Tras tres meses de negociaciones, representantes del gobierno argentino firmaron en la noche del domingo un principio de acuerdo con los fondos especulativos litigantes, según informó el mediador designado por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack.
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El preacuerdo se fijó por 4.653 millones de dólares y está destinado a resolver el reclamo de “más de 85 por ciento” de los demandantes: el fondo NML Capital de Paul Singer y otros holdouts con medidas cautelares “pari passu” y “me-too”.
Esta medida está sujeta a la aprobación del Congreso argentino y al levantamiento de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, impulsadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en pro de de la soberanía económica del país respecto al pago de su deuda a los llamados fondos buitre.
El presidente de la Cámara de Diutados, Emilio Monzó, se mostró optimista de cara a lograr acuerdos con diferentes sectores de la oposición para lograr la derogación de esas dos leyes en el Parlamento. Tanto la Unión Cívica Radical, como el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el bloque Darío Giustozzi (Juntos por Argentina) se aliarán con Propuesta Republicana (PRO) para lograr los votos que se precisan para ello.
Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque del Senado del Frente para la Victoria, se manifestó a favor del acuerdo con los fondos buitre argumentando que “la Argentina tiene que entrar en el mercado financiero y de capitales”.