El fiscal Carlos Negro solicitó este martes el procesamiento del empresario y ex diputado –suplente- Francisco Sanabria (Partido Colorado) por lavado de activos, en atención de los ilícitos cometidos durante su gestión al frente de Cambio Nelson (Camvirey SA). La maniobra ilícita rondó los 3.000.000 de dólares. Asimismo, el fiscal solicitó el enjuiciamiento de la oficial de cumplimiento del cambio, Soledad Ubilla, por un delito de asistencia al lavado de activos. «Las conductas de Francisco Sanabria y su colaboradora (Ubilla), encartan por tanto en las hipótesis legalmente previstas como lavado de activos, en las modalidades de transferencia y conversión del producto de la apropiación indebida de la que aquel fuera provisoriamente responsabilizado en calidad de autor», señala el dictamen del fiscal Negro, publicado en el portal web de la Fiscalía. El representante del Ministerio Público sustentó su pedido en las pruebas recopiladas durante la indagatoria penal sustanciada por el Juzgado Letrado de Maldonado, en el que se constató la operativa ilegal realizada por Camvirey SA, en cuanto a la captación de fondos de clientes y el desvío de esos fondos para financiar a otras empresas de la familia Sanabria o cuentas particulares de sus integrantes. «Del relato fáctico que se propone en el auto de procesamiento de la sede penal de Maldonado, resulta suficientemente acreditada la participación de Ubilla asistiendo a Sanabria en la conversión de activos provenientes de la apropiación de fondos, por lo menos, en su calidad de sujeto obligado a la evitación del daño generado por las maniobras delictivas constatadas», señala el dictamen. «De esta forma, el indiciado al destinar los fondos pertenecientes a los clientes del cambio que regenteaba a cuentas y emprendimientos comerciales propios, a la vez que se los apropiaba, los transfería y/o convertía sea en dinero que se destinaba a pagos de salarios, gastos personales, o inversiones en sus diversas empresas y negocios». «De esta manera también, con su accionar lesionó dos bienes jurídicos, a saber por un lado la propiedad privada de los clientes del cambio, y por el otro introdujo importantes sumas de dinero en el mercado de capitales en forma de inversiones inmobiliarias y pagos de deudas de otras empresas, alterado así el orden socio-económico del Estado, sin dudas a nivel de la localidad esteña, pero también a escala nacional», agrega el dictamen. El fiscal analizó el informe de la Secretaria Nacional Contra el Lavado de Activos (Senaclaft) y el dictamen de su colega, el fiscal de Maldonado Rodrigo Morosoli, y consideró probada la existencia de un auto lavado de activos, es decir, el blanqueo de capitales por parte de la misma persona que realizó el delito base. De estos informes, «se destacan innumerables movimientos y transferencias bancarias por cuantías muy elevadas, así como que, con tal finalidad ilícita, se realizaron inversiones importantes en sociedades y propiedades de Punta del Este, y se adquirieron incluso vehículos de alta gama». «El blanqueo de más de 3,0 millones de dólares apropiados a diversos clientes del Cambio Nelson tiene a nuestro juicio, la entidad suficiente para considerar que el disfrute de las ganancias menoscabó el orden socioeconómico como bien jurídico tutelado por los artículos 54 y siguientes de la Ley 14.294 y sus modificativas. Pues introdujo en el circuito económico una suma de dinero que aminoró el control por el Estado del flujo de capitales procedentes de una importante actividad delictiva, menoscabando así el buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles, con una segura repercusión en la economía de todo el departamento de Maldonado», señaló Negro. El expediente pasará ahora a estudio de la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, quien deberá dilucidar la responsabilidad de Sanabria y Ubilla en las maniobras. En tanto, la indagatoria continuará en relación a los otros integrantes de la casa cambiaria, Nelson Calvette y Humberto Capote. En estos casos, el fiscal Negro no adoptó resolución ya que sus situaciones procesales están a estudio de un Tribunal de Apelaciones. A partir de este miércoles 1, el caso pasará a estudio del fiscal Luis Pacheco, que asumirá competencia en todos los procesos penales de la Justicia Especializada en Crimen Organizado que se tramiten bajo las normas del CPP 1980.
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