En Montevideo la marcha partirá a las 18 horas desde la Explanada de la Universidad de la República hacia la plaza 1º de Mayo. Allí se llevará adelante la lectura de la proclama del movimiento estudiantil.
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La movilización es convocada por la Coordinadora del Movimiento Estudiantil que nuclea a estudiantes de secundaria, UTU, universitarios, formación docente, magisterio y educación social.
El acto finalizará con un espectáculo artístico. Además de la movilización en Montevideo, se realizarán actividades en los departamentos de Paysandú, Salto, Colonia, Rocha, Tacuarembó y varios puntos de Canelones.
La consigna de este año se enmarca en lo que consideran «una continuidad histórica de la lucha del movimiento estudiantil», a 51 años de la muerte de Líber Arce.
Los estudiantes ubican la marcha en un contexto de «avance conservador» en América Latina, que se expresa en el «incremento de la represión a los movimientos sociales y recortes en las políticas sociales».
Para los estudiantes, este proceso también se vive en Uruguay de diversas formas a través de un avance en el «discurso punitivo y de propuestas políticas que promueven mayor capacidad de represión del Estado».
Sostienen que la consecuencia de estos planteos ha sido un proceso de «criminalización de la pobreza, que no ha servido para mejorar la inseguridad».
Para las organizaciones estudiantiles, la propuesta de reforma promovida por el senador Jorge Larrañaga «instala un salto cualitativo que va a atentar contra muchas garantías democráticas y no va a resolver los problemas de seguridad».
Desde su punto de vista, «los sectores dominantes intentan quitarnos los derechos conquistados». Mencionan como ejemplos las iniciativas para derogar la ley trans, los ataques contra los Consejos de Salarios y las libertades sindicales.
Las organizaciones estudiantiles también denuncian el fallo judicial que obligó a retirar los carteles colocados por gremios de estudiantes en centros educativos. Lo consideran un mecanismo de censura y rechazan los planteos de Robert Silva y Pablo Abdala como «caras visibles» de los cuestionamientos contra el movimiento estudiantil.
Uno de los puntos principales de su lucha es la reivindicación de un incremento del presupuesto educativo, para lo cual exigen 6% del PIB para ANEP y la Universidad de la República y 1% para investigación. También reclaman presupuesto para salud, vivienda y avanzar en derechos democráticos. Sostienen que la educación es un «arma transformadora, más allá del ascenso social, en la construcción de conocimiento al servicio de la sociedad». Agregan que el aumento presupuestal es imprescindible para afrontar «las nuevas formas de conocimiento para actividades productivas y los procesos populares».