Las familias de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, consideran que el decreto del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para crear una comisión de verdad, abre una nueva etapa en la que «se irá construyendo la confianza» y cooperación internacional, dijeron sus abogados.
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Cuatro organizaciones que actúan como representantes legales de las familias a nivel nacional e internacional esperan que la cancillería mexicana se encargue de firmar los convenios necesarios con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) «a efectos de que se intensifique la cooperación internacional en el caso».
La nueva comisión estará compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes y funcionarios de las secretarías federales de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de expertos profesionales y técnicos. El decreto compromete al Poder Ejecutivo a «facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de las familias» y coordinar las pesquisas con el aparato de justicia.
Secuestrados
Cinco autobuses ocupados por un centenar de jóvenes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, que viajaban a una manifestación en la Ciudad de México, fueron perseguidos y atacados por patrullas de cuatro municipios del estado de Guerrero, en la ciudad de Iguala, la noche del 26 de setiembre de 2014 y madrugada siguiente.
En los ataques murieron siete personas, unas 25 resultaron heridas y 43 estudiantes detenidos por policías municipales fueron entregados a la organización narcotraficante Guerreros Unidos, que según confesiones de supuestos sicarios los asesinaron, quemaron sus cuerpos en un basurero municipal del pueblo Cocula, en una quebrada, y lanzaron sus restos a un río.