Frente Amplio y la oposición: Vaya con la diferencia

Por Ricardo Scagliola

Un dicho conocido reza que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No está claro si el famoso refrán apela también a los partidos políticos, pero bien podría decirse que los hechos de esta semana evidencian que, por lo menos, aplican para algunos de sus mentores y dirigentes. Cuando el mapa político indicaba que el Frente Amplio (FA) entraba en una zona de complejas turbulencias internas y el panorama parecía -ahora sí- despejado para un Partido Nacional “con hambre de gobierno”, tal como lo definió Jorge Gandini, el debate ético empezó a generar nubarrones sobre el celeste cielo opositor. Después de dos años de levantar la bandera de la pulcritud en el manejo de los recursos públicos, la principal isla del archipiélago opositor, el Partido Nacional, se ve expuesta frente a la opinión pública a los mismos eventos que, hasta hace pocas semanas, decía combatir. El caso más sonado fue el del intendente de Soriano, que esta semana evitó el juicio político gracias al apoyo de sus colegas de partido en una sesión de la Junta Departamental que tuvo en vilo al departamento. Pero hubo otro: el del diputado Wilson Ezquerra, que atropelló a una mujer de 60 años en la ruta Interbalnearia cuando manejaba alcoholizado. Si el caso de Sendic puso en el ojo de la tormenta al Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA, el caso de los dos dirigentes nacionalistas echa luz ahora sobre el comité de ética del Partido Nacional, que en la tarde del miércoles recibió a ambos en la sede del Directorio blanco. Como en un raro espejismo, ahora se conocen los nombres de los guardianes de la ética nacionalista: Carmen Asiaín, Jorge Bartesaghi, Augusto Durán, Eduardo Lombardi y Gonzalo Lorenzo, cinco mosqueteros que se ven frente al mismo brete que en su momento atravesaron sus pares frenteamplistas. Si en el caso de los de la calle Colonia primó la idea de considerar “un modo de proceder inaceptable” el uso discrecional de las tarjetas corporativas del Estado, ahora los blancos se ven frente a una doble guillotina. Por un lado, el deber de mostrarse igual de guardianes de la de la ética pública que sus colegas frenteamplistas. Por el otro, cerrar el paso a la idea de que entre los blancos existe un doble discurso en torno a estas cuestiones, por aquello que dicen los versos de reminiscencias bíblicas estampados en El Quijote: “El que vee [sic] la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo”. Pero como si no alcanzara con el “efecto rebote” del caso Sendic, otros hechos aislados también parecen haber llevado al offside a la dirigencia blanca. El ejemplo más elocuente es, quizá, el de Pablo da Silveira, principalísima figura del escudo de asesores programáticos de Luis Lacalle Pou, que en el lenguaje abreviado de los 140 caracteres cuestionó públicamente lo que llamó “el mito de los niños que comían pasto”, en relación a los padecimientos de la crisis de 2002. Lo hizo con una comparación salvaje. Es “el equivalente local del mito argentino de los 30.000 desaparecidos”, escribió. La andanada de críticas no se hizo esperar. Otro ejemplo que testimonia que aquello que el diputado Gustavo Penadés alguna vez llamó “el engranaje gramsciano” aún vive y lucha fue el caso del peón rural sanducero que en las últimas horas cobró enorme protagonismo. Bastó que un empleado de un campo denunciara una brutal golpiza del capataz de la estancia en la que trabajaba para que lo que alguna vez se bautizó como “el bloque social de los cambios” -y sus tres patas: partido político, central sindical, organizaciones sociales- saliera, in totum, a cerrar filas en torno a la ley de ocho horas para los trabajadores rurales que hace tres años fuera motivo de un tornado de críticas hacia Lacalle Pou. Recuerdo mediante, el tema se incorporó a la ofensiva frenteamplista de las últimas horas. Pero ¿qué tipo de relato hilvana todos estos hechos? ¿Por qué una sucesión de episodios, en principio aislados, lograron unificar a una izquierda que aparecía al borde del colapso? La respuesta, en principio, parece ser el cansancio tras un asedio de meses. Una mirada menos superficial agregaría, sin embargo, que los tópicos que esta semana cercaron a los blancos tienen estrecha vinculación con una serie de relatos que, precisamente, explicaron el ascenso de FA y aún forman parte de su paleta de sensibilidades superiores, su ADN interior: la pulseada entre el patrón y el peón en el campo, las heridas de la dictadura sin cicatrizar y los azotes de la crisis de 2002.   