En la noche del pasado miércoles, las viviendas de dos activistas mapuches de la comunidad Vuelta del Río fueron quemadas. Sus dueños habían participado durante esa jornada en la toma pacífica del juzgado de Guido Otranto (a cargo del caso Santiago Maldonado) para exigir su renuncia. La referente de la lucha mapuche, Moira Millán, declaró a medios de comunicación locales que “Están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas, aparentemente es un grupo de personas armadas que no sabemos si son policías o parapoliciales pero están llevando adelante estos crímenes”. “Todavía no podemos llegar a nuestras casas pero ya sabemos que no tenemos más casas, que están calcinadas”, señaló por su parte Rogelio Fermín, miembro de la misma comunidad. Toma del juzgado Los mapuches tomaron el juzgado de Otranto para protestar por tres cuestiones. En primer lugar denuncian que su comunidad sufrió «violencia, torturas, privación de la libertad y hostigamiento» el pasado lunes cuando fue allanada por Fuerzas Especiales de la Policía Federal. «Vivimos este escenario de terror estatal con la excusa de que era posible que encontraran a Santiago Maldonado o algún rastro suyo dentro de nuestro territorio, siendo que nuestro territorio se encuentra a una gran distancia del lugar donde supuestamente ocurrió su desaparición», señaló uno de sus miembros. Por otro lado, también denunciaron «la situación de hostigamiento y de persecución que está sufriendo la comunidad sin ninguna justificación, desde la desaparición de Maldonado». También cuestionaron que el martes el juez Otranto rechazó un hábeas corpus (procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto).
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