España: se busca presidente

Pasado un mes y medio de las elecciones presidenciales, España continúa sumida en la incertidumbre acerca de la constitución de su Poder Ejecutivo. Los partidos nuevos continúan negociando pactos con sus homólogos tradicionales, mientras el país permanece marcado por una coyuntura social definida por la permanencia de los índices de pobreza en torno al tercio de la población, y por unos niveles de desigualdad social que lo sitúan a la cabeza de Europa. Por otra parte, la Comisión Europea continúa en su línea, criticando los “elevados gastos públicos” del Estado español, que, según sus expertos, conducirán al país a un nuevo déficit en 2016.

La variada paleta de colores partidarios que tiñó el Parlamento tras las elecciones del 20 de diciembre evidenció que un número importante de españoles (34,6% del electorado) buscó con su voto reformular el propio sistema, encomendando esta función a los partidos de nueva derecha y nueva socialdemocracia: Ciudadanos y Podemos. Conforme a esta premisa reformista predominante, voces provenientes de las cuatro principales formaciones que se disputan la configuración del gobierno establecen un paralelismo entre la actualidad y el clima vivido tras el fin del franquismo, exteriorizando cada uno su voluntad de protagonizar una “segunda transición” (la misma que sirvió en su momento para reciclar a las élites del franquismo conforme a las nuevas necesidades geopolíticas estadounidenses).

Ante la imposibilidad del presidente en funciones, Mariano Rajoy, de formar gobierno –por fracasar en sus maniobras para alcanzar pactos–, el rey Felipe VI encomendó esta tarea al líder de la segunda formación más votada, Pedro Sánchez (PSOE). El pasado lunes, el PSOE emitió una propuesta de negociación a Podemos (65 diputados), Ciudadanos (40), Izquierda Unida (2) y Compromís (4), que no desagradó a ninguna de las formaciones.

La propuesta socialista incluye varios guiños tanto a la izquierda (Podemos, Compromís e IU) como a la derecha (Ciudadanos). Esto constata, en parte, la estrategia que el PSOE pretende adoptar en el futuro inmediato, consistente en buscar las coincidencias en los programas de estos partidos para anteponerlas a las diferencias más insalvables, como el referéndum de autodeterminación que Podemos reclama en Cataluña o el contrato único que defiende Ciudadanos. Pedro Sánchez realizó un llamamiento, la semana pasada, en el que pidió “a mi izquierda y derecha que nos fijemos en las cosas que nos unen, que son muchas”. Con esta iniciativa, los socialistas pretenden sumar el apoyo de 111 diputados que, junto con sus propios 90 parlamentarios, les servirían para contar con la amplia mayoría que Sánchez precisa para ser investido presidente.

Tras la reunión de líderes del PSOE con sus homólogos de Ciudadanos, Izquierda Unida y Compromís, tras la emisión de la propuesta de negociación, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, declaró que “hay una amplia confluencia programática. No hemos visto ningún obstáculo que nos impida llegar a un acuerdo con los tres partidos con los que nos hemos reunido hoy”. Por otra parte, sin haber hablado aún con representantes de Podemos, Hernando afirmó, respecto al contenido social de su propuesta, que Iglesias “dice que se lo hemos copiado, pero él sabe que no es así. Sin sentarnos con Iglesias, él ya ve una amplia coincidencia, así que imaginen cuando nos sentemos”.

La propuesta de Sánchez no resulta antipática para Podemos, a pesar de provenir del líder del partido que inició la reforma laboral y los recortes sociales en España, en connivencia con el Fondo Monetario Internacional. El líder de la nueva formación socialdemócrata, Pablo Iglesias, propuso en el pasado un pacto a los socialistas para formar un “gobierno de cambio”, junto con Izquierda Unida, en el que él mismo se postulaba como vicepresidente, pero todo quedó en nada. En entrevista con un medio local, Iglesias valoró positivamente el documento base para la negociación propuesto por el PSOE al resto de partidos, y lo calificó como “interesante” pero “incompleto”. La inclusión en el texto de elementos hasta hace poco considerados como “populistas”, como la renta mínima, sedujeron al líder del nuevo partido.

Por otro lado, en el documento emitido por el PSOE se señalan diversos puntos ambiguos que sus líderes no se muestran dispuestos a aceptar, lo que los separa de la visión de talante más socialdemócrata de Podemos. Entre ellos están la reforma del artículo 135 de la Constitución (que fue modificado con apoyo del PSOE y el PP para priorizar el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto del Estado), el rechazo a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) o la derogación de la reforma laboral impuesta durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además Iglesias declaró, en la citada entrevista, que en ningún caso aceptaría un pacto con el PSOE que incluyese a Ciudadanos en el plantel, debido a que esta formación es considerada como una suerte de marca “blanca” del Partido Popular.

Dentro del PSOE, por su parte, se ha dado una división entre “sanchistas” y “felipistas”. Los primeros se niegan a pactar con el PP, mientras que los segundos lo ven como una opción posible y, llegado el momento, necesaria. «Para las reformas que España necesita hay que contar con el PP», afirmó Felipe González en entrevista con El País a finales de enero. El ex presidente también calificó a la formación de Pablo Iglesias como “leninismo 3.0” y la acusó de querer «liquidar, no reformar, el marco democrático de convivencia y, de paso, a los socialistas».

