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La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) cuestionó el accionar de la Dirección General de Educación Secundaria en el caso de los docentes de San José sumariados por una fotografía en la que se expresaban contra la reforma Vivir sin Miedo. Califican de “alineado a definiciones político partidarias” el accionar de las autoridades y señalan que “rechazó un recurso de revocación a dicho sumario sin siquiera analizar los aspectos de fondo”.
“Con un accionar dudoso y reñido con las garantías del debido proceso por una parte de quienes tienen a cargo la instrucción del proceso disciplinario”, agregan.
Fenapes no descarta promover denuncias y acciones pertinentes en ámbitos internacionales, “especialmente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
El 25 de febrero los docentes del Liceo 1 de San José fueron sumariados, con separación de cargo y retención del 50% de sus haberes.
Los docentes aparecían en una fotografía con pancartas contra la reforma Vivir sin miedo, rechazada por la población en el plebiscito de octubre de 2019.
Fenapes señala que el pasado 10 de setiembre, “dos de las docentes sumariadas fueron notificadas de un informe del director de la División Jurídica que recomienda a la Dirección General de la Educación Secundaria la destitución de ambas docentes por violar el artículo 58 de la Constitución de la República, proselitismo, tergiversando en sus conclusiones declaraciones de testigos que evidencian lo contrario”.
Por eso Fenapes manifestó “su más absoluto rechazo a un proceso de persecución política sindical, que, disfrazado bajo un manto de supuestas garantías jurídicas, nos retrotraen a prácticas que el país sufrió previo y durante la dictadura fascista en nuestra educación pública, que creíamos desterradas, pero que lamentablemente los hechos del presente evidencian un retorno de dichas prácticas, así como la existencia de resabios que comulgan con estas”.
Con un accionar dudoso y reñido con las garantías del debido proceso por una parte de quienes tienen a cargo la instrucción del proceso disciplinario”
Para el sindicato el accionar es “contrario a derecho”, en particular “sus acciones contrarias al reconocimiento y garantía por el pleno ejercicio de derechos fundamentales, y un manejo con opacidad y poco apego a las garantías del debido proceso por parte de algunos quienes tienen la responsabilidad de instruir el procedimiento disciplinario, constituyen un deterioro de la institucionalidad democrática y republicana, que el Codicen de la Anep tiene la responsabilidad y obligación de corregir, particularmente con acciones concretas que detengan este proceso de persecución política sindical”.
