Fiscales Penales critican “inflexibilidad” de una oficina del Poder Judicial

En esa conversación, Marquisá le informó que una fiscal de Flagrancia había remitido una solicitud de formalización contra una persona detenida, que no había tenido respuesta y que estaba por vencer el plazo de 24 horas previsto en la Constitución, y explicó que se había tramitado a través de la casilla [email protected] ante las fallas de interconexión de los sistemas informáticos de la Fiscalía y el Poder Judicial.

La respuesta desde la OPEC no fue la esperada. Se le afirmó que esa no era la vía acordada para solicitar una audiencia y que esa casilla de correo no tenía como objeto recibir solicitudes, sino que se trataba de una casilla de comunicación de la oficina a otros efectos. Pese a esto, se abrió el correo electrónico y se constató que la fiscal de Flagrancia, Stella Llorente, había enviado el pedido de formalización contra un hombre -detenido por delitos de narcomenudeo- sobre las 9:43 horas.

Ante esto, la OPEC le contestó el correo electrónico a Llorente y le solicitó la fecha de la detención, el NUNC (Número único de noticia criminal) y otros datos obligatorios. Se intentó ingresar el pedido de audiencia con los datos que surgían en la solicitud, pero la falta de estos datos lo impidió. Apenas cuatro minutos después, llegó a la Mesa de Entrada de OPEC, la fiscal de Flagrancia Adriana Edelman, y presentó la solicitud de audiencia en papel, en nombre de su colega.

Ese escrito carecía de algunos datos: no tenía número de Sippau (Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay, de Fiscalía) ni el número de solicitud. Además, el NUNC de ocho dígitos no concidía con el NUNC por año, denuncia y caso. Allí se le informa a Edelman que esos datos eran obligatorios, por lo que esta llama por teléfono a Llorente, que le pasó el número correcto.

Pero cuando el mismo se ingresa al sistema del Poder Judicial y se logra completar los rangos obligatorios, la solicitud no se pudo concretar. El sistema advirtió que el plazo de detención estaba vencido (24 horas) y no permitió ingresar el expediente. Edelman se comunicó con Llorente y le informa lo sucedido, tras lo cual se retira de la OPEC.

Tras esta situación, Marquisá volvió a comunicarse con OPEC y le manifiesta que el organismo debía “aplicar el sentido común” y fijar la audiencia ya que todas las partes -fiscal y defensa- así lo habían acordado. Además, se argumentó que esa casilla de correo electrónico fue suministrada por la propia OPEC el día anterior como contingencia por la falta de interconectividad de los sistemas informáticos y así se había utilizado.

La respuesta de la oficina fue que el plazo era de rango constitucional y que el sistema y OPEC la respetaban, que realizar la audiencia de formalización no era posible y que no se podía forzar el sistema, ya que hacerlo suponía dejar grabado en audio que se había vencido el plazo. El detenido debía quedar en libertad, y el caso pasó a estudio de la fiscal de Drogas, Mónica Ferrero, que tras analizar las evidencias determinó que no existían elementos para iniciar el proceso penal y solicitó el archivo de la causa.

El relato -que forma parte de los informes diarios elevados por la OPEC a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en relación a la puesta en marcha del nuevo CPP, que fue confirmado a Caras y Caretas Portal por representantes de la Fiscalía- muestra unos de los problemas que tuvo en esas primeras horas, la implementación del nuevo sistema procesal penal. Ahora, treinta días después, algunos de los problemas se fueron solucionando, pero una carta enviada por la Asocaición de Magistrados Fiscales del Uruguay (Amfu) a las jerarquías de la Fiscalía General de la Nación plantea algunas críticas a la actuación de la OPEC.

Inicio complicado

Las primeras horas del nuevo CPP fueron complicadas. Sobre todo en la Fiscalía. Un extenuante régimen de trabajo en algunas materias -sobre todo en el área de Flagrancia de Montevideo y en varias Fiscalías del interior-, la infinidad de llamadas telefónicas de la Policía -casi 200 en un turno de doce horas-, y las fallas en el Sippau marcaron el comienzo del sistema acusatorio.

Todo eso derivó -el lunes 13- en una conferencia de prensa de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (Amfu), con duras críticas al proceso de implementación del CPP. “Se requiere un cambio de implementación urgente, porque si no se hace urgente este sistema se cae a pedazos […] Si no se hace caso (y no se procesan cambios), este sistema se hunde. Así de fácil: este sistema se hunde”, afirmó la presidenta de Amfu, Dora Domenech.

En los días posteriores, algunas situaciones se fueron ajustando, pero otras siguen sin resolverse. Esto derivó en una carta -fechada el jueves 23- que la Comisión Directiva de Amfu envió el fiscal de Corte, Jorge Díaz, donde detallan “graves inconvenientes” en el funcionamiento del CPP, “que de no ser solucionados en breve traerán aparejados seguramente serios problemas en nuestro accionar y por ende, influir directamente en la seguridad pública”.

Allí se mencionan: las fallas del Sippau y el engorroso sistema de trabajo en el mismo (no se identifican los casos en que ya se dispusieron medidas ni existe un orden de priorización entre casos); que el sistema ingresa el 100% de los casos lo que hace imposible atenderlos todos; la existencia de problemas probatorios (la prueba anticipada de reconocimiento resulta imposible de implementar y la solicitud de una orden de allanamiento trae consigo un engorroso sistema que dificulta su aplicación); y la sobrecarga de trabajo en las Fiscalías asignadas al CPP 1980 (cuatro fiscales están a cargo de entre 18 mil y 20 mil causas); entre otras.

