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debate | LUC |

FA espera debate para pronunciarse por posible impugnación de la LUC

La LUC ya es una realidad. A partir de ahora son más duras las normas y nada escapa a ellas. Desde mayores penas y nuevos delitos, agravamiento de penas para adolescentes infractores, limitación del derecho de huelga, prohibición de piquetes. Desde las organizaciones sociales ya se habla de buscar vías para impugnarla. El Frente Amplio espera este debate.

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Finalmente, el pasado miércoles, con el voto del Senado, el Parlamento aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC), verdadero programa de gobierno de la coalición multicolor. La norma incluye cambios en materia de seguridad, educación, de derechos, incluso hasta de alquileres, y fue aprobada solo con los votos de los partidos de la coalición -en Diputados tuvo el respaldo del diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI)- y tuvo el rechazo del Frente Amplio (FA). Aunque esta fuerza política votó algunos artículos, y trabajó para mejorar el contenido de otros, igualmente la consideró una ley antipopular.

Se abre ahora un período de debate en las organizaciones sociales, algunas de las cuales ya hablan de recoger firmas para impugnarla, a los efectos de analizar cuáles son los mejores caminos para intentar derogar los aspectos más represivos y regresivos de la norma.

En este sentido, la diputada frenteamplista Ana Olivera (1001, Unidad para los Cambios) dijo a Caras y Caretas que por ahora el FA no tiene una posición respecto a los caminos a tomar. “Se trata de un debate que se va a producir una vez aprobada la ley. Obviamente eso va a motivar que diferentes organizaciones debatan qué van a hacer. Hay muchos que tienen que intervenir”, señaló.

“Más allá de que no hemos hecho un balance aún, seguramente lo vamos a hacer con la  fuerza política; podemos hacer referencia a cómo hemos venido actuando todo este tiempo. Nuestra votación en contra en general pauta cuál es nuestra opinión respecto a la ley. No solamente por su forma, sino por su contenido”, subrayó Olivera.

Analizando el trabajo de la bancada del FA, Olivera hizo referencia al esfuerzo realizado “junto a la sociedad civil”. “Hacemos, por un lado, un balance respecto al esfuerzo realizado junto con la sociedad civil organizada para recoger la mayor cantidad de opiniones posible de parte de dichas organizaciones, tanto en el Senado como en Diputados. Creo que hemos logrado, como Frente Amplio, un proceso junto con las organizaciones. Hay que recordar que estas venían con la intención de modificar aspectos de la ley. Algunos se pudieron modificar y en otros fue inamovible la postura del oficialismo. Por ejemplo, todo lo  vinculado con los temas de la seguridad. Con la opinión casi unánimemente en contra de muchísimos de los artículos de parte del Instituto de Derecho Penal de la Udelar, de la Universidad de Montevideo, de los magistrados. Una cantidad enorme planteando que allí lo que había era la matrización de la idea de que con mayor represión, aumentando las penas, vamos a tener más seguridad. Ampliando el sentido de la legítima defensa, dándole mayor autonomía a la Policía respecto a la Fiscalía. Cosas que, en opinión de muchos especialistas, van a generar más problemas en la vida cotidiana, en la práctica, que  soluciones. Y que está demostrado, según nos decía el comisionado parlamentario, que esa tentación de pensar de que cuanto más tiempo la gente está en la cárcel hay mayor seguridad y desciende la criminalidad, no es real. Existe  evidencia internacional de que no es así”.

Para Olivera es grave todo lo relacionado con el aumento de penas para los adolescentes. “Nos encontramos con todo el tema de la Justicia penal adolescente. Aquí tuvimos un retroceso respecto al Código de la Infancia y la Adolescencia en relación al tema penal de los  adolescentes en conflicto con la ley. Y se aplicó el mismo principio: incremento de penas, limitación de las salidas transitorias, que son elementos sustantivos para la recuperación de ese adolescente, obviamente con un acompañamiento social. Son medidas regresivas respecto a lo que teníamos. Ahí es muy poquito lo que se logró modificar”.

Recordó que en este tema “fueron muchísimas las organizaciones que se pronunciaron y sin lugar a dudas la Institución de Derechos Humanos fue crítica de varios aspectos de la ley”.

“Lo mismo con el tema de la educación. Se nos decía que acá no se estaba modificando la Ley General de Educación, pero uno puede ir analizando todas las modificaciones a una ley que llevó varios años de trabajo y se puede ver que de un plumazo se borran los Consejos y la representación docente; se minimiza la  existencia del congreso de la Educación, por ejemplo, y se lo lleva a una situación meramente testimonial”, precisó.

“Tengo la sensación de que el conjunto de la sociedad uruguaya no conoce el alcance de toda la ley”, sentenció Olivera. Y agregó: “Muchos sectores conocen el alcance en su área, en su sector. Pienso, por ejemplo, en el tema de adopciones. Bajo una cobertura en la que se nos dice que ahora se van a disminuir los tiempos de las adopciones, las propias familias adoptantes dicen que acá se esconden cosas que llevan a procesos de adopción que no serán con todas las garantías que el niño debe tener. Está pensado más desde los adultos que desde los niños”.

 

Inteligencia y secreto

Otro de los temas que suscitó mayor debate en la cámara fue el de las normas respecto a la Secretaría de Inteligencia, un organismo semiautónomo que responde directamente al presidente de la República.

