Francisco, el vigilado

Cambio Nelson (Camvirey SA), una de las casas cambiarias más importantes de Maldonado y Punta del Este, cerró sorpresivamente sus puertas el miércoles 22 de febrero. Un día después, su propietario, el diputado (suplente) Francisco Sanabria abandonó Uruguay en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. Allí abordó un avión de American Airlines rumbo a su destino final: Miami (Estados Unidos). Al otro día partieron su esposa, Claudia Serna, y sus hijos. Su paradero era desconocido. Hasta hace unos días. Los servicios de Interpol identificaron la residencia de Sanabria en Estados Unidos y realizan un monitoreo permanente de sus pasos a la espera que la Justicia uruguaya recabe los elementos probatorios suficientes para librar una orden de captura internacional en su contra. Es que el juez Letrado de Maldonado, Marcelo Souto, y el fiscal Rodrigo Morosoli indagan el conjunto de negocios entablados por Cambio Nelson ante una veintena de denuncias presentadas por clientes de la casa cambiaria por delitos de apropiación indebida, emisión de cheques sin fondo y estafa. La primera fue presentada sobre las 18.30 horas del jueves 23, cuando Sanabria se subía al avión para dejar suelo uruguayo. Las denuncias dejaron al descubierto la operativa ilegal de la empresa. Se estableció que Cambio Nelson captaba depósitos de particulares y otorgaba préstamos, una actividad prohibida para estas entidades financieras. Ante esto, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) dispuso el embargo preventivo de las cuentas bancarias de Camvirey SA y de sus propietarios y la inmovilización de sus fondos; la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, ratificó la medida. En forma paralela, el juez Souto y el fiscal Morosoli profundizaban la indagatoria penal sobre Sanabria, su entorno y sus negocios. Se dispusieron allanamientos de propiedades de la familia y de las distintas sucursales del cambio (en Maldonado, Montevideo, Rocha, Río Negro y Colonia), se libraron oficios a diversos organismos estatales. También se dispuso la citación de “ahorristas”, trabajadores y representantes de Cambio Nelson de forma de establecer la existencia de ilícitos y sus responsables. Mientras tanto, Sanabria aguarda el desenlace de la indagatoria en Miami, alojado en una lujosa casa ubicada en 4611 Bocaire Blvd., propiedad de su suegro, Jorge Serna, exgerente general del hotel Conrad de Punta del Este, dijeron fuentes del caso a Caras y Caretas. Se trata de una propiedad ubicada en el condado de Boca Raton, a unos 40 minutos del centro de Miami, próximo al coqueto distrito de Deerfield Beach. Efectivos de Interpol están cerca, a la espera. La operativa En enero, las autoridades del BCU recibieron los estados contables de Camvirey SA cerrados al 31 de diciembre de 2016. Los mismos eran consistentes con los datos contables de semestres y ejercicios anteriores y reflejaban un total de activos de 4 millones de dólares. De esos, unos 3 millones de dólares eran flujo de caja; el otro millón refería a colocaciones en el sector financiero (500.000 dólares), créditos diversos o bienes de uso. De esta forma, el patrimonio de Camvirey SA era consistente con una empresa de su porte en la operativa de compra y venta de moneda. A esto se le sumaba un volumen cercano a los 900.000 dólares relacionados con el contrato con Redpagos –para operar como local de cobranza–, unos 500.000 dólares de cobranzas realizadas y otros 300.000 dólares recibidos de sus clientes para efectuar pagos de facturas. Sin embargo, existía una operativa oculta, por fuera de la normativa legal, afirmaron las autoridades del BCU al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. “En ningún momento el BCU recibió absolutamente ninguna denuncia de operaciones no autorizadas de ninguna de las sucursales de Cambio Nelson […] Con respecto a la información que el propio cambio remite directamente a la base de información del BCU, tampoco se había informado