Unos días después del golpe de Estado en Bolivia el 10 de noviembre del pasado año, un grupo de 7 ex funcionarios del gobierno de Evo Morales solicitaron asilo político en la embajada mexicana en Bolivia.
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Los solicitantes de asilo fueron: el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga; el exministro de Defensa, Javier Zavaleta; el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz Mercado; el exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, la exministra de Culturas, Wilma Alanoca Mamani; el exgobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna.
Hasta la fecha ninguno de ellos ha podido obtener el salvoconducto necesario para salir del país.
El gobierno de facto boliviano lo ha negado sistemáticamente.
“Exigimos la inmediata entrega de salvoconductos para estas siete personas. Para que puedan salir del país”, han demandado grupos defensores de derechos humanos en un reciente pronunciamiento público, donde se denuncia la situación de estos ex funcionarios del depuesto gobierno de Bolivia.
La campaña desarrollada entre otras organizaciones, por el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos y la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba, Argentina, vienen demandando “que el Gobierno de facto boliviano otorgue los respectivos salvoconductos para los exfuncionarios del expresidente Evo Morales”.
“Denunciamos ante el mundo esta gravísima violación a los derechos humanos y exigimos la inmediata entrega de salvoconductos para estas siete personas. Para que puedan salir del país, reencontrarse con sus familias y seres queridos, vivir con dignidad, en libertad y en el efectivo ejercicio de los derechos humanos”, establecieron los organismos humanitarios en un pronunciamiento, que hoy reproduce Telesur.
La campaña impulsada por estos colectivos tiene, también, su expresión en las redes sociales con las siguientes etiquetas: “#LibertadParaLxs7Asiladxs”, “#SalvoconductoYa” y “#GolpeDeEstadoEnBolivia”.