Gonzalo Fernández: Nuevo CPP puede hacer colapsar el sistema penitenciario

La reforma del Código del Proceso Penal (CPP), con la consagración de un sistema acusatorio, oral y público, dónde los fiscales estarán a cargo de la investigación de los ilícitos penales, es un cambio necesario para el sistema judicial uruguayo, pero el texto aprobado “tiene demasiados problemas”, lo que llevó a la aprobación de sucesivas reformas para intentar salvar sus deficiencias. “Parece que el pollo no estaba cocinado del todo”, afirmó el abogado Gonzalo Fernández, durante un seminario organizado por la Asociación de Magistrados del Uruguay. El catedrático participó de una mesa de debate sobre la audiencia de formalización y la disposición de medidas cautelares, en particular, la prisión preventiva, en el nuevo formato procesal. La mesa la completaban el abogado Gabriel Valentin (catedrático en Derecho Procesal), los abogados chilenos Jaime Arellano y Cristian Riego (integrantes del CEJA) y la jueza Beatriz Larrieu. En este ámbito, Fernández aprovechó para plantear su posición sobre el nuevo formato procesal penal. Dijo que, a diferencia de lo que muchos creen, la consagración del sistema acusatorio “no será mejor para la defensa de la seguridad ciudadana”, ya que no tendrá un impacto directo en una posible reducción de los delitos. Asimismo, valoró que el nuevo CPP será “más garantista” para los justiciables, porque le permitirá a los abogados de los imputados la posibilidad de controvertir la posición de los fiscales y de ejercer una verdadera defensa penal. Sin embargo, esto no implica que el nuevo proceso penal sea más benigno, sino todo lo contrario. El nuevo proceso penal “será más severo, sobre todo si se elimina el instituto de la libertad condicional”, expresó Fernández. El catedrático explicó que, actualmente, cuando un juez dicta el procesamiento de una persona y dispone su prisión preventiva, no se fija la pena, por lo que puede solicitar en forma inmediata y reiterada la libertad condicional. A esto se le suma que el juez o el Tribunal de Apelaciones le otorgue la libertad, la persona no puede ser remitida nuevamente a prisión pese a que se dicte sobre ella la pena más severa. Al contrario, el sistema acusatorio traerá consigo “presos de más larga estadía” en la cárcel, ya que las personas ingresarán a prisión con su condena fijada y no podrán solicitar la libertad hasta cumplir con la mitad de la pena. Esto implicaría aumentar la cantidad de personas privadas de libertad y podría “hacer colapsar el sistema penitenciario”, afirmó Fernández. En este punto, el nuevo sistema tendrá el beneficio de reducir la tasa de presos sin condena (“es espantoso que haya presos sin condena”), pero el actual sistema actúa “con mucha más benignidad de lo que se va a venir”. El abogado señaló que, en el caso de los presos sin condena, los Tribunales de Apelaciones suelen disponer la excarcelación “mucho antes” de que se cumpla la mitad de la pena. “Es cierto que el sujeto aguardará todo el proceso en libertad, pero después (al ser condenado) va a estar más tiempo preso”, agregó Fernández.