Familia de Santiago Maldonado en Montevideo: «Gendarmería es la responsable de la muerte»

Sergio Maldonado -hermano de Santiago-, su esposa Andrea y la abogada Verónica Heredia estuvieron en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la medida cautelar a favor de Santiago. En la presentación con la prensa, Heredia dijo que donde encontraron el cuerpo de Santiago el día 17 de octubre, el Estado ya había ingresado en cuatro oportunidades. Según Heredia, «el lugar era totalmente visible». A partir de ese momento, hasta el 20 de octubre, estuvieron esperando la confirmación de si se trataba de Maldonado. También dijo que la familia espera «la verdad y la justicia» y que «lo que está en peligro es una investigación independiente y tememos que no se realice». Es por esa causa que vinieron a la CIDH, para que se garantice que la investigación pueda llevarse adelante. Sergio Maldonado explicó que estaban dispuestos a contestar las preguntas que no afectaran lo que está en la investigación de la causa. ¿Cómo consideran que tendría que ser la investigación para que tengan garantías? Una investigación imparcial, exhaustiva y pronta. Pedimos que ingresaran peritos de la ONU.   ¿Pidieron algún tipo de medida en la CIDH para evitar la impunidad? ¿Había representantes del gobierno argentino en la reunión? ¿Qué dijeron? En relación a lo que sucedió en la reunión se nos pidió reserva porque es así como funciona. Lo que podemos decir es que volvemos a reiterar el pedido de que se conforme un grupo de expertos independientes, que puedan ser veedores y ayudar a la investigación para garantizar la independientes que entendemos que no está garantizada. El Estado argentino estaba presente con el secretario de Derechos Humanos [Claudio] Avvruj; Javier Salgado por Cancillería, abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad.   ¿Qué pasa con la medida cautelar que estaba en curso por Santiago Maldonado? Bueno, justamente la cautelar no cumplió con el objetivo que era proteger la vida de Santiago. Nosotros ahora solicitamos que la CIDH garantice una protección para que no quede en la impunidad la muerte de Santiago.   ¿Mantienen la posición de que la Gendarmería fue la responsable de la muerte de Santiago? Todas las pruebas que están en el expediente, tanto del Habeas Corpus como en el de la desaparición forzada, dan cuenta que Gendarmería es la responsable de la muerte. Más allá de este compromiso de no difundir lo que pasó en la reunión, ¿se van con una idea más clara?, ¿los representantes del gobierno argentino aportaron algo? No aportaron nada. Insistimos en que estamos frente a una nueva manera de desaparición forzada, que es en democracia y mediatizada. Denunciamos cómo los medios de comunicación reproducen un hecho de la gravedad de Santiago. Pareciera que ya no necesitamos 30.000 desaparecidos, que con uno sólo se disciplina al resto de la sociedad con el terror que genera una desaparición.   ¿Puede darnos una síntesis o una idea de las pruebas de las que habla? Está acreditado en el expediente que el 31 de julio se libró un oficio por parte del juez a cargo en ese entonces, el doctor [Guido] Otranto, para despejar la ruta 40, en el kilómetro 1.848. Esta orden se cumple el 1 de agosto a las 3.30 horas de la mañana, pero, sin embargo, Gendarmería ingresa con más de 130 personas, de manera brutal e ilegal, sin orden judicial, al lugar donde se encontraba Santiago. Desde ese momento, que fue la última vez que se lo vio con vida, el Estado ocultó, negó, desvió la investigación. Entonces las pruebas que tenemos de la responsabilidad de Gendarería en la muerte de Santiago son los hechos acreditados en el expediente y, además, que todos han visto en la TV.   ¿Existe la posibilidad de que se llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)? Estamos en una medida cautelar en la CIDH y entendemos que, si bien esto no significa que se haga lugar a una petición de fondo, la gravedad del caso y las proyecciones que tiene para la región, entendemos que habilitaría una posible condena de la Corte IDH.   Sergio, ¿sigue pidiendo la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich? Desde el día 30, que lo pedí y lo sigo sosteniendo. No me escuchan.   Sergio, ¿pidió una reunión con el presidente [Mauricio] Macri, o él intentó comunicarse con la familia en algún momento? No la pedí, y el presidente sí se comunicó inoportunamente el viernes pasado antes de las elecciones para salir a anunciar eso [la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado], y utilizarlo como campaña política. Después de 81 días sin preocuparse por eso, la llamó a mi mamá, en el estado que [ella] estaba, para darle las condolencias. Mi madre no le dijo nada.   ¿Hay alguna línea de comunicación con el gobierno? No, no tenemos.   Doctora, ¿tiene alguna opinión formada sobre los resultados que se dieron a conocer sobre la autopsia? No, no hay ninguno. O sea, se llevó adelante en función del protocolo. Los resultados fueron un informe, pero faltan los puntos de pericia. Hoy no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué falleció Santiago.   Pero, entonces, ¿para ustedes el informe no les agrega ningún elemento? No estamos notificados personalmente de ese informe. Si bien participaron peritos de nuestra confianza, que nosotros pusimos, tiene un deber de confidencialidad. Hasta que no estemos notificados de lo que dice ese informe, desconocemos el porqué se está diciendo algo a ese respecto.   Sergio, ¿qué esperan de la reunión con el papa Francisco? Digamos que es una reunión más espiritual para las mujeres de la familia, que necesitan seguir creyendo en algo.   Sergio, ¿qué se sabe de un eventual ‘testigo E’ que se ha mencionado, pero nunca llegó a declarar? No estoy al tanto de eso.   ¿Cómo ven las declaraciones del juez [Gustavo] Lleral sobre el resultado de la autopsia? Digamos que podría haber esperado un poquito más y anunciarlo cuando tuviera el resultado. No apresurarse a decir que no tenía signos de violencia cuando, en realidad, todavía no está la autopsia terminada.   ¿Piensan tener algún tipo de contacto con el gobierno uruguayo? Hoy nos recibió la vicepresidenta [Lucía Topolansky]. Nos generó una impresión muy buena. Estuvimos charlando mucho de varias cosas.   ¿Se comprometió a algo? No, simplemente nos dio el apoyo y dijo que está a disposición para lo que pueda.   ¿Esperan una respuesta pronta de la CIDH luego de la reunión de hoy? Sí, la esperamos porque estamos en el marco de una medida cautelar y de una investigación que debe ser garantizada.   ¿Qué opinan del respaldo que tuvieron en las afueras del Palacio Legislativo, al cual grafitearon? Andrea: No estábamos al tanto, luego nos informaron. Estamos agradecidos por el acompañamiento. No compartimos las expresiones en cuanto a graffities o violencia, pero sí el acompañamiento de la gente que es el motor que tenemos. Gracias a esa gente, sobre todo en Argentina, el reclamo está latente. Siempre que hemos convocado, tuvimos una buena respuesta. Lo que le pasó a Santiago, podía haberle sucedido a cualquier persona solidaria. Por lo tanto, la gente no reclama sólo por Santiago, sino por el derecho de vivir de la forma que se quiera. Entonces esto no sólo tiene que ver con Santiago, sino con todas las personas.   ¿Con qué expectativa llegan para la convocatoria de la marcha para el 1 de noviembre? Hoy, además, procesaron [sin prisión] a 22 personas [acusadas de desmanes en la primera marcha (el 1 de setiembre) por la aparición con vida de Santiago Maldonado]. Andrea: Somos parte de la organización. Es un derecho que tenemos de manifestarnos. Obviamente, siempre en un marco de respeto y no avalamos eso. Pero también hay indicios de cómo opera el gobierno en el sentido de tener infiltrados. Esperemos que todo transcurra en paz y que sea una sola voz: la del reclamo por justicia por Santiago.   Doctora, ¿qué opinión les merece que aún no haya una respuesta por la autopsia? Con nuestro perito de parte y con la veedora que propusimos, entendemos que se llevó adelante la etapa de recolección del cuerpo y luego la autopsia, la cadena de custodia que comenzamos en ese mismo momento y en el traslado, hemos ejercido un control. Luego veremos cómo se analizan los resultados, cómo se informan, cómo se contestan (que sería los puntos de pericia) y qué valor le vamos a dar a esos resultados.   ¿Temen que esto termine siendo un cotejo de peritos contra peritos, como sucedió en el caso Nisman? Todos los peritos que han participado de esta autopsia firmaron de manera conforme el procedimiento. Obviamente que se va a generar toda una discusión sobre el alcance que tiene cada resultado. Esperemos que este caso no sea como otros. Precisamente, para garantizar que no pase eso, es que estamos pidiendo que vengan expertos independientes.   Si no hubiera acuerdo para que se forme un grupo de peritos internacionales, ¿qué garantías tienen de que los peritos de su país puedan asegurar de que haya un resultado serio en este clima de desconfianza? Bueno, estamos pidiendo que se conforme un equipo de internacionales. Pero, además, como una práctica saludable de los Estados, de permitir que otros observen, vean, acompañen, recomienden sobre un caso donde está involucrado el propio Estado. No hay que asustarse que un Estado requiera que vengan expertos de otros países porque esto nos garantizan a todos. Si hay algún gobierno que está sospechado de haber realizado algún crimen de la gravedad que estamos denunciando -que es la desaparición forzada-, entonces que concurran de otros países nos va a hacer bien a todos. No estamos pidiendo nada extraño que signifique vulnerar soberanía, sino todo lo contrario. Es que los ciudadanos podamos confiar en los resultados que da la Justicia, cuando sobre todo tenemos una Justicia que no dio ninguna respuesta.   ¿Nos puede aclarar a los uruguayos en qué cambia la aparición del cuerpo sin vida de un ciudadano que estaba siendo reclamado por desaparición forzada? Argentina, a partir del año 2011, tiene tipificado el delito de desaparición forzada en su artículo 142 del Código Penal, a raíz de una desaparición forzada en democracia (en el año 2003) que terminó en una condena. La tipificación del delito de desaparición forzada aumenta la pena si se encuentra el cuerpo, porque sería ‘desaparición forzada, seguida de muerte’. Estaríamos frente a esta figura. Por último, la doctora Verónica Heredia informó que habían hecho un estudio que entregaron a la CIDH, de cómo se influenció directamente a través de los medios de comunicación, los medios con más del 70% de la pauta publicitaria. Cada acción del gobierno se vio reflejada en estos medios de comunicación y en las redes sociales. Que estos trols que denunciamos, no son las voces democráticas diferentes que garantizan la pluralidad de opinión. Es la opinión del Estado, una voz autoritaria disfrazada en los medios de comunicación y de una cultura liberal. Andrea, esposa de Sergio y, por ende, cuñada de Santiago, dijo que la familia entendía que el juez Otranto (primero que estuvo en la causa) «hizo todo lo posible para entorpecer la investigación, y siempre estuvo del lado del gobierno y la Gendarmería». La mujer denunció que «la intromisión del Ministerio de Seguridad, en declaraciones testimoniales, también nos pareció una interrupción del gobierno. En el tema del espionaje que se le hizo y se le hace a la familia tiene que ver con una postura del gobierno. Hicimos una denuncia de que fuimos espiados por la Gendarmería», afirmó.