“En la sesión de debate en la plenaria de la cámara nos enteramos de la modificación de una ley que fue aprobada en 2018” y que hace referencia a la Inteligencia del Estado, señaló Olivera. Recordó que no fue parte del programa de ningún sector político ni tampoco del acuerdo entre los partidos de la coalición. “Allí explicó con mucha claridad el diputado del Partido Independiente -Iván Posada- que el tema de la creación de una Secretaría de Inteligencia comenzó su discusión en 2011 y tuvo un largo proceso hasta ser aprobado. Estamos hablando de algo que era incipiente y que ya se está modificando. Y dijo que esos dos artículos responden a la voluntad del director actual de la Secretaría de Inteligencia”.

Olivera indicó que la venia para el director la da el Parlamento, pero “el director asume y el subdirector es designado por este. Si el director no pudiera asumir, asume el cargo de mayor jerarquía, ninguno de ellos votado por el Parlamento”.

“Además se crea una nueva categoría y es la del secreto”, agrega. “Se considera como secreta una información que da el director y ese secreto solo puede ser levantado por el presidente en Consejo de Ministros. Nosotros planteamos nuestra preocupación por la falta de acceso a determinado tipo de información que en la ley anterior estaba previsto. Planteamos nuestra preocupación por los derechos humanos, porque en la ley anterior en la información considerada reservada se exceptúa lo referente a la violación de los derechos humanos. En la primera intervención, el director [Álvaro] Garcé planteó que de ninguna manera el tema estaba en la voluntad de la secretaría. Al rato le hacen otra pregunta y dice que, en realidad, pensándolo bien, esto está referido a tal artículo de la ley vigente y se podría poner para que no haya ninguna duda de que se exceptúan los temas referidos a la violación de derechos humanos. Por ese motivo presentamos los artículos para que esto sucediera, pero en realidad no fue votado. Ni en la comisión ni en la plenaria. Los únicos argumentos fueron que en realidad esto se hace por los convenios que tenemos con las inteligencias de otros países y, de alguna manera, no tener esa categoría podría afectar los acuerdos que tenemos. Para nosotros es una nueva razón para pensar que tienen que estar exceptuados los temas de la violación de los derechos humanos. Por eso terminé mi intervención afirmando que en este país existió el plan Cóndor. Puede haber inteligencias de otros países que tengan interés, vinculado con el plan Cóndor, de que no se utilice determinada información”.

 

Posible recurso

Respecto a la posibilidad de recurrir la ley aprobada, la legisladora dijo que el Frente Amplio (FA) hasta el momento no ha tomado una decisión. “Aún no”, dijo al ser preguntada por Caras y Caretas. “Se trata de un debate que se va a producir una vez aprobada la ley. Obviamente eso va a motivar que diferentes organizaciones debatan qué van a hacer. Hay muchos que tienen que intervenir”.

Respecto a este debate, la legisladora del FA recordó que hay otros temas que hacen a diferentes actores que están vinculados a la discusión. Mencionó, a modo de ejemplo, los artículos referidos a la limitación del derecho de huelga, de lo que dio en llamarse el derecho a la libre circulación, que lleva a una limitación del derecho de manifestación de diversos sectores. “Cuando se habla de la ocupación del espacio público por personas o vehículos, las caravanas que organizamos el pasado 27 de junio estarían consideradas no legítimas por la LUC”, sentenció.

“¿Qué significa una huelga no pacífica?”, se preguntó la diputada del FA en referencia a esa afirmación contenida en la LUC. “¿Se refiere a la ocupación? Si se refiere a esto, hay que tener en cuenta que en nuestro país la ocupación fue y es considerada una continuidad del derecho de huelga. ¿Por qué nunca se reglamentó desde que se reconoció el derecho de huelga?”.

“Se habla de la protección a la libre circulación”, recordó. Y en este sentido hizo referencia al artículo 48, que declara ilegítimos los piquetes que impiden la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos y privados de uso público. “El artículo siguiente dice que se preserva este derecho y dice que el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos o privados de uso público cuya circulación se pretenda obstaculizar o impedir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza a fin de garantizar el derecho a la libre circulación y el orden público. Para preservar ese derecho el Estado puede pedir el concurso de cualquier organismo”.

“¿Cuál es la necesidad de estos artículos? ¿Qué cosas pueden suceder que hoy no puedan estar contempladas en una manifestación?”, se preguntó la diputada del FA. Esas preguntas en el Parlamento no tuvieron respuesta.

Por otro lado hizo referencia a la ampliación de la legítima defensa policial. “Los propios policías, cuando estuvieron en el Parlamento, indicaron que con el cumplimiento del deber es suficiente. La idea es dar una señal de a quién se respalda, quién es la autoridad. Esa señal es la de mayor penalización para los delitos, de restricciones para las salidas transitorias. Estas cosas son señales”.

“Todo el tiempo se ha hablado machaconamente de la libertad para esto, la libertad para aquello. Los artículos que van contra la inclusión financiera son de libertad financiera, de andar con 100.000 dólares para pagar una transacción, pero ¿cuál es la libertad del trabajador que tiene que negociar con su patrón la forma de pago? Ninguna, porque hay una relación desigual”, concluyó Olivera del FA.

 

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