¿ Cómo ha venido funcionando el equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en esta tercera administración del Frente Amplio? Lo primero que yo destacaría es su pluralidad en lo social, en lo político y en lo profesional. Es un equipo que se reúne casi todos los lunes para analizar todos los temas de gobierno y del ministerio. Por ejemplo, en estos casi dos años y medio de gestión tuvimos que encarar, por distintas razones, la sustitución del subsecretario y del director nacional de Trabajo, los queridos compañeros Julio Baráibar y Juan Castillo, así como enfrentar otras situaciones complejas y difíciles. Todo eso se pudo hacer colectivamente, sin contradicciones. Lo otro importante es la definición de un ministerio para los trabajadores y para los empresarios, incorporando referentes del sector empresarial en el equipo ministerial junto a exdirigentes sindicales. Por ejemplo, Cristina Fernández, gerente general de CITA y delegada a ocho Consejos de Salarios por el sector empresarial; y Fernando Figueredo, que fuera presidente de la Cámara de Alimentación y de Fabricantes de Pastas e integrante por años de la representación empresarial en el Banco de Previsión Social [BPS], lugar que tuve el gusto y el honor de presidir durante diez años, habiendo trabajado trece años más en representación de los trabajadores. ¿Cómo evalúa el Poder Ejecutivo (PE) el paro general recientemente realizado por el Pit-Cnt, en el cual los dirigentes afirmaron que había un cerrojo en las negociaciones del sector público? ¿Es esto así? El paro es una acción y un momento de reflexión para todos, no sólo para los trabajadores. Hubiéramos querido no llegar a esa situación. Pero es la que se dio y hay que encararla. Del mismo modo que escuchamos y atendemos los planteos empresariales, también lo hacemos ante un paro general. Siempre se puede y se debe perfeccionar y mejorar lo que existe. Nosotros no creemos que exista el 100%, creemos que hay que valorar lo que se tiene, lo que se ha hecho, y seguir en el diálogo y la negociación, construyendo un futuro mejor. Por ejemplo, en la negociación del sector público, que es uno de los motivos del paro general, estamos en el momento de la historia de Uruguay de mayor negociación en ese grupo. Y lamentablemente para América Latina somos casi el único país donde hay negociación en el sector público. Dicho esto con todo respeto, en Chile hay prohibiciones de organización y acción de los sindicatos públicos. La reforma laboral de Brasil los hace retroceder dos siglos. Acá creemos y actuamos tratando siempre de mejorar, recordando que hace muy poco estuvimos 15 años casi sin negociación colectiva en Uruguay, en democracia. Sólo la lograba 20% de los trabajadores. ¿Avanza el número de negociaciones colectivas o se deteriora? La negociación colectiva avanza y se fortalece. Por ejemplo, Uruguay es de los pocos países del mundo donde llevamos cuatro convenios de Consejos de Salarios para las trabajadoras domésticas. El 95% de los Consejos de Salarios del segundo semestre de 2016 tuvieron acuerdos entre empresarios y trabajadores. Y 100% de los del primer semestre de 2017. En 2016 tuvimos que hacer un solo decreto de salarios que fue para el sector rural, porque la Asociación Rural y la Federación Rural se negaron invariablemente a negociar, y este es un sector de trabajadores sistemáticamente vulnerable y postergado en sus legítimos intereses. Hemos visto el cierre de empresas como Fripur, Fanapel, La Spezia, Molinos y otras bastante emblemáticas. ¿Hay una inversión de importancia en Uruguay que compense estas situaciones? Es cierto que algunas empresas conocidas han cerrado. Es cierto que permanentemente tenemos que ocuparnos en mejorar la cantidad y calidad del empleo. Es cierto que también hay una serie de hechos que muestran avances y perspectivas positivas. El grupo japonés que adquirió el frigorífico inglés de Durazno –destacando que Japón es el país que más calidad