España y Cataluña en suspenso

El pasado domingo, 3.030 personas debían decidir el futuro de Cataluña. Toda España estuvo pendiente de la asamblea celebrada por el grupo catalán de tinte anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), destinada a resolver el panorama incierto en el que resultaron las elecciones parlamentarias catalanas, celebradas el pasado 27 de setiembre. Sin embargo, tras 12 horas de debate, la votación derivó en un empate a 1.515 votos, dejando otra vez en suspenso tanto a Cataluña como al país. Si el 9 de enero la Generalidad catalana no tiene presidente, se deberán repetir las elecciones en la comunidad autónoma.

De este evento dependía la posición de la CUP respecto al apoyo o rechazo de la investidura del candidato independentista Artur Mas, propuesto por la coalición liberal secesionista Juntos por el Sí (formada por los partidos Convergencia Democrática de Cataluña, liderado por el propio Mas, Esquerra Republicana de Cataluña, y otras formaciones independentistas). Juntos por el Sí logró en las pasadas elecciones 62 escaños de los 135 que se jugaban en el Parlamento catalán. El otro partido de ideología independentista que llegó a tener representación parlamentaria fue la CUP, que logró 10 asientos. Por tanto, la única forma de liderar el próximo período de gobierno pasa por que la organización independentista, usualmente catalogada como “de extrema izquierda”, apoye a la formación derechista en el proceso de investidura.

Del categórico “no votaremos ‘sí’ a un Gobierno presidido por Artur Mas”, pronunciado por el líder de la CUP, Antonio Baños, en setiembre, tras conocerse el resultado de las elecciones, se ha pasado durante estos meses a un complejo debate dentro del partido, destinado a conciliar sus posiciones de izquierda con el ideal nacionalista. Para lograr el apoyo de los anticapitalistas, Juntos por el Sí ofreció un “plan social de choque” valorado en 270 millones de euros, así como su promesa de frenar la escalada de privatizaciones que su gobierno está llevando a cabo en el territorio, además de otros proyectos controvertidos, como la construcción del macro casino “Barcelona World”.

Sin embargo, esto no es suficiente para 50% de integrantes de la CUP que sostienen que apoyar a un candidato neoliberal miembro de la burguesía catalana, como Artur Mas, les impediría aumentar la base social de independentismo. Además, para muchos, el plan social propuesto por la coalición derechista es insuficiente y resulta poco creíble. Según informó el diario español El País, varios militantes argumentaron que apoyar a Mas supondría “perpetuar el poder de la burguesía” en Cataluña. Por otro lado, los anticapitalistas favorables a apoyar la investidura del líder de Convergencia Democrática defienden el carácter “histórico” de la oportunidad que se les abre para iniciar por primera vez un proceso secesionista en la región, gozando de la mayoría absoluta independentista en el Parlamento.

La votación

La primera votación que tuvo lugar en la jornada del domingo se saldó con 1.418 votos en contra de apoyar a Mas, lo que supuso 47,14% de los sufragios totales. Por otro lado, 1.359 integrantes del partido (45,7%) avalaron la decisión de embarcarse junto a los neoliberales en la aventura secesionista. Los votos restantes, que supusieron en torno a 7% de voluntades, estuvieron divididos entre aquellos que rechazaban la propuesta de Juntos por el Sí pero apoyaban a Mas como presidente de la Generalidad, y otros que proponían la búsqueda de nuevos acuerdos. Como ninguna posición llegó a obtener el 50% necesario del apoyo, tuvo lugar una segunda ronda en la que el No [a Mas] alcanzó 1.512 votos (49.78%) y el Sí, 1.482 (48,71%). Por tanto, hubo que realizar una tercera ronda, que se saldó con 1.515 votos a favor de renovar a Artur Mas como presidente de la Generalidad catalana, y otros 1.515 en contra.

Tras este episodio, el líder de la CUP declaró que “el mandato que sale de la asamblea es que hay que seguir debatiendo; para esto nos han elegido”. “El resultado es un emplazamiento a Juntos por el Sí a que haga otra propuesta, con una nueva oferta o un nuevo candidato”, añadió. Antonio Baños defendió el proceso democrático que ha seguido su organización a la hora de tomar decisiones, comparándolo con el que ha regido la política regional hasta el momento. Muchas decisiones trascendentales para la población “demasiadas veces las ha tomado una sola persona, colgada de un teléfono”, afirmó. Tras este episodio, los líderes de la formación anticapitalista convocaron el pasado lunes a diversas asambleas territoriales, y está previsto que el consejo político tome la decisión final el próximo sábado 2.

Por su parte, el cabeza de lista de Juntos por el Sí, Raül Romeva, declaró a los medios de comunicación el pasado lunes que su formación no realizará ninguna oferta más a la CUP. “Han puesto la fecha del 2. Nosotros de manera respetuosa esperaremos. No podemos añadir nada más. Ellos tampoco han hecho un posicionamiento claro”, afirmó.