ninguna operación que uno pudiera considerar no autorizada o sospechosa”, dijo el presidente de la entidad monetaria, Mario Bergara, ante los legisladores. Bergara explicó que al otro día de conocerse el cierre, una delegación del BCU se hizo presente en el local central de Cambio Nelson y fueron atendidos por el operador del cambio, Nelson Calvete, y la oficial de cumplimiento, Soledad Ubilla. “Vía telefónica, su propietario [Sanabria] había prometido estar en la instancia, eso no ocurrió”, señaló. En esta instancia, se obtuvo información de un sistema informático paralelo, “que no estaba en los balances” y que permitió detectar la operativa ilegal Ese sistema informático permitió identificar la totalidad de clientes de Cambio Nelson. Unos 800 tenían saldo cero. Se trataba de personas que habían efectuado cambio de divisas por más de 3.000 dólares y que –de acuerdo a la normativa del BCU– debían ser identificados y registrados. Además, se constataron 224 “deudores”, es decir, personas a las cuales Cambio Nelson les pagaba diversas facturas y que al tiempo concurrían y pagaban su deuda con la empresa. Además, existía un listado de 379 clientes con saldos de acreedores –no reportados en la contabilidad– por un total de 10,7 millones de dólares. Cuando se empieza hilar más fino se pueden distinguir dos tipos de acreedores, explicaron las autoridades. La mayoría (357) tenía saldos menores a 6.000 dólares, que pueden asociarse a actividades de pago de gastos, es decir, personas no residentes en la zona que depositaban dinero en Cambio Nelson para que este abonara sus facturas durante el año. Los otros 22 acreedores eran personas con depósitos por más de 50.000 dólares que “obviamente respondían a una actividad no autorizada”. En estos casos, el total ronda los 8,5 millones de dólares. “O sea que más de 80% del monto del que estábamos hablando no era una cosa masiva de paisanos distraídos que, pensando que era un banco, ponían la plata en una casa de cambio […] Estamos hablando de que hay una veintena de personas que esencialmente podían estar en esa actividad que, sospechamos, era no autorizada”. “Una cosa es tener 3.000 o 4.000 dólares ahí para que paguen los gastos comunes y las facturas de algunos meses, y otra es tener 200.000, 600.000, 800.000 dólares”, agregó Bergara. Otro dato relevante es que entre los “acreedores” figura la propia empresa por un monto de 118 millones de pesos (4 millones de dólares). El BCU no pudo obtener una explicación razonable ni del sistema informático, ni del contador de Cambio Nelson, el expresidente del BCU, Humberto Capote, ni de la oficial de cumplimiento ni del operador del cambio sobre esa deuda del cambio con sí mismo. Además, el BCU estableció que la empresa tenía un saldo de “deudores” por 8 millones de dólares, de los cuales 5,8 millones de dólares correspondían a empresas vinculadas o presuntamente vinculadas al grupo Sanabria. La presunción es que ese fondeo de dinero que se estaba recibiendo era desviado hacia las empresas vinculadas al grupo. “Uno razonablemente debería tener la sospecha de que hay cosas que se estaban haciendo en el recinto del cambio, pero por fuera del cambio”. “Entre sus saldos deudores […] la mayor parte era de empresas vinculadas al titular del cambio. Era una operativa en la que se obtenían ciertos recursos de un número, reitero, muy reducido de agentes para financiar empresas vinculadas al titular”, señaló Bergara. La caída Cambio Nelson no era uno más en la plaza uruguaya. La empresa inició su operativa en 1998, con un único accionista y director, el exlegislador colorado Wilson Sanabria, padre de Francisco, fallecido en 2015. Al influjo de los vínculos de Sanabria con el poder, Cambio Nelson comenzó a consolidar un lugar de relevancia en el mercado, sobre todo en Maldonado. Esa relevancia quedó de manifiesto en una evaluación al conjunto de las casas de cambio que se realizó en junio de 2016. Allí se constató que estas entidades tenían activos