El primer presidente negro de los Estados Unidos (EEUU), Barack Hussein Obama (que pasará a la historia como el vencedor de la Gran Recesión que desataron los Bush), dejó dos legados excepcionales en materia económica: impulsó el mayor experimento keynesiano desde la Gran Depresión de 1929 (llevado adelante por J. M. Keynes y Franklin D. Roosevelt, que terminaron la crisis y crearon el Estado de bienestar) y logró ubicar en puestos estratégicos a integrantes de la “barra del MIT”, que saben que los equilibrios globales en materia de producción, distribución, comercio y equidad son la única posibilidad de lograr un mundo en paz, dejando autoridades económicas nacionales y multilaterales de excepción. Al frente de la Reserva Federal quedaron Janet Yellen y Stanley Fischer, a los que tocó administrar con cautela la “fase descendente” de las políticas de estímulos, y partidarios a ultranza de las regulaciones del sistema financiero nacional e internacional; como titular del Banco Central Europeo (BCE) logró ubicar a Mario Draghi, que dejando atrás un pasado negro se convirtió en el impulsor de la terapéutica que está llevando a Europa (pese a Angela Merkel) por el camino del crecimiento y la baja del desempleo; y finalmente -en una operación de alta ingeniería política- colocó en el estratégico cargo de economista jefe del Fondo Monetario Internacional a Maurice Obstfeld, que ha reducido a la abogada corporativa procesada por la justicia francesa Christine Lagarde a un rol decorativo. Caras y Caretas ha informado cómo Obstfeld, que define las políticas y escribe los informes del FMI de su puño y letra, ha aconsejado una suba moderada de las tasas de interés, mayor equidad y mayores regulaciones al sistema financiero en EEUU (contrariando las tesis del presidente Donald Trump); y el mantenimiento de los estímulos económicos en Europa. Es verdad que llegó el “huracán Trump” y va deshaciendo lo logrado: Stanley Fischer se fue y Janet Yellen será sustituida por un abogado corporativo partidario de desregular el sistema financiero (dejando a las pirañas sueltas en la pileta), pero Draghi y Obstfeld siguen en sus puestos. El problema es que el “nuevo” FMI no ha llegado aún a la periferia, incluyendo a Uruguay. Recomendaciones del FMI a Uruguay El jueves 7, la misión del FMI en Uruguay, encabezada por el funcionario holandés Jean Kees Martijn, dio difusión pública al informe de la revisión anual titulado Declaración del personal del FMI al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2017. La evaluación se realiza a todos los países integrantes del organismo, tengan o no programas con él, luego de un análisis que dura dos semanas. El documento aclara que se trata de “conclusiones preliminares” que deben ser refrendadas (o no) por el Directorio Ejecutivo del FMI. El texto comienza con una sucesión de elogios, afirmando que “Uruguay ha llegado a un nivel ampliamente satisfactorio en 2017”, con un crecimiento más fuerte del PIB y que el aumento del desempleo desde el 2012 se ha detenido. “Una política monetaria restrictiva y la apreciación del tipo de cambio han contribuido a un notable descenso de la inflación, la cual por primera vez en siete años se ha situado dentro del rango meta fijado por el Banco Central. El saldo en cuenta corriente ha venido mejorando y actualmente es superavitario, en tanto el gobierno ha reducido el déficit fiscal y continúa accediendo a los mercados internacionales en términos favorables. Además, el país ha mantenido su sólida trayectoria de promoción de la inclusión social, incluida la igualdad de género”, enumera el trabajo. El documento destaca que la inflación disminuyó a 6%; las tasas de interés reales a corto plazo disminuyeron a 2%-3%; la tasa de crecimiento del PIB real se duplicará, de 1,5% en 2016 a 3,1% en 2017, impulsada principalmente por el consumo privado y las exportaciones, con una temporada turística excepcionalmente buena, y afirma (en el subtítulo ‘El ajuste fiscal avanza’) que “según nuestras proyecciones, el déficit general disminuirá a 3,3% del PIB”. Sin embargo, señala riesgos para la competitividad derivados del tratamiento del tipo de cambio (lo que hemos llamado siempre sobrevaluación de la moneda nacional o “atraso cambiario”) al afirmar que “el tipo de cambio real multilateral se apreció en 12,5% entre abril de 2016 y julio de 2017”. Al respecto concluye que “la apreciación real frente al resto del mundo ha debilitado la competitividad de las exportaciones para muchos productos agrícolas y de manufactura […]. Después de que Uruguay lograra diversificar sus productos y destinos de exportación durante los últimos 15 años -lo que