Fraude en Honduras: Golpismo permanente

La difunta líder social lenca Berta Cáceres, asesinada por la hidroeléctrica Desa (con el encubrimiento y apoyo de autoridades del gobierno del presidente y actual candidato a la reelección Orlando Hernández), definió hace años a Honduras como un “portaaviones de Estados Unidos”. Esto se debe a que en el país centroamericano se encuentra la mayor base militar que el Pentágono tiene en la región, la base de Palmerola. A su vez, el propio gobierno de Washington considera a Honduras como un corredor de cocaína, ya que por este territorio pasa alrededor de 90 por ciento del narcótico que llega a Estados Unidos (EEUU). También es un importante punto de control de los grandes flujos migratorios que transitan desde América Latina hacia Norteamérica. Debido a este tipo de cuestiones, las sensibilidades democráticas del establishment mediático y político internacional han permanecido adormecidas respecto a las acciones ilegales y antipopulares realizadas por el gobierno hondureño. En este sentido, Honduras apenas ha tenido presencia en la agenda mediática a pesar de que 60 por ciento de su población vive en situación de pobreza y a que centenares de opositores al proyecto extractivista, impulsado por los sucesivos gobiernos títeres de Washington, han sido asesinados durante el período posterior al golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya. Debido a estas cuestiones, no es de extrañar que el país esté acostumbrado a ver acusadas anomalías y violaciones de las reglas básicas de su sistema democrático, una democracia cuyas autoridades consideran elevada la participación electoral cuando 43 por ciento de la población no acudió a votar. Desde el domingo 26 de noviembre, las tensiones sociopolíticas se han desatado en el país, obligando a los grandes medios y a instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) a desviar momentáneamente su atención de Venezuela y a pronunciarse sobre un gobierno amigo (calificación pronunciada por el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, respecto a Orlando Hernández). Y es que al menos 12 personas han muerto por heridas de bala en el marco de las protestas impulsadas por la oposición debido al evidente fraude que está marcando el proceso electoral. A casi dos semanas de la votación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha efectuado una pronunciación efectiva sobre el ganador debido a las irregularidades que han afectado al proceso. Inicialmente, tras una espera ya de por sí anómala, el TSE dio ventaja al líder opositor sobre el oficialismo con 57 por ciento de votos escrutados. Sin embargo, la diferencia entre ambos se fue achicando a lo largo de la pasada semana, a la vez que se informó de un error en el sistema de transmisión de datos. El magistrado del TSE, Marco Ramiro Lobo, declaró el pasado lunes en conferencia de prensa que “fueron diez horas que el sistema estuvo caído. Se llenó la memoria, hicieron una ampliación de la memoria, y cuando la ampliaron, se cayó el sistema”. Sin embargo, el líder de Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, denuncia que el organismo electoral llevó a cabo una manipulación de los datos con el fin de favorecer al presidente Hernández (Partido Nacional) en el conteo. Actualmente, la diferencia entre ambos candidatos asciende a 52.331 votos (1,6 por ciento). No obstante, grupos opositores y movimientos sociales denuncian que en el padrón electoral no depurado figuraban muertos habilitados a ejercer el derecho a voto. El conteo especial de los votos realizado en las últimas jornadas fue llevado a cabo por el TSE sin la participación de representantes de los partidos mayoritarios, pero con la presencia de observadores internacionales y representantes de instituciones vinculadas a la oligarquía hondureña, como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Federación Nacional de Patronatos de Honduras y miembros de varias iglesias evangélicas, según informó Alainet. Debido a ello, Alianza Opositora (liderada por Salvador Nasralla) emitió un comunicado en el que denuncia la falta de transparencia en el proceso de registro de actas y en la transmisión de los resultados. En este sentido, la oposición exige que se cuenten de nuevo 5.200 actas que no entraron al sistema desde las mesas de escrutinio, sino que lo hicieron desde el almacén de urnas después de la caída del sistema durante más de 24 horas. El conteo de estas actas es el que, casualmente, cambió el curso de la elección subvirtiendo la ventaja que la oposición tenía sobre el oficialismo. Una de las principales anomalías denunciadas por Salvador Nasralla es que en tres departamentos del interior del país (La Paz, Intibuca y Lempira) el promedio de votos ha sido superior al promedio nacional, superando a centros urbanos como Tegucigalpa o San Pedro Sula. Asimismo movimientos sociales, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) o la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), denuncian la compra de votos en varios lugares del país. Todo esto ha hecho que la base social que nutre a la oposición haya salido a las calles, lo que ha llevado al presidente y candidato oficialista, Orlando Hernández, a decretar el estado de sitio en el país desde el 1º de diciembre. Tras todos estos acontecimientos, la misma OEA ha reconocido públicamente las irregularidades del proceso electoral y ha sugerido el cese de medidas de seguridad extraordinarias, así como la realización de un conteo parcial que aclare el resultado y restablezca la credibilidad del gobierno. Observadores de la Unión Europea también emitieron una valoración en este sentido, señalando que el TSE no tiene justificación para llevar a cabo el conteo parcial de las actas del fraude.   Golpe con cuentagotas Para Ofraneh, este episodio es parte de un proceso más amplio de corte autoritario que tiene el fin de perpetuar en el poder al Partido Nacional, títere de Washington y del poder financiero. En un comunicado emitido el pasado martes denuncia que “después del golpe de estado de junio de 2009, Honduras ha sufrido una serie de golpes destinados a afianzar al Partido Nacional en el poder, promoviendo el golpe a la Corte Constitucional (12.12.2012), el asalto al Ministerio Público (1.9.2013) y la modificación de la Constitución para permitir la reelección (24.4.2015), despejando de esta forma el camino para el golpe electoral que se viene dando con cuentagotas”. El “golpe a la Corte Constitucional” al que se refiere la organización consiste en la destitución de cuatro de los cinco magistrados que integran la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aprobada por el Congreso Nacional en 2012. Esta acción se llevó a cabo cuando Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional y los jueces fueron sustituidos por otros, afines al Partido Nacional. En su momento, las reacciones de la oposición coincidieron en considerar ilegal esta maniobra, ya que el Congreso no tiene capacidad para remover a magistrados de la CSJ. Por otro lado, el “asalto al Ministerio Público” hace referencia a la elección irregular del jurista adepto al Partido Nacional Óscar Fernando Chinchilla como fiscal general de la nación. Esta propuesta fue aprobada también por el Congreso Nacional en sesiones teñidas de negociaciones irregulares. Por último, estas elecciones partían de consideraciones ilegítimas de entrada, debido a que en el año 2015 un sector de legisladores vinculados al Partido Nacional presentaron dos apelaciones ante la CSJ para reformar la Constitución con el fin de habilitar la presentación de la candidatura de Orlando Hernández a las elecciones, la cual estaba prohibida por la carta magna. Las apelaciones fueron aceptadas por los magistrados en un proceso considerado “ilegal” por los partidos opositores, dando lugar a varios actos de protesta en los que se denunció la parcialidad de la CSJ y se calificó como “fraude” a los comicios electorales.