Por otro lado, y como estaba previsto, la Mesa del Parlamento catalán se reunió el lunes, pero no dio luz verde al debate de investidura, debido a la incertidumbre que derivó tras la asamblea del pasado domingo. El organismo catalán esperará a la decisión que tome el consejo de la CUP el próximo sábado para iniciar la ronda de conversaciones con el resto de los grupos, de cara a planificar el debate de investidura para el día 5 de enero.

En esa votación es de esperar que Artur Mas no sea elegido por mayoría absoluta, ya que para ello necesitaría que 6 de los 10 diputados de la CUP le dieran su voto. Por tanto, según la ley electoral española, tendría que realizarse otra votación de investidura dos días más tarde, en la que le bastaría con obtener la mayoría simple (a la cual llegaría con dos votos de la CUP) para erigirse presidente de la Generalidad antes del vencimiento del plazo, el día 9.

Trabas para la independencia

Si este conflicto ideológico entre ambas ramas del independentismo se saldase con el acuerdo, aún quedarían dos problemas clave que dificultan el camino secesionista catalán. En primer lugar, su incompatibilidad con la Constitución española, que establece en su segundo artículo (como digna heredera de la cosmovisión franquista) la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. En base a esto, el propio texto habilita al gobierno central, en el controvertido artículo 155, para el empleo de medios coercitivos con el fin de obligar a un gobierno autonómico a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

El alcance de estos medios es algo que genera incertidumbre; es seguro que las posibilidades incluyen medidas como la suspensión de las autoridades y empleados públicos incumplidores, o la intervención de las fuerzas policiales del Estado contra los órganos y cargos “rebeldes”. Sin embargo, al contrario de otros textos similares, como el alemán, este punto de la Carta Magna deja un margen de ambigüedad que permite asumir como posible la intervención del Ejército y la declaración de estados de alarma o de sitio si se llega a casos de desobediencia extrema.

Ante las primeras declaraciones independentistas tras las elecciones parlamentarias catalanas del 27 de setiembre, el gobierno de Mariano Rajoy declaró que “quienes quieran separar y dividir a Cataluña deben saber que no lo van a lograr”. Y añadió: “Tienen enfrente la ley y a un gobierno dispuesto a hacerla valer”.

Por otro lado, los partidos catalanes contrarios a la escisión apelan a la mayoría de votos que cosecharon en las elecciones (aunque estos no hayan quedado reflejados en el número de escaños obtenidos en el Parlamento, debido al sistema representativo que rige la comunidad autónoma) para justificar que la opción secesionista no se vería respaldada por la mayoría del pueblo catalán ante la celebración de un eventual referéndum.

La cuestión de clase en el nacionalismo catalán

El catedrático en Ciencias políticas y sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Vicenç Navarro, coautor del programa económico de Podemos, afirmó en un artículo publicado en su web personal que el gran error del independentismo catalán es “priorizar el alcanzar la independencia cuando no se ha alcanzado todavía la soberanía”. Esto lo dijo en referencia a las encuestas que publicó el pasado mayo el diario catalán La Vanguardia, que situaban en aproximadamente 80% el número de catalanes que se pronunciaron a favor de elegir mediante un referéndum si quieren o no escindirse de España. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, sólo 48% del electorado de la comunidad se manifestó directamente a favor de la independencia en las pasadas elecciones parlamentarias, apoyando a los partidos secesionistas. Por ello para el politólogo, el camino independentista que pretenden seguir tanto Juntos por el Sí como la CUP puede ser acusado “con razón” de no ser un procedimiento democrático, en la medida en que no está demostrado que tenga el aval de la mayoría de la población.

Además, recuerda, el nacionalismo catalán tiene un importante componente de clase. Según el catedrático, “hay una relación inversa en Cataluña entre nivel de renta y apoyo a la independencia”. Una de las principales razones para esto es que la mayoría de la clase obrera catalana emigró de otras partes de España (sobre todo del sur), y eso hace que su identidad nacional continúe estando influida por fuertes componentes emocionales ligados a sus lugares de procedencia. Además, en Cataluña el movimiento independentista estuvo hegemonizado en las últimas décadas por la derecha, liderada por Convergencia Democrática de Cataluña, formación que siempre ha estado ligada a las grandes familias catalanas y que ha sido responsable, entre otras cosas, de la última reforma laboral. El catalán se diferencia así de otros nacionalismos, como el gallego, que se compone en mayor medida de clases populares regionales que emigraron en varias ocasiones hacia las zonas industriales del propio territorio.

Por tanto, para un partido minoritario como la CUP, que pretende forjar un independentismo de corte anticapitalista, pactar con la herramienta de la oligarquía catalana que es Juntos por el Sí sólo supondría apoyar el carácter de clase que ya de por sí, en su configuración, tiene el independentismo catalán.