exige en el mundo en la carne y mejor la paga– compra la empresa de mayor cantidad y calidad del país en el rubro. El inicio de obras de la planta de Nestlé, cercana al aeropuerto, nos trae una empresa alimenticia de primer porte y nivel mundial, que hasta ahora sólo elegía potencias regionales para instalarse. Se inició la fabricación de la primera draga por parte de la empresa IHC, holandesa, que fabrica siete de cada diez dragas del total que se produce en el mundo, y que por otra parte es un buen ejemplo porque hizo un convenio con la Untmra, el sindicato metalúrgico, antes de comenzar su producción. Eso no es todo; además, anuncia que Uruguay será la base de su trabajo para los países de todo el Cono Sur. Otro ejemplo es la empresa San Miguel, primera exportadora de limones del mundo, argentina, que se desarrolla hoy en Young, Villa Rodríguez y Bella Unión; o la va venta y continuidad de producción de Weyerhaeuser, comprada por un grupo inversor internacional en Tacuarembó. Con esto tratamos de ejemplificar el desarrollo producido en distintos lugares de Uruguay –no sólo en la capital, como antes– y el reconocimiento explícito de estas empresas hacia el país, el gobierno, los trabajadores, las condiciones de seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica. Esto se puede constatar en los respectivos discursos de los empresarios pronunciados durante los actos de puesta en marcha. Impactó especialmente el caso Fripur. ¿Qué soluciones se han implementado? Se habló mucho del cierre de Fripur y se habló muy poco de las acciones que se tomaron para atenuar el efecto de una decisión empresaria, y del hecho de que una de las principales empresas de pesca canadiense ya esté trabajando en el país, en esa locación, que ya pone cuatro barcos pesqueros en funcionamiento. Se atendieron con diversas medidas las situaciones laborales de quienes perdieron sus empleos, que eran mayoritariamente mujeres que venían trabajando en condiciones con muchas dificultades. Y seguimos en la tarea con los trabajadores, tratando de hacer más. Otros ejemplos de estos últimos días: fuimos a Melo y estaba planteada la desocupación de 140 trabajadores del frigorífico Pul. Al otro día se resolvió y siguen trabajando. Se habló de los 1.000 despidos en Tienda Inglesa, que ocuparon todos los titulares de los grandes diarios. Se logró un acuerdo y siguen trabajando. Tuvimos que intervenir junto al ministro Tabaré Aguerre desde un sábado a la noche al domingo en un conflicto del Transporte Lácteo [Trale]. Se resolvió y los tres trabajadores de Nuevo Berlín continúan trabajando. En estas horas, un nuevo acuerdo en Conaprole permite avanzar en una mejora de calidad del envasado de productos lácteos. En el sector citrícola tuvimos conflictos en Young (por incendio de una planta), Salto y Paysandú. También estos problemas fueron resueltos. Todo esto nos refuerza la necesidad de seguir profundizando el diálogo y la negociación entre empresarios, trabajadores y gobierno. Una esencia uruguaya. ¿Qué actitudes han tendido la Confederación de Cámaras Empresariales, que preside el ingeniero Diego Balestra, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) al respecto? Lo que estamos haciendo es informar a todas las cámaras empresariales de las propuestas surgidas de los diálogos con los presidentes de las cámaras de comercio y de industria y el presidente y el secretario general del Pit-Cnt. De ahí surgieron las propuestas de setiembre de 2016 y marzo de 2017, que son complementarias y refieren a la prevención de conflictos, a la queja en OIT [Organización Internacional del Trabajo], que se ha suspendido por acuerdo de todas las partes. Lo que buscamos es abrir la discusión, transparentarla, democratizarla, porque el tener un mecanismo de prevención de conflictos es necesario. Es imprescindible para el desarrollo del país. Sabemos que hay sectores que con este gobierno no quieren lograr ningún acuerdo aunque estén de acuerdo