El discurso en relación al campo: patrón y peón La idea del administrador como un patrón de estancia, que en definitiva es el retrato que se dibuja sobre la figura de Bascou, interpela la idea de los blancos como adalides de la gestión, que es la imagen que se viene queriendo construir, al menos durante la última campaña electoral. El intendente de Soriano está en la picota luego de que el semanario Búsqueda publicara que fue denunciado por estafa, y que debido a eso había sido embargado. Ahora, el semanario informó que el jefe departamental mantiene deudas por casi ocho millones de dólares. A su vez, el FA denunció que Bascou tenía una estación que obtenía ganancias vendiendo sus servicios al propio gobierno departamental. Estos hechos precipitaron acontecimientos políticos mayores en Soriano. En la noche del martes, el legislativo departamental rechazó con mayoría de blancos y colorados iniciar un juicio político al intendente, evitando que el tema llegara a la Cámara de Senadores. Solamente los siete ediles frenteamplistas votaron positivamente, cuando se necesitaba un tercio de la Junta a favor. El resto se negó o se retiró de sala al momento de votar el juicio político. Pero sí alzaron las manos para conformar una preinvestigadora con representantes de todos los partidos. “Gobernar ahora y a gobernar bien”, resumía Lacalle Pou en el impresionante lanzamiento de la carrera hacia las elecciones internas en el Palacio Peñarol. Mediante la difusión de ideas concretas a poner en marcha desde el eventual día uno de su gobierno, Larrañaga hablaba de “Inglés en todas las escuelas”, o “Policía militarizada”. En realidad, este discurso viene a reemplazar otro que se ha construido con el tiempo: la idea de los blancos como estancieros. Ese prejuicio, muy arraigado en ciertos sectores de la sociedad, es uno de los principales relatos que la oposición nacionalista debería combatir si quiere hacerse con el gobierno en 2019. No obstante, la cerrada defensa de una parte del Partido Nacional a Bascou genera, al menos, unas cuantas dudas sobre qué tan dispuestos se encuentran los blancos a cambiar esa impronta por la de “gestores” prolijos y respetuosos de lo público. Cierto es que una parte importante del Partido Nacional advierte este punto y se ha manifestado por una solución “a la Sendic”, esto es, que Bascou renuncie a su cargo como intendente. Dentro de este grupo se encuentran, por ejemplo, la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, el jefe comunal de Florida, Carlos Enciso, y la senadora Verónica Alonso. Esta última se perfila como precandidata hacia las internas generando varios movimientos sísmicos puertas adentro del Directorio. “Sería bueno que Bascou dejara el cargo y se ocupara de solucionar sus problemas. Librar cheques [sin fondo] es delito y deberá actuar la Justicia. Sería buena cosa que no siguiera en la intendencia frente a esta situación. Ocupar un lugar en la intendencia implica estar cien por ciento comprometido”, lanzó. Larrañaga tomó la actitud opuesta: respaldar al intendente cuestionado. Sumergido en un enigmático silencio, Lacalle Pou aún no se ha pronunciado, aunque según publicó Búsqueda ayer, se inclina por desmarcarse. El Partido Colorado, socio natural del Partido Nacional en el ejercicio del músculo opositor, mira con distancia estos acontecimientos, pero fuentes de esa colectividad expresaron a Caras y Caretas que hay un fuerte malestar con la forma en que han venido procesando estos casos los nacionalistas. Blancos y colorados ya chocaron en el epílogo del caso Sendic, cuando los primeros avizoraron una “crisis institucional”, que los segundos negaron explícitamente en un comunicado de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Otro golpe al discurso que la oposición ha venido construyendo en relación al campo y, más específicamente, a la ley de ocho horas para los trabajadores rurales, la constituyó la difusión, esta semana, de la denuncia realizada por un peón de estancia. El trabajador denunció ante la Justicia haber sido víctima de una brutal golpiza tras reclamar el pago de horas extras. Los hechos ocurrieron en una estancia de nombre “Flor de Ceibo”, ubicada en la estación Itapebí, a pocos kilómetros de Salto, el 18 de setiembre. Y denotan la persistencia, en pleno siglo XXI, de prácticas de la época de la esclavitud. El simple reclamo de un trabajador desencadenó -según consta en la denuncia- amenazas con un cuchillo y una posterior golpiza con fractura en una costilla y lesiones en la cabeza. El caso llegó a la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) y, por consecuencia, al Pit-Cnt, que emitió un duro comunicado. “El reclamo por las malas condiciones de trabajo, incluidas las largas jornadas que se le exigían por parte del trabajador rural, desató la furia de la patronal, que atacaron con un rebenque”, dice la central en su declaración, en la que también considera “intolerable” que “se quiera imponer en los hechos y violentamente el trabajo esclavo”. La Asociación Rural del Uruguay (ARU) tampoco demoró en pronunciarse. En otra declaración, escribieron su repudio “con total severidad” frente a estos hechos, junto a un exhorto al “cumplimiento estricto” de las normas laborales. Pero el “bloque social de los cambios”, para ese entonces, ya había cerrado filas. “Revientan a palo a un peón. Nos enteramos porque no aguantó el dolor de las costillas quebradas. Y fue al médico a la semana. Miserables”, escribió el dirigente sindical Óscar Andrade. El coro de tuiteros frenteamplistas no demoró en salir a la ofensiva. Y no hubo quien no recordara aquella concepción que expresaba “LP” sobre la ley de ocho horas para el trabajador rural: “No lo creímos apropiado al trabajo en el medio rural”.   El discurso sobre la dictadura y la crisis “El mito de los niños que comían pasto es el equivalente local del mito argentino de los 30.000 desaparecidos. Obra de gente que mancha todo”, escribió Da Silveira en su cuenta de Twitter. En otro contexto quizá hubiese pasado desapercibido, pero en medio de la contraofensiva frenteamplista, su tuit fue motivo de escozor entre la militancia de izquierda. El debate acerca de cuántos son los desaparecidos por la dictadura argentina es de larga data y existen varias campanas al respecto. Pero la comparación con “los niños que comían pasto” no parece ser del todo feliz. En plena crisis, la noticia acerca de que algunos chicos se alimentaban con pasto generó un verdadero estupor en el Uruguay de 2002. La denuncia partió inicialmente de un grupo de maestras del barrio Las Láminas de Artigas. Pero luego se sumaron otras, como la de Martha Peigonet Ibarra, presidenta de la Comisión de Fomento de la Escuela 128 del Barrio Conciliación, de Montevideo, que denunció que 80 niños de entre cuatro y siete años mitigaban el hambre comiendo pasto y hojas durante los fines de semana “porque no hay otra cosa para cenar”, según contó uno de los padres. “Si hay dudas, invito a Salud Pública para que mande técnicos y les haga a los niños análisis de sangre y de materias fecales y comprobarán esto que afirmo”, dijo por aquellos tiempos Peigonet, quien además agregó que muchos niños llegaban los lunes a la escuela mareados, deprimidos, con dolor de estómago y diarreas frecuentes y se desmayaban en el transcurso de ceremonias, como la del natalicio de Artigas. Una crónica del diario La República recogía, por aquellos tiempos, el testimonio de Dardo Pereira, padre de otro niño de la misma escuela: “Al principio no le creíamos a los niños cuando lo decían porque son muy chiquitos, pero cuando vimos la materia verde y llena de pasto nos dimos cuenta que era cierto. Muchos vienen llorando y los lunes piden para repetir dos o tres veces el almuerzo para no sentir hambre después. Muchas veces las maestras van a comprarles una flauta con dinero de su bolsillo porque lloran desesperados de hambre y no pueden esperar hasta la hora del almuerzo. Los padres de estos niños no tienen ni para un boleto para llevarlos a alguna olla popular de algún otro barrio”. La comparación del “mito de los niños que comían pasto” con la dictadura es, además, infeliz por reincidencia. Semanas atrás, fue el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, quien consideró “una ofensa gratuita al Ejército” el pedido de la organización de ex presos políticos, Crysol, de colocar una placa de la memoria en el Batallón Nº 8 de Caballería, sobre la ruta 26, en el departamento de Cerro Largo. La colocación de placas de la memoria en sitios de tortura y desaparición es uno de los cometidos de la comisión especial dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Finalmente, la placa se colocó. La colocación de estas señas de memoria histórica viene generando distintas resistencias en los mandos militares, sobre todo en el interior del país. Es el caso, por ejemplo, del comandante del Regimiento Nº 2 de Durazno, que cuestionó el emplazamiento a la entrada de esa dependencia. La cercanía del cuartel con los pueblos del interior y la función de las unidades militares como fuentes de empleo directo a la mano de obra desocupada lleva, muchas veces, a los jefes comunales a pensar varias veces antes de participar en este tipo de eventos, muy cuestionados en la interna militar. Este contexto, sin embargo, no atenúa el hecho al que refiere esta nota: hechos aislados que, encadenados por la contraofensiva frenteamplista, hilvanan un relato al que a la oposición le cuesta hacer frente. La pregunta es si, en 2019, blancos y colorados volverán a tropezar con la misma piedra que hace tres años ya les provocó un traspié. Los frenteamplistas, mientras tanto, y con la mano indisimulable de su TCP, ya van ensayando los versos de la rima que repetirán dentro de dos años, cuando sus votantes les pidan explicaciones: “Vaya con la diferencia/entre el parejero y yo”.