En mayo de 2017, los diputados Rodrigo Goñi y Jaime Trobo (Partido Nacional) y el ahora ex diputado Gonzalo Mujica presentaron una denuncia penal por los negocios del Fondo para el Desarrollo (Fondes). En la denuncia -patrocinada por el abogado Enrique Möller- se señalaban posibles ilícitos en el manejo de fondos públicos por la concesión de préstamos a las cooperativas. Ante esto, la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, y el fiscal Luis Pacheco dispusieron la citación, en calidad de testigos, de varios personas, entre ellas el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, y el diputado Daniel Placeres (integrante de la cooperativa Envidrio, que declarará por exhorto). Pero también, se dispuso en la citación, en calidad de indagados, de varios jerarcas del anterior gobierno vinculados con la operativa del Fondes. En esta calidad fueron citados el ex director de la OPP, Gabriel Frugoni, el ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Buonomo, y el ex director de Industria, Sebastián Torres. En sus respectivas comparecencias, los tres ex jerarcas defendieron la creación del Fondes y los trabajos técnicos efectuados para la asignación de los créditos. Sin embargo, fue el testimonio de Torres -que actualmente trabaja en Ecuador- el que generó más revuelo. Durante la audiencia, el ex jerarca -representado por el abogado Andrés Ojeda- brindó un detalle pormenorizado del proceso de concesión de los créditos otorgados hasta junio de 2013, cuando abandonó el cargo (Pressur, Funsacoop, Envidrio, Cotrapay y la Cooperatia de Empalme Olmos -ex Metzen & Sena-). Ante la Sede, explicó el sistema para otorgar los créditos. “La primera etapa era la elegibilidad del proyecto, que cumpliera con la autogestión y la viabilidad desde el punto de vista técnico. Había un ida y vuelta desde la Unidad Técnica y los cooperativistas, se traída un proyecto primario y se entregaba en ventanilla. El segundo paso es el proyecto en si mismo y eso podía tardar de dos a seis meses, ahí básicamente se entregaba el proyecto a la Unidad Técnica. El paso tres es que la Unidad Técnica analizaba el proyecto formalmente y luego del dictamen si se recomendaba aprobar el proyecto pasaba a la Junta Técnica”, señaló Torres, según el acta a la que accedió Caras y Caretas Portal. Posteriormente, esa Junta Técnica definía si aceptaba el proyecto y lo enviaba a un fideicomiso de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), denominado Conafinafisa. “El paso quinto era una instrucción del presidente de Conafinafisa instruyendo respecto al préstamo, calendario, pago, etc. Otro paso es que en la resolución de interés, antes de que pase a Confin, se expedía el presidente de la República y el ministro de Industria, porque casi todos los proyectos correspondían a esta cartera”. El último paso “es el contrato de préstamo firmado por Conafinafisa y los cooperativistas. Luego había instancia de seguimiento de los proyectos, una etapa de control de reembolsos; para eso contratamos a Conafinafisa. Otro aspecto es la Unidad Técnica, que seguía en contacto con la cooperativa y en la Junta veíamos la información que nos llegaba”, afirmó Torres. Aseguró que existía un control de los proyectos -que eran de 5 a 10 años de vigencia- y que sin un informe favorable de la Unidad Técnica el proyecto no llegaba a la Junta. También afirmó que las garantías que se le pedían a los cooperativas eran las que definía el decreto, que incluía fianzas solidarias por los trabajadores y otras garantías adicionales que se definían por parte de Conafinafisa. En este sentido, Torres valoró que en ese proceso se cumplieron con todos los requisitos previstos en el decreto Nº 341/2011, que creó el Fondes: “Por definición, todo proyecto industrial ya sea de empresas o de cooperativas, tiene en la práctica alguno de los problemas que reseña el artículo 27. lo que hay que considerar es que en su conjunto los proyectos entregados al Fondes eran viables y sustentables, es decir, que los problemas señalados anteriormente, estaban resueltos. Por otra parte, y de acuerdo a lo que se especifica en el mismo artículo se habilitan excepciones para empresas autogestionarias (que pudieran tener algunos de estos problemas)”. Ante esto, el abogado Möller le preguntó quienes eran los integrantes de Conafinafisa durante el período. Una pregunta relevante, en virtud de la importancia de este fideicomiso al momento de definir la entrega de los créditos. La respuesta de Torres sorprendió a los presentes: “Adriana Rodríguez como presidenta, el economista Pablo Gutiérrez, era el vicepresidente, y Rodrigo Goñi, como director, que renuncia en febrero de 2013”. “Todos los préstamos pasaban por estas tres personas, que eran los que firmaban los préstamos. De cuatro de las empresas que me preguntaron los préstamos, la firma fue por parte de Rodríguez y Gutiérrez y, en el caso de Funsacoop, firmó Goñi con Rodríguez. Esta señal de control me parece importante: que Conafinafisa estuviera integrada por gente de uno de los partidos de la oposición”, enfatizó Torres. Para confirmar su declaración, el ex jerarca presentó documentos donde aparece la firma de Goñi. En este sentido, el testimonio de Torres podría implicar una ampliación de las personas citadas a declarar en la causa, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. Entre estos posibles citados, estarían los integrantes del directorio de Conafinafisa, en virtud de la relevancia que tenía el fideicomiso para la definición de los créditos. Todos ellos serían citados como indagados,. Esto haría que el diputado Rodrigo Goñi, pase de denunciante a indagado, dijeron las fuentes. Una crítica a la denuncia Además de explicar la operativa del otorgamiento de créditos, el ex director de Industria defendió la gestión del Fondes y descartó que la pérdida alcance los 53 millones de dólares. “Voy a asumir que la contabilidad que se maneja es correcta, pero quiero decir que no se perdió esa cifra. De estos cinco préstamos, hay una empresa que cerró, Cotrapay, de la cual el Fondes seguiría recibiendo algo, hay tres que no han cerrado y, en particular, el caso de Funsacoop ha devuelto lo prestado. Todo esto sin cuestionar los criterios que se manejan desde el punto contable, hay empresas que se mantienen, que trabajan y otras que han devueltos sus préstamos”. Al mismo tiempo, el ex jerarca cuestionó algunos aspectos de la denuncia por cuanto presenta información parcial sobre la supuesta viabilidad de algunos proyectos, como Pressur. “Las citas que se toman en la denuncia corresponden a algunas debilidades del proyecto que mencione, pero ese informe también hace mención a las fortalezas, como participación de los trabajadores, que utiliza maquinaria de punta, etc. Digo el primer informe, porque producto de las debilidades que se mencionan la Unidad (Técnica) recomienda revisar el proyecto y en base a esa resolución que se firma un convenio entre COEP, presidente del Fondes y el accionista buscando solucionar esas debilidades. Y por tercero, hay un segundo informe técnico, que no se nombra en la denuncia, que cita que se resolvió el problema planteado en primera instancia y recomienda su aprobación”. Además, destacó que los 863 millones de pesos otorgados en préstamos fueron intervenidos por el Tribunal de Cuentas y que Conafinafisa estaba a cargo del control de los mismos. “Adicionalmente existen tres auditorías externas: una de KPMG del año 2012 y en 2013 y 2014 por Grant Thorton Uruguay”, expresó Torres. Incluso, el ex jerarca dijo que las auditorías de 2013 y 2014 reflejan que esos años el fideicomiso obtuvo ganancias por las inversiones efectuadas. “Serían 25 millones de dólares de ganancia del fideicomiso. Aún considerando los montos que se pagaban al fideicomiso, el saldo neto por estas inversiones durante el período analizado es positivo”, afirmó Torres.
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