y los beneficie. Por eso queremos la más amplia y plural discusión. Y nos consta que hay actores dispuestos a construir en este camino. ¿Cómo evalúa el proyecto de ley que refiere a la situación de los llamados “cincuentones” y su relación con las AFAP? Creemos que el proyecto de ley presentado es muy bueno. Resuelve la situación de los “cincuentones” y genera recursos para el país. Ante un reclamo justo, como lo definió el presidente de la República, los que no votamos la ley que creó el perjuicio teníamos que promover una solución. Veinte años después de que la ley se pusiera en vigencia, se comprueba que las expectativas generadas no se cumplen. Esperemos que el Parlamento nacional resuelva rápidamente para que este colectivo pueda empezar a ser atendido por el BPS. Por otra parte se garantiza que los dineros vuelven al BPS luego de la administración del fideicomiso, con seguridad y en plazos razonables. Este es un logro de este gobierno, que cumple lo que se ha comprometido. Paralelamente, el presidente resolvió crear un grupo interministerial para recopilar y analizar diagnósticos y propuestas sobre el sistema de seguridad social con el objetivo de generar insumos para el próximo gobierno. El 2 de octubre se unificarán las planillas y nóminas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el BPS que deben presentar las empresas. ¿Qué significación le atribuye? Esto será un hecho trascendental si podemos concretarlo satisfactoria y progresivamente desde el próximo 2 de octubre. Este mismo viernes hacemos una nueva reunión conjunta entre el MTSS y el BPS para llevar adelante este proyecto. El sábado 5 de agosto, en el Congreso de Contadores, haremos la primera presentación pública de este mecanismo. Esto significa que entre el 2 de octubre y 2019, gradualmente, todas las empresas presentarán una sola documentación en BPS, incluyendo la información de la Planilla de Trabajo del MTSS y agregando más información, más segura, más fácil y de menor costo para las empresas, además de mayores garantías de información para los trabajadores, transparencia y colectivización de datos necesarios para diagnósticos y propuestas. Hay un plebiscito en marcha contra los impuestos a las jubilaciones. ¿Puede dar una opinión al respecto? Nosotros como ministerio no tenemos conocimiento de que haya asociación de jubilados alguna que impulse este tipo de plebiscito. A mí me llama mucho la atención que dentro de que los impulsores que sí se conocen haya notorios dirigentes del Partido Nacional, militares vinculados con la dictadura y dirigentes de Unidad Popular. El presidente de Brasil, Michel Temer, además de congelar el gasto público por 20 años (sin tocar las ganancias privadas), aprobó una reforma laboral que nos retrotrae a la normativa vigente antes de la Revolución Industrial. ¿Qué reflexión le merece y cómo ha visto la repercusión de este hecho en Uruguay? Independientemente de la opinión que tenemos, que la tenemos, sobre el proceso de Brasil con Dilma, con Lula, con Temer, no es coincidencia que con este gobierno se apruebe una reforma laboral que hace retroceder dos siglos los derechos de los trabajadores en ese país: la jornada de 12 horas, el priorizar el acuerdo individual entre trabajador y empresario por encima de las leyes y la negociación colectiva, el perjuicio a las trabajadoras embarazadas, entre otros cambios. Entonces podemos preguntarnos cuál es el objeto de las campañas contra Lula y contra Dilma. Debemos agregar que también está prevista una reforma en la seguridad social. ¿Cómo evalúa, además de los varios temas que tiene en carpeta, su gestión como ministro, luego de tantos años militando y luego de presidir el BPS por diez años? Nos reconforta la cantidad creciente de convenios recientemente aprobados. Nos elevan el compromiso de seguir luchando por la justicia social, las empresas sostenibles y sustentables, los derechos laborales y sociales y la redistribución de la riqueza.