Plazos para crear gobierno

Tras la constitución de las Cámaras, que tuvo lugar el pasado 14 de enero, la legislación española no contempla un plazo concreto para la postulación de un candidato para realizar el proceso de investidura. Por eso aún no hay atisbos de definición del Ejecutivo español. Una vez se defina un candidato claro, el rey debe comunicárselo al presidente del Congreso, Patxi López, quien deberá convocar el Pleno de investidura.

Para que el presidente del gobierno sea investido en primera ronda debe conseguir la mayoría absoluta del Congreso, lo que se traduce en un total de 176 votos a favor en la Cámara baja. Si esto no ocurre, se establece un plazo de 48 horas para convocar a una segunda votación, en la que al candidato le bastaría el apoyo de una mayoría simple para erigirse presidente.

Si aun así esto no se lograse –algo inaudito incluso en España tras la Transición– y en la segunda votación no se formase una mayoría simple en favor del candidato en cuestión, se fija un límite de dos meses para tener un nuevo presidente desde la primera votación. Si llegada esa fecha aún no está formado el Ejecutivo, el rey debe disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.

Según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en caso de repetirse los comicios electorales, la situación de bloqueo actual para formar gobierno apenas se modificaría. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones, puesto que los sondeos de opinión pública le dan una intención de voto de 28,8% (0,1% más del apoyo que recibió el 20 de diciembre). Como principal novedad, los relevamientos encontraron que Podemos superaría al PSOE, situándose como segunda fuerza política, con 21,9% de la intención de voto registrada (1,2% más que el apoyo ya logrado). Por otro lado, tanto Ciudadanos como el partido dirigido por Pedro Sánchez han registrado un descenso de 0,6% y 1,5% respectivamente. Los resultados de Izquierda Unida, por su parte, se mostraron invariables respecto a los votos obtenidos en diciembre.

El trabajo de campo que dio lugar a este estudio se realizó entre el 2 y el 11 de enero, por eso varios expertos afirman que la encuesta puede haber quedado obsoleta tras la constitución de las Cortes Generales, la selección, por parte del monarca, de Pedro Sánchez como líder para formar gobierno, y el descubrimiento de la Operación Taula, por la que el grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valencia fue imputado masivamente por blanqueo de capitales.

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Una herejía posmoderna

El pasado 5 de febrero, en el marco de los espectáculos previstos para carnaval por el Ayuntamiento de Madrid, dos titiriteros fueron encarcelados por hacer apología del terrorismo y por delitos de incitación al odio durante la función. Los dos artistas de la compañía Títeres desde Abajo habían representado la obra La bruja y don Cristóbal que incluía, tal como los propios autores habían advertido previamente, escenas de violencia como apuñalamientos y violaciones.

La pieza consiste en la adaptación a la actualidad de un personaje popular de la comedia italiana del siglo XVI, y ya había sido representada antes en Granada. Los artistas la habían catalogado, en el documento que enviaron al ayuntamiento, como “para adultos”. Sin embargo, la función fue programada, por error, para las 17 horas, y se realizó ante público infantil. A medida que avanzaba el espectáculo, varios padres y madres llamaron a la Policía para quejarse por el contenido de la obra que el Ayuntamiento de Madrid había ofrecido a sus hijos.

Entre los episodios que más ira despertaron estuvo el de la exhibición de un cartel, por parte de uno de los personajes y en el marco de un supuesto montaje policial dentro en la propia obra, en el que se leía “gora Alka-ETA” (uniendo satíricamente a Al-Qaeda con el grupo terrorista vasco). La escena del cartel derivó en que el pasado sábado los dos titiriteros fueran enviados a prisión por orden judicial por enaltecimiento del terrorismo. El responsable de la programación teatral de los carnavales del Ayuntamiento fue cesado.

Los abogados de los imputados emitieron un comunicado a la Audiencia Nacional en el que argumentaban que “paradójicamente, la misma democracia que […] gritaba conmocionada ‘Je suis Charlie Hebdo’ […] y reclamaba el derecho a satirizar; a realizar crítica o humor empleando para ello a Mahoma, Alá, Dios, o a la propia religión musulmana, ahora pone en marcha su maquinaria procesal e imputa y ordena el ingreso en prisión provisional de unos autores que realizan una sátira humorística, en plenos carnavales, sobre la propia sociedad en la que viven, a través de una obra de ficción”.

“Ni ésta es la obra de ficción con mayor violencia que se ha producido en la historia del cine, teatro, televisión o literatura; ni en aquéllas ni en otras con menos actos de violencia se ha optado por imputar al creador por el tipo del art. 510 CP [incitación al odio]”, apunta el escrito de la defensa. “No es, por tanto, la aparición de escenas violentas en una obra artística condición necesaria y suficiente para entender que el autor de la misma comete el delito del art. 510 CP […] por cuanto lo contrario hubiera determinado el enjuiciamiento de la inmensa mayoría de los creadores y creadoras de este país”, añade.

El pasado miércoles, el juez de la Audiencia Nacional decretó la puesta en libertad de ambos artistas debido a que consideraron disminuido el riesgo de fuga y la reiteración del supuesto delito. No obstante, el magistrado mantiene las imputaciones sobre los titiriteros, y solicitará medidas cautelares para ambos: comparecencia diaria ante un juzgado o comisaría, fijación de un domicilio, prohibición de salir del país y retirada de pasaporte.