Asimismo, los fiscales alegan que asumieron funciones para las que no cuenta con el personal necesario. “Asumimos el 70% del trabajo que se realizaba en los Juzgados, con menos de la mitad del personal. Mientras en la Fiscalía no se da abasto, en los Juzgados los funcionarios están tomando mate y comiendo bizcochos”, dijo una integrante de Amfu a Caras y Caretas. Todo esto implicó una serie de reuniones bipartitas entre los representantes de la FGN -con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, a la cabeza- y el gremio de fiscales, que aún no redundaron en acuerdos de fondo para mejorar el régimen de trabajo. Sin embargo, las críticas también apuntan al Poder Judicial.

Apunten, fuego

En una entrevista con Radio Uruguay, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, valoró positivamente la puesta en marcha del CPP y el trabajo que realizó el Poder Judicial en este tiempo. En la misma línea, el subdirector de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, dijo -el jueves 2- que los inconvenientes constatados “son todos problemas que ha tenido la Fiscalía al asumir su nuevo rol. Desde el Poder Judicial hemos tenido 100% operativo todo lo que estaba previsto”.

Sin embargo, la carta enviada por los fiscales también señala problemas en el Poder Judicial. El punto 2 se denomina “Inconsistencias con Opec”, al que define como “un problema gravísimo y es de los puntos que más ha dificultado el trabajo de los fiscales”. Y se afirma: “el fallo de la interconectividad que se produce permanentemente hace que las solicitudes ya sea de formalización, órdenes de detención, allanamiento, etc se deban gestionar personalmente, yendo al lugar más de una vez por solicitud. La oficina (OPEC) ha mostrado ser inflexible y si no están todos los requisitos puestos las solicitudes han sido rechazadas”.

Esa actitud de la OPEC, sin embargo, contravendría lo dispuesto en el texto del CPP, valoraron los fiscales. “Las solicitudes de formalización pese a que el CPP dice que pueden ser solicitadas verbalmente, la OPEC no las acepta. En el convenio que hicieron con la Fiscalía se fijo como plazo máximo para la solicitud hasta 22 horas (de las 24 horas), pero luego por la vía de los hechos, se fijo como plazo máximo hasta las 17 horas (reloj)”, criticaron los fiscales.

A esto se suma problemas con el régimen de trabajos diagramado por la OPEC para los jueces: “Cuando se solicita una medida anticipada e interviene un juez, este juez ya queda asignado al caso y si por ejemplo es (un juez) de la tarde y las 24 horas vencen en la mañana, ya no se puede cumplir con la medida porque como se debe hacer con el juez asignado y los jueces tienen horarios de 6 horas si la medida se pide en la tarde el (juez) de la mañana no puede intervenir y ello apareja que se vencen los plazos o se debe desistir de la medida solicitada. Por ejemplo, se solicita la medida de tarde, ese juez queda asignado, y como ese juez trabaja al otro día de tarde nuevamente se vencen los plazos”.

En este sentido, los fiscales valoraron a que la OPEC se concentra en formalismos burocráticos -que no se señalen en forma clara y precisa todos los datos del proceso, por ejemplo, el NUNC-, pero incumple el artículo 266.4 del CPP, que habilita que si el imputado está detenido, la solicitud de audiencia se podrá realizar “verbalmente”. Eso fue lo que sucedió el jueves 2: una fiscal se presentó en la propia oficina, pero se rechazó su pedido y se le insistió sobre la falta de NUNC.

La inflexibilidad de la OPEC también frustró órdenes de allanamiento. Este fue el caso de un hombre requerido por rapiña, que fue detectado por la Policía y se escondío en una finca de un asentamiento en la zona de Carrasco. Los efectivos rodearon la vivienda, informaron al fiscal y este pidió la orden de allanamiento. El fiscal se presentó en la OPEC, pero esta no ingresó el pedido por la falta del NUNC. Una hora después, la Policía advirtió al fiscal que debía retirarse de la zona, porque varios vecinos comenzaron a lanzarles piedras; de lo contrario deberían reprimir.

Otros problemas

Pero estos no son los únicos problemas con el Poder Judicial. Los fiscales cuestionan la falta de celeridad en las pericias del Instituto Técnico Forense (ITF). Un fiscal investiga un posible caso de abuso de superioridad psicológica contra una persona incapaz, y para eso requiere un certificado que avale la incapacidad; el ITF le otorgó hora para principios de enero de 2018, por lo que tuvo que recurrir a un servicio privado para obtener un certificado provisorio y poder solicitar la formalización.

Estas situaciones son más complejas en el interior. Un grupo de 120 fiscales alegó que existe una extrema rígidez y apego a los protocolos por parte de los peritos, lo que impide diligenciar las pericias en un plazo prudencial; además, el ITF en Montevideo se niega a cumplir las solicitudes libradas fuera del sistema de interconexión, algo insalvable para ellos ya que están al margen de ese sistema. En el interior, también se detectó que las agendas de los jueces asignados al nuevo CPP no están coordinadas con la de los jueces del CPP 1980, lo que hace que muchas veces se superpongan instancias, por ejemplo, la reconstrucción de un homicidio investigado con el CPP 1980 con una audiencia de formalización del nuevo CPP.