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La prevención de conflictos
Usted menciona la necesidad de encarar como tema prioritario la prevención de conflictos. ¿A qué se refiere y cuáles serían los instrumentos? Siempre tendremos conflictos de trabajadores y de empresarios, pero es una realidad nueva para el ministerio la participación de sectores empresariales, y queremos ver cómo podemos ayudar a arreglar conflictos entre ellos. Estamos viendo qué hacemos. Por ejemplo, cuando se dio el reciente conflicto de los gremios empresariales de camioneros, los arroceros y los molineros, o cuando se ha dado el conflicto entre los fasoneros de pollo y las avícolas. El ministerio trabajó estimulando el diálogo entre las partes. Producto de ese diálogo se ha propuesto establecer mecanismos permanentes para posibilitar la solución de conflictos. Me animo a decir que todas las propuestas que hicimos fueron previamente, por lo menos, conversadas. Nosotros queremos que esta discusión se abra a la sociedad. El 16 de marzo propusimos (acá estamos haciendo una síntesis, pero están los documentos disponibles, tras conversarlo y preacordarlo con todas las partes) un mecanismo de previsibilidad de conflictos. Hay que seguir conversando porque esto hace al desarrollo del país, esto es necesario para Uruguay. Proponemos todo un proceso que establece ámbitos de negociación y plazos antes de la adopción de medidas por cualquiera de las partes. Esto significaría al menos cinco pasos previos, que insumirían, como mínimo, unos 30 días antes de la adopción de medidas por cualquiera de las partes. Creemos que este mecanismo, inspirado por ejemplo en convenios como el de la construcción, el de los metalúrgicos, el de la bebida, debe generar ámbitos de generalización para todos los sectores de actividad. El próximo lunes 31 de julio tendrá lugar en la Universidad de Montevideo una actividad en la que participaremos con el exministro de Trabajo doctor Santiago Pérez del Castillo (distinguido jurista y asesor de las cámaras empresariales), que nos ha adelantado que comparte buena parte de este planteo. Los mecanismos de previsibilidad y presolución de conflictos pueden ser un importante legado para nuestra sociedad y nuestra economía.
Una trayectoria impar
Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social desde el 1º de marzo de 2015, es uruguayo, casado, y tiene dos hijos, dos nietas y un nieto. Fue presidente del Banco de Previsión Social (BPS) desde el 29 de marzo de 2005 al 13 de febrero de 2015, durante dos períodos consecutivos de gobierno. Es integrante del Comité Técnico Administrativo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social; miembro de la delegación gubernamental en la Comisión Permanente del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur; miembro de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y de grupos de trabajo sobre protección de migrantes en países de la CEI (ex-URSS), creados en Tayikistán en mayo de 2013 y en Moldavia en abril de 2014; integrante de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS); representante gubernamental en el Diálogo Nacional en Seguridad Social en Uruguay desde 2007 y miembro de la Junta Nacional de Cuidados. Es profesor honoris causa de la Universidad Insalud-Salud, gestión y protección social de Buenos Aires, República Argentina. Recibió la Condecoración de la Procuraduría General de la Nación de Colombia por sus acciones en seguridad social y como presidente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y el premio Femida (Fondo Internacional de Apoyo a Iniciativas Legales) de Rusia por su actividad en la promoción de la cooperación internacional y por su labor en seguridad social. Delegado a cinco conferencias mundiales de OIT: dos por el Pit-Cnt (1988 y 2001) y tres por el gobierno (2011, 2015 y 2017). Fue director del BPS en representación de los trabajadores entre 1992 y 2001; dirigente sindical como trabajador de la industria de la madera desde 1983 hasta 1992; preso político desde 1972 hasta 1977; maestro de Primaria desde 1970 hasta 1972 y militante del Frente Amplio desde su fundación en 1971.
Sobre la inclusión financiera
“Me gustaría decir que la inclusión financiera es un proceso gradual en defensa de los trabajadores, la formalización y la seguridad. Entre los que se oponen hay quienes quieren seguir haciendo, como lo hicieron históricamente, lo que quieren, porque tienen poder. Seguir evadiendo. Y además se dicen muchas falsedades del proceso de inclusión financiera. Otra cosa es -como en todas las cosas- ir haciendo ajustes y modificaciones mientras se va implementando, atendiendo justas razones”.