por 40 millones de dólares y pasivos por 7 millones de dólares. Camvirey SA era un actor importante: tenía una participación de 9% del total de activos de las casas de cambio y lideraba el ranking de utilidades con 10% del total de ganancias. Sin embargo, en febrero de 2016, Camvirey SA comenzó a generar señales de alerta, ya que se produjo un atraso en los pagos a la red de cobranza Redpagos. Sanabria, en representación de la empresa, alegó que tenía “algunas problemas”, por lo que Redpagos pidió un refuerzo de las garantías, que se cubrió con algunas propiedades de la familia. En octubre, el cambio volvió a plantear dificultades y la red de cobranzas le pidió “fiadores solidarios”. Estos fueron su madre –que tiene bienes propios producto de su herencia familiar– y su hermana. Los bienes aportados por la familia Sanabria en garantía cubrirían los 2,5 millones de dólares que se adeudaban con Redpagos al momento del cierre, dijeron fuentes de la empresa a este medio. Pero la calesita financiera de los negocios de Sanabria y Cambio Nelson llegó a su punto de inflexión. Camvirey SA –representando por el abogado Julio Soffer– se presentó a concurso judicial de acreedores. Allí, reconoció deudas por $ 247.173.139 (8,7 millones de dólares) y tener saldos a cobrar por $ 278.987.679 (9,8 millones de dólares), informó el diario El Observador. En este sentido, la empresa propuso a sus acreedores –empresas y particulares– pagarles sólo la mitad de la deuda y en 24 cuotas bimestrales. Esas cuotas comenzarán a abonarse recién a los 180 días de que se llegue al acuerdo y que este sea aprobado por la Justicia. El expediente cayó bajo la órbita de la jueza de Concurso de 1er. Turno, Sylvia Rodríguez. Sin embargo, el concurso fue objetado por la Sede. Se detectó que la representación que se invocó en el escrito “le fue conferida por Francisco Sanabria Barrios y no por Camvirey SA”, por lo cual el proceso no podía prosperar. Ese aspecto se subsanó, ya que días después, se presentó la abogada Patricia Márquez –esposa del abogado Alejandro Balbi e integrante del Estudio Jurídico Lafluf, Márquez & Curbelo– con un poder especial para pleitos otorgado por Camvirey SA. Según ese poder, Márquez tiene la potestad de representar a esta sociedad en cualquier asunto que tuviere pendiente o que haya de iniciar o se le promueva en el futuro, ya sea como actora, demandada o tercerista. Pero la otra observación, tal vez la más importante, aún no fue levantada. Un informe de la secretaria contadora del Poder Judicial presentó objeciones sobre los datos contables presentados por Camvirey SA. Ante esto, la jueza Rodríguez determinó que se deben presentar nuevamente los documentos que justifiquen la lista de acreedores para iniciar la moratoria. En caso contrario, el concurso quedará sin efecto. Camvirey SA no fue la única empresa del grupo en ingresar a concurso de acreedores. La empresa Sucesores de Wilson Sanabria, titular de dos explotaciones agropecuarias –un tambo y una explotación de cría, recría y engorde de ganado para frigorífico– siguió el mismo camino. En este caso, la familia Sanabria reconoció deudas por 10,6 millones de dólares. ¿Lavado de activos? La primera denuncia contra Sanabria fue por la emisión de un cheque sin fondos. El monto: 90.000 dólares. Fue presentada por el padre de un trabajador de Cambio Nelson. Al otro día se le sumó otra denuncia por el mismo delito, por una cifra superior, 206.000 dólares. El transcurso de las horas hizo que las denuncias aumentaran y los montos se multiplicaran. También se sumaron denuncias por estafa y apropiación indebida. Sin embargo, no se descarta que próximamente se sumen nuevas denuncias, ya que en plaza hay varios cheques con la firma de Sanabria que, se presume, serán incobrables. En este marco, la Justicia de Maldonado indaga todo el contexto familiar y laboral de Sanabria y de Camvirey SA. Por este motivo, se dispuso la citación de los denunciantes y de varios testigos –incluidos varios