas ofreciendo dinero por afiliarse a una mutualista. Para entender mejor: había gente que se ganaba su vida haciendo socios, trabajaban para una o varias mutualistas y ofrecían sus servicios con la información adecuada. Pero había otros que hacían trampa. A estos otros que se paraban en la puerta del BPS, acosando a cuanto transeúnte pasaba por ahí ofreciendo dinero a cambio de la afiliación, no se les podía catalogar de vendedores porque en realidad eran intermediarios de dudosa procedencia y, por supuesto, pagados por la propia mutualista que ofrecían. Eso terminó siendo un engaño, porque no se sabía nada de los servicios que la sociedad médica brindaba y la transacción comercial estaba en total infracción. Obviamente que los nuevos socios solían ser ciudadanos con aprietos económicos cuya prioridad no estaba en la calidad de un servicio -seguramente creían que no precisarían la atención médica en años porque cuando las necesidades son muy acuciantes muchos no piensan en la salud sino en el estómago-. La intermediación lucrativa se convirtió en un delito penado por la ley y luego de implementarse el Sistema Nacional de Salud, esa estafa consistió en cobrar las cápitas que el Estado aporta a las mutualistas por cada socio en actividad. Corralito veraniego y corralón propuesto En febrero pasado, esta infracción de la ley penal tomó estado público y alcanzó ribetes mediáticos. En esa ocasión funcionarios de algunas mutualistas aparecieron comprometidos en ingeniosas operativas que parecían haber causado un daño de varios millones de dólares al estado. El presidente Tabaré Vázquez quitó trascendencia al episodio, declarando en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en San Luis que ni la estafa era tan cuantiosa ni los involucrados era tantos. Sin embargo, diez meses después, el Ministerio de Salud Pública alarmado por la posibilidad que estos hechos se pudieran volver a repetir en este verano, adoptó la decisión de suspender el corralito y proceder a aplicar una operativa que sin duda recorta derechos de los ciudadanos, pero que impedirían, al menos momentáneamente, la perpetración de este delito Suspendido el corralito, los usuarios no podrán cambiarse de mutualista salvo que realicen un complejo trámite ante la Junta Nacional de Salud. Para hacerlo se podrán invocar tres causas ( presentando la documentación correspondiente ante el BPS y la Junta Nacional de Salud -Junasa-): cambio de domicilio, problemas con la institución médica y problemas económicos. En este último caso, se puede pasar al prestador público ASSE en cualquier momento del año. Desde que el corralito se puso en funcionamiento, la cantidad de gente dispuesta a cambiarse de mutualista no llegó a 5% de los afiliados. Más allá de que febrero no es el mes ideal para semejante trámite (vacaciones, carnaval y el etcétera que tenga al ocio como prioridad), lo cierto es que se considera que el motivo fundamental para no hacer innovaciones es que las personas están conformes con la asistencia que brinda el prestador y, sobre todo, la relación médico-paciente, que, si es buena y duradera, representa un arraigo difícil de romper. ¿Qué ocurre entonces? El Ministerio de Salud Pública y la Federación de Trabajadores de la Salud alegan que las instituciones gastan en publicidad y promotores lo que pueden invertir en otras áreas y, encima, las mutualistas más pequeñas siempre quedan rezagadas. Ambos afirman que la competencia debe pasar por la calidad asistencial y eso sólo lo puede garantizar el control estricto del MSP en su función de policía sanitaria. Y, justo es decirlo, hay muchas críticas al cumplimiento de esta función. Guste o no guste el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, ya anunció que este año no habrá corralito. El Sindicato Médico del Uruguay y algunas mutualistas, los editoriales de algunos grandes medios de comunicación y algunos legisladores opositores pusieron el grito en el cielo. Ellos consideran que se corta la libertad del ciudadano de poder elegir dónde atenderse, ya que, si se pretende cambiar de prestador, se tendrá que exponer uno de los tres motivos descritos más arriba para el resto del año. Un comunicado emitido por el SMU es lapidario, condenando “enérgicamente la intermediación lucrativa y las maniobras fraudulentas que involucran a usuarios del sistema”. Indica que “la salud es un derecho, no una mercancía, y menos aun una herramienta para el delito”. Ese sindicato asegura tener “la convicción de que se debería eliminar el ‘corralito mutual’ en pos de la libertad de elección del usuario de asistirse donde lo desee, y optar por cambiar de prestador durante todo el año, en línea opuesta a lo propuesto por el MSP, aunque esta disposición sea transitoria”, sostiene. La Unión de Mutualistas del Uruguay, (UMU) que integran la Asociación Española, GREMCA y Casa de Galicia, también ataca fuertemente la intermediación lucrativa, pero en este caso comprende y hasta comparte la medida de suspender el corralito adoptada por una situación de excepcionalidad y se ofrece para colaborar en la transparencia del sistema y en el combate al delito y que garanticen la total y verdadera libertad del usuario, la estabilidad financiera del sistema y el efectivo control de las personas y entidades que utilicen directa o indirectamente la intermediación lucrativa como forma de captación de afiliados Todos, usuarios, instituciones y personal de la salud coinciden en que el corralito no es lo más adecuado. El propio MSP está de acuerdo porque tiene que cortar con una actividad ilegal. Pero este propósito no ha resultado fácil porque se sospecha que hay una verdadera organización delictiva que cuenta con complicidades en el sector privado. Por ese lado se puede entender este febrero sin chances de pase. Lo que no se comprende es que no se hable claro, porque el silencio se confunde con cierta improvisación. Caras y Caretas se comunicó con el presidente de la Junasa, Arturo Echeverría nos dijo que no haría manifestaciones al respecto, que aún no estaba el decreto y que se seguía avanzando. Pero se negó a decir hacia dónde; habría que saber también por qué se toma esta medida sobre la hora y qué se ha hecho todos estos meses para prevenir lo que inevitablemente tenía que suceder. Algunos actores han sugerido la implantación de un sistema informático que permite trazar la historia de su pasaje por el sistema para evitar transgresiones que permitan sospechar conductas ilegales. También se dice que el sistema informático de BPS y la información radicada en la Junasa permitirían esta operación. Pero como no hay decreto, eso está todavía por ser informatizado, y mientras no haya decreto, todo está por verse.