Gremio de fiscales estudia contratar seguro contra demandas

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (Amfu) estudia contratar un seguro para proteger a sus integrantes ante eventuales demandas en su contra por omisiones en el servicio, en atención de la inminente entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), según informó este jueves el semanario Búsqueda. El CPP, que entrará en vigencia el próximo 16 de julio, implicará la consagración de un sistema acusatorio, oral y público, donde los fiscales estarán a cargo de la investigación de los ilícitos penales. De esta forma, los fiscales tendrán una mayor responsabilidad en el desarrollo de la investigación criminal y del proceso penal, por lo que su actuación estará más expuesta. Esto aumenta el riesgo de que sean demandados si cometen errores, afirmó la presidenta del gremio, Dora Domenech a Búsqueda. “Es cómo la responsabilidad médica: si bien en general se demanda a la institución, la Fiscalía General puede repetir contra el fiscal”, expresó la fiscal. “Antes no se sentía el riesgo tan grande de estar expuesto a ser demandado. Pero la actividad que va a desarrollar el fiscal en el nuevo proceso penal es mayor”, agregó Domenech. La acción de repetición es una disposición constitucional ante la omisión en la actuación de un funcionario público. El artículo 24 de la Constitución establece que “todo órgano del Estado, será civilmente responsable del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”. En este sentido, el artículo 25 de la Carta Magna establece que “cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, él órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiera pagado en reparación”. Es decir, el Estado puede demandar al funcionario por el monto de la indemnización que deba pagar. Ante esto, el gremio de fiscales solicitó al Banco de Seguros del Estado y a algunas aseguradoras privadas que presenten propuestas para cubrir a sus afiliados ante eventuales litigios de personas que se sientan afectadas por el mal desempeño del servicio. El vicepresidente de Amfu, Gustavo Zubía, dijo a Búsqueda que la contratación del servicio es una idea “muy buena”, pero se debe definir cuáles son los costos del seguro y cuántos fiscales desean asegurarse. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, existen muchos fiscales interesados en contratar el seguro, ya que el mismo tendría un costo razonable (unos 100 dólares al año) y permitiría atenuar los riesgos de su nuevo rol en el proceso penal, ante una eventual falta de respaldo de la Fiscalía General de la Nación a su actuación, dijeron las fuentes. La definición de la contratación de este servicio será debatida en la próxima asamblea de Amfu.