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Editorial | Mides

¿Este es el cambio que querías?

Por Enrique Ortega Salinas.
20 de septiembre de 2020 - 11:13

La siguiente es la primera parte de una lista incompleta de medidas impopulares, hechos de corrupción, promesas electorales incumplidas, mentiras, canalladas, episodios de intolerancia y violencia política, abusos, conjunción entre el interés público y privado, desprolijidades, incoherencias y acciones carentes de ética que nos deja la coalición multicolor gobernante. No es completa porque el espacio no da para cubrir todo este desastre sietemesino; pero si esto es lo hecho hasta ahora, imaginen lo que tendrán cuando finalicen “los mejores cinco años de sus vidas”.

De marzo a junio

  • Luis Lacalle Pou no invita a la ceremonia de asunción a Nicaragua, Cuba y Venezuela; pero sí a todo el arco derechista, violando normas básicas de las relaciones internacionales.
  • Lacalle pone al frente de la OPP a Isaac Alfie, el mismo que viajara a principios de año a Washington para declarar contra Uruguay en un juicio iniciado por la empresa Aratirí. Ni el exministro ni el presidente celebran haber evitado pagarle 3.356 millones de dólares.
  • Surgen diferencias con su canciller Ernesto Talvi, quien se niega a catalogar a Venezuela como dictadura.
  • Talvi se opone al nombramiento de Julio Luis Sanguinetti para la CARU, rechaza una lista de “recomendados” para el MRREE y, a fines de junio, pide informes a autoridades de comisiones binacionales (CARU, Salto Grande y CARP) debido a que “tienen un presupuesto mayor al de toda la Cancillería”. Exige “un informe exhaustivo de ingresos, uso de recursos y situación patrimonial, número de funcionarios (permanentes, asesores, contratados), forma de ingreso (concurso o contratación directa), remuneraciones y beneficios, contratos con empresas de servicios tercerizados y licitaciones para la realización de inversiones”.
  • El presidente destituye a su canciller. El semanario batllista Opinar tilda a Talvi de “botarate” y “desertor”.

Mayo

  • El diputado suplente Nicolás Ortíz (Ciudadanos) es imputado por explotación sexual de menores en la Operación Océano.
  • Durante la campaña electoral, Lacalle Pou aseguró que no subiría ni las tarifas ni los impuestos; pero apenas llega al poder aumenta las primeras y, con la excusa de la pandemia, realiza descuentos al salario de los funcionarios públicos. La rebaja del IVA con tarjetas de débito pasa del 4% al 2%, lo cual implica una suba de impuestos. En el pago con tarjeta de débito en los restaurantes, la rebaja del IVA (suba, de acuerdo a cómo se lea) pasa de 9% a 5%.
  • El gobierno contrata como asesores y consultores a los hijos de dos exministros: Juan Andrés Ramírez Saravia, con una remuneración mensual de 140.466 pesos más IVA (para el MI) y Marcela Bensión Mallo (para el MEF) con 265.724 pesos más IVA. Isaac Alfie contrata como asesores de la OPP a sus amigos Julio Brun, Gustavo Michelin y Guzmán Ifrán, todos con remuneraciones de 142.189 pesos más IVA. Las cofradías se reparten la torta, mientras exigen austeridad a los trabajadores.

Junio

  • Mercedes. Oscar Daniel Fracuelli Fernández, edil de la lista 22 del Partido Nacional (que llegara a dirigir la Junta Departamental), es formalizado por haber abusado de su hijastra, junto al abuelo de la niña y la complicidad de la madre, desde que la víctima tenía 8 años o menos.

Julio

  • Viernes 31. El exdiputado del MPP Juan José Domínguez y su esposa, son golpeados sin motivo por dos desconocidos en Paysandú, el mismo día en que se atenta contra un local del FA sanducero.

