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Carolina Dean, fiscal del departamento de Artigas, pidió este jueves el procesamiento de 10 oficiales de la Jefatura de Policía del departamento norteño por varios delitos de corrupción: peculado, fraude, contrabando, abuso de funciones y falsificación de documento público.
Se trata de los ex integrantes de la Comisión Administradora de la Jefatura de Policía de Artigas, investigados por presuntos delitos cometidos años atrás, por lo que en este caso se aplica el antiguo Código del Proceso Penal (CPP).
Dean también pidió el procesamiento sin prisión de una escribana por la omisión de denunciar los delitos que presenció.
Según el auto de procesamiento, estos oficiales arrendaron para beneficio propio inmuebles rurales del Estado destinados a destacamentos policiales de la Jefatura de Artigas.
Para ello firmaron contratos falsos, nulos, con la escribana acusada. Estos contratos de arrendamiento irregulares eran celebrados con particulares y con otros policías.
Los involucrados sabían que era ilegal y por eso no registraban la operación y el producido de los arrendamientos no era volcado a Rentas Generales, como correspondería si se hiciera de forma legal.
También incurrieron en la explotación comercial particular de la panadería y carnicería policial, para provecho propio. Y una vez que fueron cerradas, los oficiales vendieron de forma directa la maquinaria, que era propiedad del Estado.
También utilizaron dinero de la Jefatura para hacer compras particulares en Free Shopp y comercios fuera del país, dice la fiscal Dean.
Por otro lado utilizaron a funcionarios policiales como mano de obra particular, para hacer trabajos de sanitaria, electricidad y albañilería en las viviendas los jerarcas. Todo esto dentro del horario laboral y sin una compensación extra para los funcionarios.
Los mismos oficiales utilizaron vales de combustibles destinados a la flota policial. Uno de los comisarios acusados los utilizó para su vehículo particular mientras estaba de vacaciones en Rocha, lo que fue autorizado por su jerarca.
Uno de ellos, otro comisario, falsificó documentos públicos. Extendió un certificado de buena conducta a una mujer que tenía antecedentes por tráfico de drogas. Lo hizo para que la mujer pudiera ingresar al Ministerio de Salud Pública.
Además de todo esto, los acusados compraron de bienes muebles y materiales de construcción con dinero del Estado para sus casas. Compraron electrodomésticos, cuadros, cortinas, y hasta se pagaban la TV Cable con dinero de la Jefatura.
En un caso incluso, pagaron alojamiento en un hotel dos veces en un mismo día a la misma persona.
