Fiscalía General: Declaraciones de la fiscal Fossati son “falsas y agraviantes”

Las declaraciones públicas de la fiscal Gabriela Fossati referida a la falta de garantía de los fiscales para investigar algún caso cercano al poder no sólo son falsas, sino que también agravian a la institución y a sus integrantes. Así lo afirmó la Fiscalía General de la Nación (FGN) en un comunicado público, en el cual se decidió desmentir las expresiones de la fiscal. Días atrás, la FGN dispuso un cambio en su organigrama interno con el ascenso o traslado de unos sesenta fiscales. Entre los cambios, la FGN dispuso el traslado de Fossati desde una Fiscalía de Flagrancia y Otros Delitos a una Fiscalía CPP 1980 (que tramita las causas penales iniciadas antes del 1º de noviembre de 2017). La decisión fue cuestionada por Fossati que realizó duras declaraciones públicas sobre el accionar de la Fiscalía. La fiscal refirió -a través de sus redes sociales- a persecución por sus críticas a la implementación del nuevo CPP y al funcionamiento del departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA). Pero en declaraciones al programa Inicio de Jornada de Radio Carve, la fiscal fue más allá: “Este traslado es una presión, y es un mensaje […] Los fiscales no tenemos garantías si tenemos que investigar algún caso cercano al poder”. Estas expresiones generaron la respuesta de la Fiscalía. En esta se aclara, que la institución tiene como política “no discutir con los funcionarios”, ya que están sometidos a jerarquía administrativa, a lo que se suma que la fiscal Fossati está en uso de licencia médica pero la difusión mediática de sus dichos hace necesario “hacer una serie de puntualizaciones”. En este sentido, la Fiscalía afirma que días atrás se realizaron más de sesenta designaciones en vía de ascenso y traslado, que se realizaron “sin ningún tipo de inconveniente” salvo el caso de Fossati. Asimismo, estas designaciones “se realizaron por actos administrativos motivados en razones de servicio y bajo la premisa constitucional de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”, señala la FGN. Se afirma que el traslado de Fossati no implicó “ningún menoscabo en sus derechos laborales”, ya que se le mantuvo la misma categoría y materia -”la única diferencia es el régimen procesal por el que tramitan las causas”-. Por este motivo, la afirmación de que el traslado es “una sanción” -como alegó Fossati- “contiene implícitamente una descalificación por la labor que desempeñan estas fiscalías, así como un menosprecio por los derechos de las personas comprendidas en la causas que allí se tramitan”. “Sostener que se trata de una persecución por sus expresiones constituye un agravio gratuito a quienes han propiciado y defendido la libertad de expresión de los fiscales en todas las instancias posibles, incluso en el Parlamento Nacional”. Tampoco puede decirse que es una persecución gremial, ya que Fossati no integra la dirección de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay ni representó al gremio en ninguna instancia de negociación con la Fiscalía. Por otro lado, la afirmación de que no existen garantías para investigar causas cercanas al poder “no sólo es falsa sino agraviante”, ya que en los últimos tiempos los representantes de la Fiscalía -como el fiscal Juan Gómez- solicitaron el enjuiciamiento de dirigentes políticos de primera línea, como ser el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el ex presidente del Brou, Fernando Calloia. Además, se señala que desde el 1º de noviembre “todas las denuncias por delitos de corrupción pública en el departamento de Montevideo, en función del criterio de especialización, deben ser investigadas por la Fiscalía de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos a cargo del doctor Enrique Rodríguez, sobre cuya idoneidad técnica y ética no pueden haber cuestionamientos”. Por último, la FGN defendió los criterios de asignación de casos utilizados por la DPA, algo que fue foco de las críticas de Fossati. Estos criterios “son objetivos y surgen de la ley, las resoluciones del jerarca del servicio y de las instrucciones generales elaboradas por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales del cual participa la Asociación de Fiscales. Éstos criterios son públicos y comunicados al Parlamento y al Poder Ejecutivo”, afirmó la FGN.