Agosto

  • El MI compra en forma directa 55 vehículos todoterreno a la empresa Ayax S.A., dirigida por un amigo de Luis Lacalle Pou.
  • El presidente se molesta con un informe de la CEPAL que muestra a Uruguay como uno de los países que menos invierte en la región (0,7 % del PBI) para aliviar los problemas de las personas más vulnerables ante la pandemia. Autoridades del MEF argumentan que no hacen falta más desembolsos porque el país cuenta con la “existencia previa de instrumentos institucionalmente muy afiatados para atender problemas sociales”. Justamente, lo que no le reconocen a los gobiernos del Frente Amplio lo usan como defensa.
  • Agustín Bascou, intendente de Soriano por el Partido Nacional, es imputado por segunda vez por vender ganado prendado. También fue acusado por hacer que la Intendencia comprara combustible en sus estaciones de servicio, mientras libraba cheques sin fondo.
  • Candidatos nacionalistas que apoyan la reelección de Carlos Moreira utilizan una escuela pública de Colonia para su propaganda.
  • El Senado aprueba una moción de condena a los apuñalamientos contra militantes frenteamplistas en Salto. Esta es rechazada por los tres senadores de Cabildo Abierto.
  • El día 22 se registran agresiones entre militantes blancos y militantes del partido militar. Según integrantes de la Agrupación Ayuí Salto, cuando quisieron acercarse para saludar a su general durante un acto, fueron agredidos por líderes nacionalistas y otros cabildantes.
  • Laura Raffo propone que el MI comparta sus cámaras de vigilancia con la IM, algo que ya se hace desde 2018; pero más bochornosa es su idea de subsidiar el boleto estudiantil. Otra original idea es la de una campaña para combatir el acoso sexual callejero, algo que se viene haciendo desde hace años.
  • El domingo 30, en Rivera, son detenidos tres militantes de la Comisión Departamental de Memoria y Derechos Humanos por grafitear sobre la calle una leyenda alusiva a un criminal que cumple prisión domiciliaria. El texto dice: “¿Dónde están? Aquí vive un asesino. Gilberto Vázquez”.

