El expresidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, fue condenado a dos años de inhabilitación por desobedecer el dictado del Tribunal Constitucional (TC) por el cual se instaba a no llevar a cabo la consulta sobre la independencia de Cataluña. Este evento finalmente se celebró el 9 de noviembre de 2014. Por ello, la Fiscalía solicitaba diez años de inhabilitación para Mas por los delitos de desobediencia y prevaricación. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó también a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau a un año y seis meses por los delitos de desobediencia y prevaricación. Ambas fueron consideradas colaboradoras necesarias de Artur Mas. Sin embargo, los tres quedan absueltos del delito de prevaricación administrativa. El fiscal Emilio Sánchez Ulled consideró que en el proceso contra los ex jerarcas del gobierno catalán quedó demostrado que los acusados desobedecieron de forma «patente, clara y caprichosa» la suspensión del TC. Según Ulled, los tres condenados no sólo continuaron con los preparativos del evento tras el dictado del TC, sino que los intensificaron. Reacciones Al poco de publicarse la resolución judicial, Artur Mas anunció que «hasta que el Supremo no dicte sentencia no es firme, por tanto no tiene consecuencias inmediatísimas. No tenemos esperanzas, el Supremo actuará con dureza absoluta, pero recurriremos también al Constitucional, para llegar a los tribunales de Estrasburgo. Sin esperanza pero siguiendo el orden establecido para llegar a la justicia europea, en la que tenemos puesta mucha más confianza». Por su parte, el actual presidente de la Generalidad Carles Puigdemont, líder de la convergencia neoliberal catalanista Juntos por el Sí, declaró este lunes que la resolución judicial supone una condena hacia todos los que participaron en la consulta votando sí o no. También señaló que lo que hoy ha condenado la Justicia española, “lo indultará Cataluña votando en el referéndum que se celebrará este año”. Por otro lado, desde la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), aliada de Juntos por el Sí en el parlamento catalán en pro de la independencia nacional, han manifestado duras críticas a lo resuelto por la justicia española. La diputada Mireia Boya declaró a Catalunya Radio «ha muerto la vía del referéndum pactado» y la única opción es «el referéndum unilateral». Boya agregó que estamos en un estado de excepción, en un estado de derecho intervenido». En este sentido, solicitó que «no se acate la sentencia», solicitó al resto de partidos que no lo hagan y que, por ello, «la ahora diputada Irene Rigau continúe en el Parlament».
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME