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Gobierno argentino impulsa medida xenófoba contra pequeños productores

El Ministerio de Agroindustria argentino llevó a cabo un recorte en el histórico programa Cambio Rural excluyendo de su cobertura a ciudadanos no nacidos en territorio argentino, quienes suponen 80% de beneficiarios de este servicio.

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El Ministerio de Agroindustria argentino llevó a cabo un recorte en el histórico programa Cambio Rural, destinado desde hace 20 años a asistir técnicamente a pequeños y medianos productores rurales con el fin de mejorar su producción y su situación socioeconómica. Alrededor de 10.000 familias viven en esta situación de vulnerabilidad, produciendo verduras de hoja con el fin de abastecer al mercado interno. De ellos 80% aproximadamente son inmigrantes, la mayoría bolivianos, según informó Página 12. Teniendo en cuenta esto, el Ministerio dirigido por Ricardo Buryaile decidió crear la condición de “ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo” para poder acceder a este servicio. Esto implica un recorte de más de tres cuartos de la cobertura de este servicio. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) anunció que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), ya que la medida de Buryaile retirará este servicio a cientos de argentinos nacionalizados argentinos que llevan más de 20 años trabajando en el país. Vuelta a los 90 El ingeniero agrónomo de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Agustín González, explicó que “Cambio Rural surgió en los 90 para financiar la asistencia técnica de los productores pequeños y medianos pero con un perfil capitalizado, los productores de la pampa húmeda que tienen unas cien hectáreas. Hace diez años se amplió el alcance para empezar a asistir técnicamente a los pequeños productores de la periferia del gran Buenos Aires con mano de obra familiar, básicamente todo el sector hortícola. Esta nueva reconversión vuelve a la versión original de los 90 apuntando otra vez al productor capitalizado”. Según el experto, la mencionada cláusula de «argentinidad» que se pretende imponer a este servicio “es un pretexto para sacarse de encima a todo el sector hortícola”.

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