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Era director de un colegio católico

Fiscal pidió procesamiento de un sacerdote por abuso sexual

El procesamiento fue pedido con prisión, como medida cautelar para evitar que continúe con su actividad parroquial.

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El fiscal Gilberto Rodríguez solicitó en las últimas horas, el procesamiento con prisión de un sacerdote de la Iglesia Católica, investigado por los presuntos abusos sexuales cometidos contra un joven –hoy mayor de edad- cuando este tenía 14 años. El sacerdote se desempeñaba como director de un liceo católico. El joven presentó el caso ante la Dirección de Género de la Fiscalía General de la Nación (FGN), que recomendó la presentación de una denuncia penal. La jueza Penal de 13º Turno, Ana Claudia Ruibal, quien inició la instrucción y dispuso el diligenciamiento de diversos pruebas, entre ellas, el testimonio del denunciante y el denunciado y una pericia psicológica de ambos. Tras finalizar la instrucción y al analizar las pruebas recabadas, el fiscal Rodríguez solicitó el procesamiento con prisión del sacerdote, según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. El representante del Ministerio Público le imputó un delito de atentado violento al pudor, al considerar probado –al menos prima facie- la existencia de abusos, pero no de violación. El procesamiento se pidió con prisión de forma de evitar que el sacerdote continúe con el ejercicio eclesiástico, señalaron las fuentes. El delito de «atentado violento al pudor» está previsto en el artículo 273 del Código Penal y castiga al que «aprovechándose de las circunstancias en él enunciadas, realizara sobre persona del mismo o diferente sexo, actos obscenos, diversos de la conjunción carnal, u obtuviera que ésta realizare dichos actos sobre sí mismo o sobre la persona del culpable o de un tercero». La pena prevista es entre ocho meses de prisión y seis años de penitenciaría. En caso de que la víctima fue un menor de doce años, se incrementa la pena mínima a dos años de penitenciaría, con lo cual el procesamiento se produce con prisión preventiva. El caso cobró estado público en abril de 2017, tras la presentación de la denuncia penal por parte del joven. En febrero, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, se había reunido con el joven denunciante y su familia, tras lo cual las autoridades de la Iglesia Católica en Uruguay iniciaron una investigación canónica en su contra y adoptaron una serie de medidas disciplinarias contra el sacerdote. Según un comunicado difundido por la Iglesia Católica, las autoridades eclesiásticas decidieron suspender al sacerdote de toda actividad con menores, retirarlo de la parroquia y el colegio donde se desempeñaba en Brasil y suspender todas sus actividades pastorales. Asimismo, Sturla le pidió perdon al joven y su familia en nombre de la Iglesia. (N. de R.: En la edición original refería a qué en esa época el joven estudiaba en el colegio católico. Esa información es incorrecta)

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