Hace unos días el abogado italiano Fabio María Galiani, acusó al secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma y a la exfiscal Mirtha Guianze de haber ocultado pruebas en beneficio de los militares.
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Galiani fue contratado por el Estado uruguayo para llevar adelante la causa en Italia contra militares en el juicio sobre el Plan Condor. El juicio confirmó la existencia de la coordinación represiva en los años 70’, y terminó con 13 militares uruguayos condenados a cadena perpetua.
Galiani, quién fue despedido tras verse frenado el caso en Italia, dijo en varios medios que dijo que había un conflicto de intereses de la ex fiscal Mirtha Guianze en el caso, y que un familiar de ella fue el jerarca de fusileros navales que nombró a Tróccoli al frente del departamento de inteligencia del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna).
Quedó demostrado que fue un error haber contratado los carísimos servicios del Dr. Galiani y un gran acierto haberlo desafectado de la causa»
En respuesta familiares de desaparecidos y la organización Crysol, que reúne a expresos políticos, emitió una declaración titulada “Galiani: una mente fuera de control”, en la que señala que “los familiares de las víctimas, algunas de las cuales han sido cruelmente destratadas, incluso en los estrados por el Dr. Galiani, junto con las organizaciones sociales representativas de ellas, entre las que obviamente nos incluimos, han sido quienes han encabezado en Uruguay y en todo el mundo, en forma honoraria y onerosa, aún en las condiciones más duras y difíciles, arriesgando incluso sus propias vidas, la lucha por la Verdad y por juzgar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos”.
Para ellos quedó “demostrado que fue un error haber contratado los carísimos servicios del Dr. Galiani y un gran acierto haberlo desafectado de la causa. Su sustitución permitió que el capitán Jorge Tróccoli haya sido condenado recientemente”.
“Las delirantes acusaciones formuladas contra reconocidos y destacados militantes en la lucha contra la impunidad (…) son una auténtica canallada de una mente frustrada, enferma y resentida”, sentencian en referencia a las acusaciones contra Raúl Olivera, Oscar Destouet y Mirtha Guianze .
Indican que las investigación, el esclarecimiento y la sanción de las violaciones a los derechos humanos “es el principal camino a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir”.
Las delirantes acusaciones formuladas contra reconocidos y destacados militantes en la lucha contra la impunidad (…) son una auténtica canallada de una mente frustrada, enferma y resentida”
Por esta razón subrayan que los generales que participaron en Tribunales de Honor que “consideraron que quienes fueron procesados por la justicia no lesionaron la moral de las Fuerzas Armadas deben ser pasados a retiro aunque no se cuente con los votos de los senadores blancos, colorados y del Partido Independiente”.