Ernesto Murro: El 1° de Mayo es una fecha “a mantener, defender y promover”

Además, afirmó que las instancias de negociación en los Consejos de Salarios representan “una política que impulsa y defiende este gobierno” y que gracias a ellos “se determina la principal fuente de ingresos de la población del país, que son los salarios y las pasividades”. Murro dijo a Caras y Caretas que es partidario de “reformas periódicas” al sistema de seguridad social y remarcó las permanentes transformaciones que se han realizado al sistema de gestión de la cartera.   ¿Qué mensaje tiene el ministerio para los trabajadores con motivo del 1° de Mayo? Primero, destacar la importancia que la fecha tiene en Uruguay, a diferencia de otros países. Lo fue siempre, aun durante la dictadura, cuando se quiso cambiar la fecha. Es un acto importante para el país, como los actos del 8 de marzo, el del 20 de mayo o las fechas patrias. Si lo comparamos con Estados Unidos, el país de origen de la fecha, es poco entendible que allí no se conmemore. O lo que sucede en otros países, donde es más un día de fiesta que un día de reflexión, de análisis o de lucha. Tenemos que estar orgullosos de la importancia que le damos, y en el ministerio nos estamos preparando. No sólo para asistir al acto y escuchar a los trabajadores, sino también estamos preparando nuestra cadena de radio y televisión para ese día. Es de las cosas que tenemos que mantener, defender y promover.   ¿Y hay alguna iniciativa que se vaya a presentar en estos días? En los próximos días estaremos presentando a la consideración  de empresarios y trabajadores dos proyectos de ley, uno de los cuales tiene que ver con la inserción laboral de personas con discapacidad -sustitutivo del aprobado en Diputados-, y el otro referido a la creación de un Fondo de Garantías Laborales e Insolvencia Patronal. También estaremos presentando reformas a la Ley de Empleo Juvenil y algunas modificaciones a la Ley de Seguro de Paro, para que pueda contribuir al aumento del empleo.   La fecha tiene como telón de fondo las negociaciones salariales, que son las más grandes de la historia del país. ¿Qué análisis hace? Son las más grandes porque así lo hemos promovido. No sólo se reúnen 227 grupos de negociación del sector privado, sino que se agrega la discusión de los públicos por la Rendición de Cuentas y además hay sectores como ASSE y la educación que tienen que discutir nuevos convenios. Ambos sectores atienden dos políticas sociales y humanas fundamentales. También hemos ampliado los ámbitos de negociación. Durante la dictadura y entre la década de los 90 y 2005 no hubo casi negociación colectiva en Uruguay. Hoy para los jóvenes es un hecho que hay Consejos de Salarios y los trabajadores y las empresas están atentos a ello. Y cuando no hay Consejos no sólo se perjudican los trabajadores y las empresas, sino también los jubilados. Uruguay es uno de cinco países en el mundo donde las pasividades se ajustan en función de los salarios. En la mayoría se ajusta por los precios o por resoluciones de los gobiernos. Fue muy bueno cuando en 1989 promovimos un plebiscito -que votó 82% de la población- que estableció que las jubilaciones se ajustan por los salarios. El mecanismo de los Consejos es una instancia democrática en la que las partes -empresarios, gobierno y trabajadores- resuelven por unanimidad o mayoría y lo que deciden se convierte en ley. Y eso determina la principal fuente de ingresos de la población del país, que son los salarios y las pasividades. Por eso es tan importante la negociación colectiva. Esa es una política que impulsa y defiende este gobierno, ya que, además, se negocian las licencias por enfermedad, la existencia o no de guarderías en los lugares de trabajo o cómo avanzamos en la igualdad de derechos para las mujeres o en la capacitación de trabajadores y empresarios. También el acceso a una mejor alimentación; no hay que olvidar que Uruguay está teniendo un problema importante de obesidad. Se negocian muchas cosas y eso importa no solamente al trabajador, sino que impacta en la vida de su familia y en el país.   ¿Convenios a qué plazos se van a promover? Estamos planteando que superen la instancia electoral y que permitan al próximo gobierno -que esperamos que también sea nuestro- que tenga unos meses para definir sus políticas. Por eso hablamos de dos años para los que negocian desde el 1° de julio y de dos años y medio para los que lo hacen con retroactividad al 1° de enero y el 1° de febrero. Ya hay 15 grupos negociando con convenios vencidos; la gran tanda -175- la tendremos en julio y allí también tendremos la negociación del sector público por la Rendición de Cuentas.   ¿Se prevé mucha conflictividad? El conflicto es una realidad. Pobres las sociedades que no tienen conflictos. Hacen a la esencia de la democracia, por eso valoramos tanto la tarea de los funcionarios del ministerio. Acá vienen dos partes con intereses más o menos enfrentados y enojados y la función del ministerio es la mediación, la búsqueda de acuerdos. Muchas veces hacen de psicólogos y de terapeutas y estamos muy satisfechos con su labor. Estamos hablando de la vida de la gente y por eso celebramos la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y los policías para compensar las horas de trabajo nocturno. Uruguay es de los pocos países del mundo donde se reconoce y negocia con los sindicados policiales. No hay obligación de la OIT, sin embargo, Uruguay negocia, así como hemos negociado con los militares la reforma de la Caja Militar. También esta semana se firmó una modificación del convenio de los judiciales, el que deberá ser refrendado por el Parlamento. Uruguay es los pocos países en los que se negocia con el Poder Judicial. Ahí hubo un trabajo democrático del sindicato para llegar a este acuerdo, el cual implicó un plebiscito y significará una erogación de 50 millones de dólares que recibirán 3.000 funcionarios en dos años, junto a mejoras en licencias y servicios médicos. Eso va a mejorar el relacionamiento de los tres poderes del Estado, que había sido afectado por este conflicto. A otro nivel, estamos a la espera de la firma de un convenio entre el Congreso Nacional de Intendentes y la Federación Nacional de Municipales, que está en etapa de borrador. Sería la primera vez en la historia que existiría un gran convenio marco. Desde otros países nos han pedido asesoramiento en materia de negociación, a la vista de estos convenios que se están desarrollando. Nos han llamado de Colombia para pedirnos apoyo.   ¿Cómo incide el incremento de la desocupación en la negociación salarial? En Uruguay hay 1.640.000 personas trabajando y 140.000 desocupados. Nos duele, nos preocupa y nos ocupa, ya que como gobernantes no podemos perder nuestra calidad de seres humanos. Este es un tema que nos debe sensibilizar. Nosotros decimos que no hay una relación mecánica entre aumento de salarios y aumento del desempleo. Salario y jubilaciones son las principales fuentes de ingreso del país y eso se ve en pueblos y ciudades, por ejemplo, cuando se pagan pasividades. También pueden incidir los costos comparados con otros países. Uruguay tiene que competir con Paraguay, donde hay menos derechos sindicales y laborales y menos salarios; tiene que competir con Argentina y Brasil donde se están reduciendo derechos laborales. Pero Uruguay ofrece otras condiciones: la calidad de su gente, la seguridad jurídica, la democracia, la institucionalidad, las garantías a las inversiones. Es cierto que estamos con un leve deterioro del empleo y en una revolución tecnológica. En todas ellas hubo al principio deterioro del empleo, puede estar sucediendo ahora, pero luego aumenta. Y tenemos que seguir trabajando para revertir la caída de la inversión que se está registrando, así como para adaptar las nuevas formas de trabajo. Recientemente Uruguay fue reconocido por la forma como reglamentó el trabajo de Uber y hay que seguir avanzando para velar por el trabajo en el transporte. Y no todas son malas noticias: en los últimos años cadenas internacionales de hoteles como Hilton, Hyatt, Wyndham, Aloft, Pestana, Dassler, no sólo se han instalado en Punta del Este, sino también en Colonia, Rivera, Almirón, Río Branco y Montevideo. Esto es confianza de las grandes empresas y trabajo para los uruguayos. Este año se va a inaugurar el Antel Arena. Sentimos orgullo y satisfacción cuando al principio de este gobierno y con el respaldo del presidente de la República colaboramos para que se terminara la construcción. Como sucedió con el Centro de Convenciones de Punta del Este. Este ministerio ha informado favorablemente en relación a la aprobación de un TLC con Chile porque contiene cláusulas laborales y de género que son favorables para los trabajadores. No hay que ir a cualquier acuerdo comercial, pero si garantizan la viabilidad del trabajo y de pequeñas empresas, deben ser aprobados.   En materia de accidentes trabajo, ¿cómo diría que se encuentran hoy los niveles de Uruguay? En eso se ha mejorado mucho y hay que seguir mejorando. La estadística oficial marca que si comparamos 2014 con 2017, tenemos una disminución de 10.000 accidentes laborales, ya que bajamos de 41.000 a 31.000 en todos los sectores. Es consecuencia de múltiples medidas que se han adoptado en forma conjunta en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del que forman parte numerosos actores. Allí se han elaborado normas, proyectos de ley, decretos, que surgen de él, en el que funcionan 13 comisiones sectoriales. En algunos sectores estamos promoviendo la capacitación obligatoria. También ha influido la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Hay que seguir trabajando. También han decrecido los accidentes fatales. Hay que trabajar en el sector rural, en el sector público, en el doméstico. Hay un desafío que es actualizar la Ley 5.032, del año 1914, que es la que rige actualmente.   ¿Qué opina de las propuestas de reforma de la seguridad social que se han realizado últimamente? Nosotros somos partidarios de las reformas periódicas. El mundo cambia, las expectativas de vida, el trabajo. Hoy los jóvenes ya no quieren estar mucho tiempo en el mismo empleo, antes era diferente. Hoy tenemos que ver cómo en seguridad social reformamos, por ejemplo, la Caja Militar. Es impostergable, pero no se puede entreverar con la batalla por verdad y justicia. También se debe aprobar el impuesto a las altas pasividades militares. En 2009 hicimos una reforma que permitió la jubilación de 60.000 mujeres, 30.000 de las cuales nunca se iban a jubilar. Se bajaron de 35 a 30 los años de trabajo, que era muy alto. Aprobamos la “ley de cincuentones” y eso es reconocer, 22 años después, que lo que se había dicho a la gente no era cierto, que iba a tener dos jubilaciones o que iba a cobrar 125% del salario. También se les han dado derechos a los pequeños empresarios; antes no tenían derecho a la salud, licencia por paternidad o maternidad, pero desde los gobiernos del Frente Amplio comenzaron a tenerlos. Y también a los productores rurales; un necesario subsidio de 390 millones de dólares anuales hace que puedan tener ellos y su familia derechos de seguridad social. También hemos mejorado el acceso de los pasivos a la salud, de las personas con discapacidad, de 50.000 mujeres que son esposas o concubinas. Y tenemos que seguir mejorando y seguir cambiando.   Internamente, ¿qué se ha hecho en el ministerio? Nos hemos ocupado de mejorar la gestión. Se ha mejorado en términos edilicios y en materia de condiciones laborales. En 2015 todavía había oficinas sin computadoras. Hoy el MTSS está en los primeros lugares de la administración pública en materia de expedientes electrónicos. Hace pocos días 5.000 empresas entraron en planilla de trabajo unificado, lo que es un cambio revolucionario. Esto es una gran ventaja para las empresas. Hemos tenido múltiples apoyos para llevarlo adelante. Y todo lo estamos haciendo, además, con el apoyo de los dos sindicatos del MTSS, el de funcionarios y el de inspectores.