Familias migrantes que fueron estafadas serán desalojadas bajo supuesto delito de usurpación

Por el deterioro de la finca,se puede presumir que su propietario no se interesó en ella durante mucho tiempo, pero misteriosamente apareció para denunciar la situación. Inmediatamente, Fiscalía Flagrancia de 3º turno, a cargo del Dr. Rosa, intervino intimando a estas familias a abandonar la residencia bajo un posible delito de usurpación.

Caras y Caretas Portal se presentó en el lugar y habló con integrantes de la comunidad y con el abogado que se encuentra siguiendo el caso, Federico de León. El profesional, que integra la organización de apoyo a migrantes «Idas y Vueltas», explicó que la aplicación de la figura de usurpación es “un mecanismo oblicuo que se utiliza para salirse de la vía civil y así utilizar el mecanismo penal cuyos tiempos son más rápidos”.

De acuerdo al entendido, lo más grave en estos casos es que Fiscalía procede haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que señala que cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, en este caso migrantes con menores de edad, no se debería aplicar este delito.

“La fiscalía tampoco toma en cuenta la recomendación que indica que deben comunicar formalmente la situación a todos los organismos públicos y ministerios competentes en la materia para buscar una solución. Esto no ocurrió, simplemente le dieron plazo hasta este viernes 6 para retirarse de la finca”. De León explicó que en caso de no retirarse se abrirá una investigación por delito de usurpación para la cual los implicados no tienen pruebas porque fueron estafados y se encuentran desamparados.

“Esta situación es más grave que optar por la vía civil porque estas familias, si se les adjudica un delito, pueden perder su residencia al enfrentarse a un proceso judicial sin ningún tipo de prueba”.

El profesional contó que se comunicó con el fiscal Rosa, quien no le ofreció ningún tipo de solución para estas familias que se encuentran desprotegidas. “La única alternativa sería la de recurrir a un refugio, pero se trata de una solución únicamente para la noche y con todas las compilaciones que eso implica”

Allí también se encontraba Ivahanna Larrosa, integrante del Centro Interdisciplinario de Estudio sobre el Desarrollo (Ciedur), y asesora en derechos económicos, sociales y culturales (Desc), quien declaró que este tipo de casos se vienen denunciando desde hace tiempo. “No se puede seguir aplicado el delito de usurpación para casos que implican a personas en situación de vulnerabilidad. Antes de proceder, se debe verificar la situación de las personas y si tienen situación habitacional, pero lamentablemente el Poder Judicial se ha limitado a aplicar ese delito sin verificación de ningún tipo”.

Larrosa contó que ,ante las reiteradas situaciones, se presentó un informe ante Naciones Unidas en 2017 y el comité atendió el reclamo recomendando a Uruguay que no se les aplicara ese tipo de delito a personas vulnerables. “Los desalojos ,aún cuando son legales, no pueden dejar a personas vulnerables en situación de calle”.

Por otro lado, la asesora explicó que el año pasado la Indh le recomendó a Fiscalía la implementación de un protocolo para aplicar en estas situaciones mediante el cual, antes de proceder, se debería solicitar la intervención de aquellos organismos del Estado con competencia en la búsqueda de una solución. “Fiscalía no implementó ese protocolo y nosotros estamos desde noviembre del año pasado solicitando una reunión para plantear este tema y aún no recibimos respuesta”.

Larrosa insistió en que Uruguay debe cumplir con las normativas de DDHH que ha ratificado. “Se están incumpliendo normas legales, utilizando una figura de delito que criminaliza a una población vulnerable que ya tiene muchas problemáticas. “Estas situaciones son dramáticas. Hay que tratar de ponerse en el lugar de estas personas que no tienen un lugar donde dormir. Familias con niños, niñas y personas dependientes que están en la calle cargando con las pertenencias que tienen”.

No son delincuentes, ni usurpadores profesionales. Son familias que están buscando un techo. «Lo único que queremos es trabajar y un lugar para vivir», expresó una de las vecinas de esa comunidad.