El diputado comunista Gerardo Núñez, integrante de la Comisión Investigadora que analiza el espionaje militar en democracia, aseguró en rueda de prensa que uno de los tres exjerarcas militares que comparecieron a la última sesión (contralmirantes retirados Óscar Otero y Carlos Magliocca y el brigadier general retirado José Mayo Hirigoyen) admitió que esa práctica era «un ejercicio de costumbre que hacía la inteligencia militar». Según aseguró Núñez, el objetivo del espionaje era «político». Consultado sobre qué se hacía con esa información, Núñez afirmó que eso no está claro: «Nosotros presumimos que implicaba una gran recoleccción para analizar posicionamiento los partidos políticos y organizaciones sociales. Por ejemplo, había una lista confeccionada de todas las personas que hicieron denuncias vinculadas a derechos humanos, o sea, había un seguimiento de cada una de las denuncias preparando los escenarios que se pudieran dar a nivel judicial y de esta manera mantener con total impunidad los crímenes cometidos en el pasado reciente», indicó, agregando: «También una información pormenorizada respecto a los posicionamientos políticos y partidarios en distintos temas. En el caso del Partido Comunista y del Movimiento de Liberación [por el MLN- Tupamaros] mucha de esa información está vinculada a los aparatos de seguridad, a las distintas células y organismos que pudieran llegar a existir en el país y sobre todo en el interior y en algunos controles fronterizos», sostuvo Núñez, quien se negó a decir el nombre del exjerarca que admitió el espionaje porque violentaría las condiciones del funcionamiento de la comisión. Para Núñez, «esta información, una vez analizada, implicaba elementos de control, para generar coerción y perpetuar escenarios de impunidad como existieron y existen en nuestro país», indicó. Sobre si se cortó esta costumbre, el diputado dijo no tener elementos para afirmarlo ni para negarlo: «Claramente estas acciones se desarrollaron con total naturalidad por parte de inteligencia militar por lo menos hasta el año 2003 y 2004, y posteriormente dependiendo de cada ministro existieron explícitamente órdenes para que estas actividades no se llevaran a cabo», sostuvo, y aclaró: «Una cosa son las órdenes que pudieron haber dado los ministros y los mandos civiles y otra lo que hayan podido desarrollar los aparatos de inteligencia tanto militar como policial», informó Núñez
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