El gobierno de Mauricio Macri analiza, como parte de una reforma del régimen penal juvenil, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Así lo anunció este miércoles el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien informó que se designará una comisión que confeccione el anteproyecto. “Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada», dijo Garavano a la prensa. La intención del Ejecutivo macrista es bajar la edad de imputabilidad con distintas escalas según el delito cometido, informó Clarín. La propuesta del gobierno surge cuando aún resuena en Argentina el caso de Brian, un adolescente que fue asesinado en Flores la víspera de Nochebuena. El asesino es también un adolescente, tiene 15 años. Días atrás vecinos de ese barrio de Buenos Aires tomaron una comisaría para reclamar por su muerte. Algunos expertos han remarcado que la baja de la edad de imputabilidad siempre se instaura en el debate público después de un caso que acapara la atención mediática, como el de Brian. Reacciones El anuncio que hiciera Garavano generó reacciones inmediatas tanto dentro como fuera de Argentina. Organizaciones civiles y hasta la Unicef se pronunciaron. La baja de la edad «no resuelve la baja del delito. La participación de pibes menores de 16 años en delitos es ínfima, y los casos graves son excepcionales», dijo Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, citado por Página 12. Dicha publicación en su edición de hoy recoge las voces de numerosas personalidades que se han pronunciado sobre el proyecto macrista, como la de Claudia Cesaroni, titular del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. «El único objetivo es el castigo. La Constitución establece que privar de libertad no debe ser un castigo. Pero cada vez que se discute un proyecto de bajar la edad de punibilidad, como ahora, se hace después de un hecho grave y previo a elecciones legislativas”, afirma Cesaroni. Ya en setiembre de 2015, recuerda el diario, la agrupación Justicia Legítima redactó una serie de pautas que deberían cumplirse en una futura ley penal juvenil nacional. En dichas pautas se exponía que “la ley no debería bajar la edad de punibilidad fijada en 16 años. En todo caso, quienes propician dicha baja deberían dar argumentos teóricos y empíricos para justificar la ampliación de la intervención penal, de manera de no afectar el principio constitucional de no regresividad”.
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Por su parte, la Unicef cuestionó el proyecto y se mostró en contra de la baja. El organismo de la ONU pidió que no se «disminuya la edad de imputabilidad», aunque está a favor de un debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil.
La baja de edad de imputabilidad es una grave violación de los derechos de la infancia y no resuelve nada. Basta de demagogia punitiva!
— AdolfoPérez Esquivel (@PrensaPEsquivel) 4 de enero de 2017
Otro que se pronunció en contra fue el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. «La baja de edad de imputabilidad es una grave violación de los derechos de la infancia y no resuelve nada. Basta de demagogia punitiva!», escribió en su cuenta de Twitter. También la Central de Trabajadores Argentinos emitió un comunicado para repudiar el anuncio. «Le decimos NO a este intento de criminalizar la niñez y la juventud», señala el texto. «Las organizaciones que el año pasado realizamos la Caravana de lxs pibxs demostramos que son otras las políticas que le exigimos al Estado, no la de fuerzas de seguridad; en los barrios; sino políticas educativas, de salud, de recreación. Por eso repudiamos el recorte y ajuste en las políticas públicas de niñez como así también de los espacios comunitarios de contención y creacion de nuevas realidades para los pibes y las pibas», agrega. Cifras
El último relevamiento nacional sobre este tema que realizara la Unicef arrojó que hay 1305 menores privados de su libertad en centros cerrados.
De ese número casi la totalidad son varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años. El 6,3% eran niños menores de 16 años.
Además, el 80% de adolescentes privados de su libertad se concentran en 5 jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe.