El jueves llega a Montevideo una delegación de ediles frenteamplistas del departamento de Colonia. Su objetivo es tener una serie de reuniones con la presidencia del Frente Amplio (FA), para analizar el curso de la impugnación judicial que la bancada está realizando al ex intendente de Colonia, Carlos Moreira, que debiera renunciar a su cargo por el sonado caso de los audios dirigidos a la edila nacionalista María José García, que obligaran a Moreira a renunciar a la Intendencia y al propio Partido Nacional.
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La bancada de ediles del FA coloniense entendió que la conducta de Moreira configuraba delitos y por lo tanto adoptó acciones legales al respecto. Recientemente, la Junta de Transparencia y Ética Pública JUTEP), entendió de manera unánime, que tanto la conducta de Carlos Moreira como la de la edila García, eran violatorias de los principios de «interés público, legalidad e imparcialidad».
El edil frenteamplista Rodolfo Montaño, que integra la delegación, expresó a «Caras y Caretas», que el fallo de la JUTEP, otorga la razón a la denuncia realizada por la bancada en dos sedes judiciales, ya que el mismo día en que el fiscal de Corte analizó los audios, el edil frenteamplista Heber Márquez, radicó una segunda denuncia en la fiscalía de Carmelo.
Luego de que la fiscal coloniense Eliana Travers archivara el caso, al no poder establecer ninguna conexión objetiva de los audios viralizados con el hecho de haberlos materializado (se refiere al intercambio de sexo por pasantías), Andrés Sobrero, esposo de Garcíay ex director de Turismo de la Intendencia de Colonia decidió recusar a la fiscal actuante en el caso.
Pero de acuerdo a Montaño, la conducta irregular de Moreira va más allá del contenido de los audios e infringe normas claras en la relación de la Intendencia con los pasantes, que ganan la mitad de lo que percibe un funcionario municipal, que no cobran horas extras ni insalubridad, pese a realizar a menudo trabajos de esa índole, que no tienen acceso al FONASA, entre otras irregularidades. Todo ello estaría no sólo en contradicción con la naturaleza de esos contratos de trabajo, sino por lo expresado por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que las pasantías deben ser empleos efectivos y no pueden sustituir en los hechos a trabajadores formalizados.