Septiembre

  • Exfuncionaria municipal denuncia en la fiscalía de Río Branco al exalcalde y actual diputado nacionalista Christian Morel. Según la denunciante, el entonces alcalde le exigía militar para su sector político, usando el tiempo laboral pagado con dineros públicos, y repartir alimentos (algunos vencidos) con el nombre del alcalde. Al pedir explicaciones por su despido, se le habría respondido que faltó a su obligación de militar.
  • Se duplica el sueldo de los presidentes de entes públicos, pasando de 120.000 pesos a 235.000, en plena crisis y mientras decenas de miles de uruguayos quedan sin empleo o ven disminuidos sus ingresos. Arbeleche dice que es para captar “a los mejores”, cosa difícil de digerir si consideramos entre ellos a Julio Luis Sanguinetti, a quien no conoceríamos si no fuera hijo del expresidente y si no recordáramos el caso del “cangrejo rojo”.
  • Los titulares del MI y del MGAP evalúan armar a los productores rurales y declarar inconstitucional a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Larrañaga adelanta que desatenderá sus reclamos e indicaciones.
  • No hay dinero y se exige austeridad; pero el Ministerio de Defensa compra a España dos aviones Hércules por 21 millones de euros y la Ley de Presupuesto aumenta el número de generales y coroneles.
  • Mientras se habla hasta el hartazgo del apoyo del gobierno a la Policía, el sindicato policial reclama por los perjuicios contenidos en la Ley de Presupuesto. “Tanto los porcentajes de pensiones, los plazos para que tengan acceso al subsidio transitorio por incapacidad, los plazos mínimos para acceder al retiro, como las sanciones” (que pasan al doble), “todo es perjudicial y repercute en el salario del trabajador policial”. “Nos mata por todos lados; no hay ganancias; son todas pérdidas”.
  • El general (r) Guido Manini Ríos, que había prometido no ampararse en ninguna clase de fueros, tras ser convocado por la Justicia para declarar por no haber informado los crímenes confesados por un camarada de armas ante un tribunal de honor, cambia de opinión y se atrinchera en su banca.
  • La senadora Graciela Bianchi obliga a su colega Amanda Della Ventura a quitarse una camiseta con la leyenda “Desafuero o complicidad” (durante una sesión de una comisión) porque hiere su sensibilidad. El herrerismo cierra filas con CA para evitar que el general declare.
  • Militantes del MPP, que reparten listas a la salida del supermercado Devoto, son agredidas verbal y físicamente en Shangrilá. En la misma semana, desconocidos incendian cartelería frenteamplista en la Colonia San Javier, de Fray Bentos. Pocas semanas atrás, en Canelones, un grupo de militantes fue “saludado” desde un vehículo al grito de “vivan los blancos” y con disparos de armas de fuego.
  • Nicolás Chiesa renuncia a la empresa Mi Granja, pero anuncia que continuará como director de la Granja del MGAP. El FA lo denuncia por haber firmado un contrato entre la empresa privada y la institución que dirige. El ministro Uriarte y el sector Ciudadanos, del Partido Colorado, lo respaldan; pese a la clara e indiscutible conjunción del interés público y privado.
  • Maldonado. Informe del Tribunal de Cuentas revela un déficit de 3.387 millones de pesos, o sea, del 49 % de los ingresos de la comuna. Ediles frenteamplistas denuncian que se violó la Constitución con este histórico nivel de endeudamiento y comprometió el desempeño de cualquier gobierno futuro. Todo esto se constata pese a haber aumentado en más de 300 % la contribución inmobiliaria, haber contratado al estudio Posadas y Vecino para ejecutar a los deudores y cobrar por cámaras de video vigilancia en barrios donde nunca pusieron una. Pese a la situación crítica, se han designado funcionarios a dedo, pagado casillas de salvavidas a 14.000 dólares cada una y se gasta dinero de la comuna en una revista para impulsar a un candidato blanco.
  • Tanto el titular del MGAP como del MTOP reconocen que en la Ley de Presupuesto hay artículos que no le fueron informados al presidente, como los que habilitan el cambio de gobernanza de la UAM y la creación de cinco peajes en Montevideo. El intendente capitalino pregunta si el presidente sabe del recorte del 15 % en los realojos de asentamientos, ya que firmó el proyecto de Ley de Presupuesto sin leerlo.
  • Ademu denuncia incumplimiento en el pago de la copa de leche para las escuelas, y que no se pagan en tiempo y forma las partidas de comedor para las escuelas rurales.
  • Con elementos nuevos, aportados por ediles del FA y la Jutep, fiscal de Colonia retoma investigación sobre mala administración y uso del erario público por parte de Carlos Moreira. Tras haber sido salvado por dos fiscales de clara vinculación política con el intendente, ahora enfrenta acusaciones de concusión, tráfico de influencias y abuso innominado de funciones.
  • El senador Óscar Andrade denuncia que la lista 903 (Partido Nacional de Flores) ploteó con propaganda política una ambulancia que fuera donada en 2015 por el SUNCA.
  • Mientras se recorta la inversión social de la manera más cruel, la Junta Departamental determina una suba de sueldo para el intendente de San José, que pasará de 298.800 pesos nominales a 340.347 más 108.423 pesos por gastos de representación.
  • El director de la OMS, Tedros Adhanom, declara que el éxito de Uruguay frente a la pandemia “no fue accidente; tienen un sistema de salud robusto”. Sin embargo, la coalición continúa catalogando como desastre la gestión frenteamplista en salud. Algo parecido sucedió en marzo. Mientras el nuevo gobierno se quejaba de la pésima situación que dejó el Frente Amplio, autoridades del FMI declararon que: “Tras una década y media de un crecimiento vigoroso, el país tiene un alto ingreso per cápita y bajos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad. Gracias a una prudente gestión de supervisión y regulación, el sector financiero sigue siendo resiliente pese a la volatilidad en el mercado financiero regional”. Este organismo, a quien nadie puede señalar de izquierdista, calificó de envidiable nuestra situación, dejando en falsa escuadra al nuevo gobierno.

De marzo a septiembre

  • Se multiplican los casos de violencia policial, allanamientos y violencia contra indigentes, tanto por parte de particulares como de la Policía.
  • Tanto el general como otros dirigentes de CA atacan al Poder Judicial cada vez que procesa a un violador de derechos humanos.
  • El presidente que prometiera “hacerse cargo”, sigue culpando de todo al gobierno anterior.

 

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