First Data: Fiscalía pidió condena de siete personas por estafa con tarjetas de débito

El fiscal Carlos Negro solicitó este martes la condena de siete personas por la mega estafa con tarjetas de débito Maestro, denunciada por la empresa First Data Uruguay SA. El representante del Ministerio Público solicitó la condena de los responsables por delitos de estafa y lavado de activos, a penas de entre 18 meses de prisión a tres años de penitenciaría, así como el decomiso de los bienes comprados por la actividad ilícitas. La indagatoria comenzó en noviembre de 2014 tras una denuncia penal presentada por First Data Uruguay. La empresa afirmó que una investigación interna detectó que desde el año 2008 hasta junio de 2014, el sistema informático de la empresa tenía un defecto de conversión de moneda, por el cual las transacciones realizadas en dólares americanos debitadas por algunas tarjetas aparecían en pesos uruguayos. Esto sucedía sólo en Uruguay, exclusivamente con tarjetas de débito Maestro emitidas fuera de Uruguay y Argentina. De esta forma, cada compra por 100 dólares aparecía facturada por 100 pesos. Esto implicaba que First Data le pagaba a los comerciantes 100 dólares, pero a raíz de ese defecto de conversión, solo le cobraba 100 pesos al cliente, por lo que percibió una mínima fracción del monto de la transacción. O sea, mientras que los comercios adheridos al sistema cobraron íntegramente, los tarjeta habientes pagaron sólo una fracción del importe debido, lo que ocasión un perjuicio económico a la empresa. Por este motivo, First Data decidió denunciar estos hechos, pero no a todos los clientes, sino a las personas que realizaron un gran número de transacciones, ante la presunción de existir un accionar concertado y sostenido en el tiempo para aprovecharse del defecto en el sistema y engañar a la emisora de las tarjetas. First Data estimó que esta operativa ilícita le implicó un perjuicio cercano a los 41 millones de dólares. En agosto de 2014, una investigación por contrabando de celulares terminó con el procesamiento de tres personas, entre ellas, dos funcionarios de un local comercial. Esa investigación determinó que este local comercial tenía como clientes habituales a ciudadanos paraguayos, en particular a los integrantes de una familia, que realizaron compras millonarias de celulares de última generación (1.200 dólares cada uno). En cuatro meses llegaron a vender unos 1.500 celulares; esta demanda no podía ser cubierta por el mercado uruguayo, por lo que llegaron a dejar celulares pagados por adelantado. Los celulares era importados por el local comercial y se facturaban en forma normal. La particularidad del negocio era que esos celulares eran abonados a través de la tarjeta de débito Maestro, que pertenecía a la empresa Master Card Internacional del Banco Itaú de Paraguay. Esto surgía de los vauchers emitidos por los POS. Posteriormente, uno de los empleados fue despedido, pero continuó la operativa por medio de celulares ingresados de contrabando y que eran facturados con POS pertenecientes a tres empresas (dos de ellas ubicadas en zona franca). Este grupo llegó a facturar unos 3 millones de dólares en un período de dos o tres meses. Esta situación permitió detectar la estafa contra First Data Uruguay SA. Pero no fue la única. Un ciudadano belga llegó a Uruguay tras ser informado sobre el defecto en la transacción de las tarjetas de débito Maestro. Junto a otro ciudadano belga (hoy prófugo de la Justicia uruguaya) abrieron una cuenta en un banco de ese país y viajaron a Uruguay. Se alojaron en un hotel de Punta del Este (Maldonado) y comenzaron a apostar en el casino. De esta forma, este hombre -ahora acusado por la Fiscalía- logró hacerse con 100.000 dólares que fueron depositados en un cofre fort de su novia en Uruguay en una casa de cambio. Pero además, se contactó con el propietario de una empresa y utilizó el POS de esta para realizar giros a Francia, pagos de alquiler, apuestas en