Funcionarios y actuarios judiciales firmaron acuerdo con el Poder Ejecutivo

El gobierno está a punto de destrabar uno de los conflictos laborales más importantes de los últimos tiempos. Tras una intensa negociación, el Poder Ejecutivo firmó un acuerdo con la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (Adaju) para lograr una solución amistosa al conflicto salarial entre las partes. La reunión que tuvo lugar este martes entre la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) terminó con la firma de un acta, en la cual ambas agremiaciones se comprometen a presentar a sus respectivas asambleas una propuesta del gobierno para destrabar el conflicto. La misma -como informó Caras y Caretas Portal – tiene dos partes: una que refiere a la adecuación salarial y otra a la deuda contraída hasta el momento. El punto segundo del acuerdo –al que accedió Caras y Caretas Portal – refiere a la deuda. Allí el gobierno se compromete a pagar el 15% del salario de cargo y escalafón de todos los trabajadores del Poder Judicial, con su actualización por IPC, desde el 23 de diciembre de 2012 hasta la fecha. Este porcentaje incluirá lo percibido por partidas académicas. De esta forma, el gobierno se compromete a pagar poco más del 70% de la deuda contraída con los judiciales en este período. El pago de estas partidas se hará en tres cuotas, iguales y consecutivas, previstas para el 1º de enero de 2017, 1º de enero de 2018 y 1º de enero de 2019, las que se actualizarán por IPC. Para quienes tengan salarios iguales o menores a 9 BPC el pago también se realizará en tres cuotas, pero la primera será del 50% del monto total, y las restantes el 25% cada una, señala el acuerdo. El punto tercero del acuerdo, en tanto, refiere a la actualización del salario de los trabajadores. Aquí el gobierno propuso otorgar un aumento del 15,76% de los salarios (los funcionarios ya recibieron un aumento de 7,76%). Esto se pagaría con dos aumentos de 4% en los salarios: uno a partir del 1º de enero de 2017 y otro a partir del 1º de enero de 2018. De esta forma, no se llegaría al aumento previsto en la sentencia obtenida por los agremiados en AFJU y Adaju, que era del 21,6%. Para habilitar los créditos para pagar estas partidas a los trabajadores, el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto de ley al Parlamento, en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, el punto clave del acuerdo es el quinto: al igual que lo que sucedió con jueces, fiscales y defensores públicos, se requiere que el 80% de los funcionarios y actuarios judiciales –estén o no agremiados- ratifiquen el acuerdo. Quienes así lo hagan deberán desistir de los litigios civiles en trámite o de cobrar la sentencia a su favor dictada por el Poder Judicial. En este sentido, no es seguro que ni funcionarios ni actuarios judiciales alcancen esa cifra, ya que existe una gran disparidad de situaciones entre los trabajadores: hay muchos trabajadores no agremiados que tienen previsto continuar con los juicios en trámite; otros trabajadores ya tienen sentencia favorable en la cual se les reconoce el 100% de la deuda y un aumento del 21,6% y no están dispuestos a aceptar la propuesta; y hay otros trabajadores que también ganaron el juicio pero por un cifra mayor, ya que se les reconoció la deuda desde abril de 2011, por lo que con este acuerdo estarían perdiendo varios meses de indemnización.