trabajadores–. Ante la Sede, algunos trabajadores confirmaron que Cambio Nelson tenía un sistema paralelo de registro de clientes y que Sanabria recibía gente en su oficina fuera del horario de atención al público, lo que hace presumir que se operara por fuera de ese propio sistema paralelo. Sin embargo, uno de los ejes de la investigación refiere a la actuación del operador del cambio, Nelson Calvete, y de los encargados de controlar la operativa del cambio. En su comparecencia ante la Cámara de Senadores y ante la Sede, el BCU apuntó contra la actuación del contador de Cambio Nelson, Humberto Capote, y de la oficial de cumplimiento, Soledad Ubilla. Ante los senadores, el BCU consideró que estos profesionales incurrieron en un apartamiento de las normas al momento de informar sobre los estados contables de la sociedad. “Hemos verificado que hay un notorio apartamiento de las normas de información financiera que el BCU emite en la compilación que la empresa, a través de su contador, presentaba al BCU”. “Uno pueda sospechar la intencionalidad de ocultar […] la presencia de los saldos acreedores y deudores, que en última instancia era lo que hubiera dado la señal al BCU de que se estaban haciendo transacciones no autorizadas”, dijo Bergara. Capote –quien como presidente del BCU autorizó en 1998 la operativa de Cambio Nelson– y Ubilla serán citados como indagados. Asimismo el juez Souto solicitó a las autoridades del BCU que informen a la Sede cuáles son los “indicios” de lavado de activos que se plantearon en el informe primario sobre la operativa del cambio. En caso de comprobarse este extremo –tanto por la operativa del grupo Sanabria como por “acreedores” que no puedan justificar el monto de los depósitos en la casa cambiaria–, esta parte de la investigación será derivada a la Justicia Especializada en Crimen Organizado. Otro de las ejes de la investigación refiere a las transferencias de dinero desde Cambio Nelson hacia otras empresas del grupo y a la versión de que antes de abandonar Uruguay, Sanabria se habría apoderado de unos 2,5 millones de dólares de la empresa. Ese dinero no pudo recuperarse en los allanamientos ni existen registros que justifiquen su destino. En este marco, la Justicia rastrea una cuenta bancaria a nombre de Sanabria y de su esposa en el Bank of America de Boca Raton. Una de las denuncias señala que en caso de transferirse dinero al exterior, es “probable” que haya sido hacia ese destino.

***

El suegro de Francisco

A principios de siglo, Jorge Serna, suegro de Francisco Sanabria, estuvo implicado en un hecho confuso. Serna era gerente general del hotel Conrad. El hotel regenteado por el grupo Hilton tenía un contrato con los gerentes por los cuales si se superaba un margen de ganancia por el juego en el casino, estos recibirían un bono de fin de año. A las 23.30 horas del 31 de diciembre de 2002 faltaban unos 800.000 dólares para alcanzar la cifra estipulada. En ese momento, existió un acuerdo entre todos los gerentes, Serna y, presumiblemente, su jefe para documentar una ganancia por esa cifra y que se había cumplido con el objetivo. Sobre la 1.00 del 1º de enero de 2003, en el casino se documentó una pérdida de 800.000 dólares, con lo cual el saldo volvió a cero, pero todos los gerentes ya eran beneficiarios del bono. La maniobra fue detectada por el contador del casino, Benedetto, quien le informó a las autoridades de la cadena Hilton en Estados Unidos lo que había pasado. También se enteró Evaristo Chopitea, un uruguayo que integraba la lista de accionistas minoritarios del hotel. Chopitea presentó la denuncia policial y el caso fue asumido por la Justicia. La investigación avanzó y el fiscal Gustavo Zubía solicitó el procesamiento de Serna y otro gerente por un delito de estafa. La jueza Lina Fernández no aceptó el pedido y archivó el caso. El hotel Hilton procedió al traslado de todos los gerentes a otros destinos. El único que permaneció fue Serna. El contador Benedetto fue cesado.