Casinos, depósitos en agencias de viajes para pasajes. Parte de ese dinero era girado a la sucursal del banco de Bélgica para continuar la operativa. Por medio de estas maniobras, en un lapso de 30 días, se apoderó de unos 450.000 dólares. Además, se constató el caso de un ciudadano holandés, residente en Pan de Azúcar (Maldonado) que adquirió una bicicleta a un costo de 1.700 dólares, pero en la factura sólo se le cargaron 70 euros. Ante esto, decidió verificar si se trataba de un error puntual o de un defecto en el sistema de conversión y efectuó otras compras. Entre otras cosas, compró un terreno en Playa Hermosa (por 19.000 dólares) y una camioneta Chevrolet S-10. Estas maniobras rondaron los 390.000 dólares. Por último, está el caso de un funcionario de la Aduana de Paraguay, que integra la delegación de ese organismo en Uruguay. Al enterarse de este defecto en el sistema, este funcionario compró joyas, relojes y electrodomésticos que fueron enviados a Paraguay. Por esta vía, adquirió una moto de agua y firmó un Boleto de Reserva para la compra de un apartamento en Punta del Este. Ese apartamento se pagó al contado (320.000 dólares), pero no se llegó a firmar la escritura de compra-venta porque este hombre fue detenido un día antes. En este contexto, y tras analizar la voluminosa prueba incorporada en la causa (unas doce piezas), el fiscal Carlos Negro -que este miércoles asumió como fiscal de Flagrancia en el nuevo CPP- solicitó la condena de estas siete personas por delitos de estafa y lavado de activos. “La tipificación se enmarca dentro de la maniobra que se viene investigando de transacciones comerciales de gran porte con tarjetas de débito con ‘desdoblamiento’ de las mismas en una serie de operaciones sucesivas, por un mismo importe, en montos más pequeños (precisamente por debajo de los mínimos permitidos para que no se activaran las alertas), en muchos casos en el lapso de segundos, lo que hace pensar en que las ventas no siempre eran reales sino también ficticias”, señala el dictamen, al que accedió Caras y Caretas Porta. Negro valoró que los acusados actuaron con estratagemas o engaños artificiosos contra la empresa mediante el aprovechamiento de un defecto en el sistema de conversión monetaria en transacciones con tarjeta de débito en dólares. “Durante mucho tiempo y a través de la operativa antes descrita, se indujo en error a la denunciante (en la persona de sus empleados y/o representantes legales), a través de una maniobra especialmente montada para obtener un beneficio con la diferencia de moneda en perjuicio de la damnificada”, afirmó el fiscal. Incautación de bienes Al fundamentar la acusación, el fiscal Negro solicitó el decomiso de todos los bienes incautados durante el procedimiento policial que fueron adquiridos por estas personas mediante las maniobras ilícitas. “El decomiso de los mismos deriva de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 105, literal a) Código Penal, en tanto y en cuanto constituyen efectos del delito (como ser el dinero) o instrumentos del mismo (los celulares y vehículos utilizados)”, afirmó Negro. La lista de bienes cuyo decomiso se solicita incluye tres inmuebles en Maldonado (un terreno en Playa Hermosa, una propiedad en Pan de Azúcar y un apartamento en el Edificio Tinte en la Parada 26 de la Playa Mansa de Punta del Este) y la mitad de un apartamento en Montevideo. Además, se solicitó el decomiso de una camioneta Chevrolet S10, un auto Suzuki Swift, una moto Yamaha MT03 y del dinero incautado e inmovilizado por la Justicia en diversas entidades bancarias y casas de cambio propiedad de los siete acusados, entre otras cosas. Asimismo, el fiscal solicitó el decomiso de pleno derecho de los bienes propiedad del ciudadano belga que aún se mantiene prófugo de la Justicia, entre ellos, un auto Citröen C3 Picasso, un velero (“Garúa”) y una moto Harley Davidson. Todos estos bienes representan una cifra muy importante, dijeron fuentes del caso a este medio.