redujo enormemente su vulnerabilidad a los shocks recurrentes en los países vecinos-, una pérdida de competitividad prolongada podría poner en riesgo estos avances”. Y respecto a la discusión sobre si Uruguay padece atraso cambiario, el FMI señala que “nuestro modelo de tipo de cambio real efectivo -que no depende de una evaluación de la posición de la cuenta corriente- indica que el peso se encuentra sobrevaluado 14%”. El ministro Danilo Astori, que tanto se ha referido al tema, tiene ahora la oportunidad de contestarle al FMI. El capítulo ‘Perspectivas y riesgos’ señala que “el personal técnico prevé que la recuperación continúe”. El crecimiento se mantendría por encima de la tasa potencial de 3% en 2018 y 2019 “gracias a la inversión planificada en infraestructura ferroviaria”; en tanto que la inflación subirá a 6,5% a 2017, pero posteriormente se espera que descienda a alrededor de 6%. Agrega el informe que “este panorama esencialmente favorable está expuesto a riesgos con impacto positivo y negativo no triviales” y destaca que “por el lado positivo, las autoridades han cerrado un acuerdo, en principio, con la empresa finlandesa UPM para una posible inversión extranjera en la tercera planta procesadora de pasta de celulosa de Uruguay, que sería el proyecto de inversión extranjera directa más grande en la historia del país y podría infundir más confianza y dar más impulso al crecimiento […] los riesgos a la baja incluyen una pérdida prolongada de competitividad”. También hace una lista de factores externos que no enumeramos, porque siempre -y mucho más en un mundo globalizado- nuestro país ha estado sujeto a precios y decisiones del resto del mundo. Como fortaleza, el texto señala también, y en esto coincide con el ministro Astori, que “el país tiene la posibilidad de soportar los shocks concebibles a corto plazo”, afirmando que “las grandes defensas que tiene Uruguay -reservas brutas del Banco Central, activos financieros líquidos y líneas de crédito contingente en instituciones financieras internacionales- permitirían al país soportar posibles shocks a corto plazo y salir relativamente indemne”. Sutilmente señala al final que “otro mecanismo importante de absorción de impactos es que el tipo de cambio se ajuste en función de las variaciones de los fundamentos económicos”, es decir, una devaluación. Recordando las crisis de 1982 y 2002, es de esperar que este ajuste no sea necesario. Las recomendaciones del FMI El capítulo titulado ‘Recomendaciones de Política’ comienza con el título ‘Mantener la inflación baja’. Señala que las autoridades deberían moderar la volatilidad de las tasas de interés a corto plazo; trabajar sobre la indexación salarial, el alto grado de dolarización y el bajo nivel de crédito en pesos. En relación al tema salarial, el documento recomienda: “Utilizar la ronda de negociación salarial de 2018. En los acuerdos salariales (plurianuales) de 2018 será importante mantener la moderación del crecimiento del salario anual nominal a fin de estabilizar la inflación a mediano plazo […]. Otro paso para reducir la inercia inflacionaria consistiría en eliminar las cláusulas, aún presentes, que prevén la indexación salarial retrospectiva en caso de registrarse una inflación mayor que la esperada”. Aquí está nuevamente uno de los eternos pilares de las políticas del FMI para los países subdesarrollados: eliminar la indexación de las retribuciones al trabajo, de forma que absorban el impacto de la inflación pasada, perdiendo poder adquisitivo. Esta medida contiene la inflación de la peor manera posible: reduciendo el consumo, la producción y consecuentemente la actividad económica, que se mide en el PIB. El poder adquisitivo que se reduce es el de los asalariados, el más importante factor de producción, dicho esto sin tener en cuenta el “factor humano” ni ninguna consideración o noción de justicia. Una acción de este tipo constituye de hecho una apropiación indebida (implica una transferencia masiva de recursos de un sector social a otro) y debería ser objeto de análisis jurídicos para concluir si se trata o no de un delito. En la conferencia de prensa que otorgó, la misión fue más clara: “Respecto a cómo lograrlo, Kees Martijn dijo a El País que ‘no tenemos una lista de gastos a cortar’, pero, ‘por ejemplo, hice hincapié en la importancia de moderar aumentos salariales y eso se extiende al sector público’”. Rebajar salarios y, como veremos enseguida, también jubilaciones; nada de afectar las ganancias de los sectores privilegiados, que invierten tan poco en el país que el equipo económico permanentemente apela a la inversión extranjera. Siguen los consejos para aumentar