La imputación de dos policías por la muerte de un joven en Durazno luego de que chocara contra un árbol durante una persecución policial genero polémica en la arena política.
Noticia destacada |
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Santiago, de 20 años, se accidentó el pasado 9 de agosto de 2020, cuando pretendía alejarse de la Policía, que lo seguía luego de constatar que presuntamente estaba infringiendo una norma de tránsito.
Según la fiscal, Bárbara Zapater, indicó que hubo abuso de funciones e imputó a los efectivos por homicidio, por lo que habrá juicio oral.
El pasado miércoles, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, escribió en su cuenta de Twitter que la fiscal que hizo la imputación, Bárbara Zapater, fue anteriormente secretaria de Lucía Topolansky, actual senadora por el Frente Amplio y vicepresidenta de la República en el período anterior.
En las últimas horas, la mencionada Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) emitió un comunicado donde, sin referirse puntualmente al caso, dejó clara su posición.
«En virtud de hechos de público conocimiento, que se han suscitado últimamente respecto de la actuación funcional de algunos fiscales: desde la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay nos parece oportuno destacar que es sumamente entendible que la actuación de los fiscales pueda ser objeto de distintas opiniones».
La institución entiende que es «primordial resaltar la importancia del respeto por la carrera funcional y la independencia técnica de los fiscales» y enfatiza que «se encuentran dadas las garantías en nuestro estado de derecho para controlar la actuación de los representantes del Ministerio Público a través de los órganos jurisdiccionales y administrativos correspondientes».
Además insta «a los sectores políticos y autoridades de los distintos Poderes del Estado a ser cautos en sus expresiones, en tanto, en general, no deberían existir presiones de ninguna clase sobre aquellos en los que recae la responsabilidad de ejercer la acción penal y mucho menos en particular, a través de ataques personales por motivaciones ajenas a la función de los fiscales».
Dejá tu comentario