la desdolarización: “El uso de las reglamentaciones prudenciales (por ejemplo, manteniendo requisitos de reservas más altos para los depósitos en moneda extranjera) y promover que los precios para las operaciones locales estén cotizados en moneda local”. La siguiente recomendación refiere a ‘Un tipo de cambio flexible’ y condena las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios: “Las intervenciones deberían limitarse a contrarrestar las anomalías del mercado […] tampoco pueden sustituir las reformas estructurales necesarias para mejorar la productividad y la flexibilidad de la economía y, por ende, la competitividad”. En relación al Presupuesto 2018, ya aprobado, se señala que “reafirma el compromiso del gobierno con la reducción del déficit a 2,5% del PIB para 2019. Sin embargo, el aumento de los aranceles de importación para los bienes de consumo (en tres puntos porcentuales, que se estima que representen 0,1% del PIB) no ayuda, ya que va en contra de los esfuerzos actuales de integración comercial de Uruguay”. La misión del FMI aconseja también “tratar de alcanzar la meta de déficit de 2019 antes y revertir la reducción de la inversión pública”. Señala al pasar que “el pasivo implícito que surge de los déficits futuros del pilar de prestaciones definidas del sistema de pensiones debería ser evaluado y controlado cuidadosamente”. Obsérvese que no se nombra nunca a los trabajadores ni a los jubilados; solamente se habla de reducir o “controlar” sus retribuciones. Agrega a continuación otra serie de buenos deseos, como que “las empresas públicas uruguayas deben ser administradas con cuidado”; el sector financiero debe ser más funcional; señala que “el crédito bancario sigue siendo escaso y no ha operado como motor de crecimiento”; “la utilización de nuevos instrumentos del mercado de capitales para financiar la infraestructura pública, entre otros medios, a través de asociaciones público privadas […], puede ayudar a desarrollar los mercados financieros locales y promover la competencia dentro del sistema financiero” (lástima que no se tome debida nota de la aversión al riesgo que parece dominar a nuestros empresarios, N. de R.). Y afirma rotundamente que “mantener la estabilidad del sector bancario es una prioridad”: ahí sí la misión del FMI se preocupa. Mucho. Final con dardo envenenado El final del documento, como el comienzo, llega envuelto en elogios: se afirma que “el clima empresarial de Uruguay se apoya en las instituciones sólidas y la estabilidad del país. Más aun, el país se encuentra cada vez más integrado en los mercados mundiales. Ha cambiado a fuentes de energía renovables para el suministro de energía y ha desarrollado conexiones para exportar la oferta excedente a Argentina y Brasil. También está implantando un sistema integral de cuidados para apoyar la participación más amplia de la mujer en la economía”. Esto le permite afirmar que “ambiciosas reformas estructurales podrían ayudar a mantener un crecimiento robusto a mediano plazo en un contexto de reducción de la población activa debido al envejecimiento demográfico”. ¿Cuáles son esas reformas?: “[…] i) mejorar el nivel educativo y la calidad de la educación […]; ii) propiciar una mayor integración económica con los países de la región y otras regiones con mejoras en la infraestructura y la firma de nuevos tratados de libre comercio; y iii) aumentar la flexibilidad del mercado laboral para facilitar los desplazamientos […] y asegurar que los aumentos salariales obedezcan a mejoras de la productividad”. Así, recomendando eliminar conquistas sociales que vienen desde siglos atrás para aumentar la tasa de explotación -como ocurre en Brasil y se busca en Argentina-, culmina el documento, antes de agradecer “a las autoridades por la cálida hospitalidad, el diálogo franco y la calidad de la interacción”. En 2006, un jubiloso gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vázquez canceló las obligaciones con el FMI y señaló que no seguiría más sus indicaciones. Los tiempos cambian: Vázquez ha ganado muchísimo en estatura internacional como estadista y el FMI está liderado por un economista de la “barra del MIT”, que escribió en 1993 con Paul Krugman el monumental libro Economía internacional: teoría y política (McGraw-Hill, 876 páginas), uno de los motivos por los cuales su amigo, correligionario y coautor recibió el premio Nobel de Economía en 2008. En los próximos años, Vázquez podría ser un interlocutor ideal con un nuevo FMI sobre las necesidades y requerimientos reales de América Latina, sentando las bases de una relación fecunda para todos.
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