Gumer Pérez y el archivo de la causa Alur: “La denuncia era falsa”

La jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, archivó la indagatoria penal por presunta sobrefacturación en la construcción de la planta de Alcoholes del Uruguay (Alur) en Paysandú. La magistrada adoptó la decisión luego de que el fiscal Luis Pacheco emitiera un dictamen en el que se descarta la existencia de ilícitos en la operativa de la empresa. En este marco, el abogado Gumer Pérez -representante del senador Leonardo De León (Frente Amplio)- afirmó que denuncia presentada en 2014 por el abogado Gustavo Salle, con base en el testimonio de los representantes de la empresa brasileña Serrana Bioenergía ante el Parlamento, “tenía ribetes de falsedad, ribetes asombrosos”, que fueron descartados durante la larga investigación. Pérez afirmó -en diálogo con Caras y Caretas Portal – que la investigación presumarial duró cuatro años, y que en ella se agregaron todos los documentos que referían al llamado a licitación para la construcción de la planta de bioetanol, y derivó en la declaración de directores de Alur, empresarios y personas vinculadas a la empresa. Tras esa extensa investigación se pudo probar que “durante cuatro años la población vivió engañada”, afirmó Pérez. En este sentido, Pérez afirmó que la denuncia sobre presunta sobrefacturación o sobreprecios fue descartada por un peritaje que realizó un equipo multidisciplinario designado por el Poder Judicial. Asimismo, la denuncia que hablaba sobre que estaba dirigida la licitación “tampoco fue probada”. “Se realizó un proceso absolutamente transparente, cristalino; se presentaron más de once empresas internacionales y se adjudicó a una (Abengoa) y existió ningún tipo de impugnación por parte de las que perdieron, eso demuestra que el proceso no tuvo cuestionamientos por parte de las empresas que presentaron sus ofertas”, enfatizó. “Era una denuncia que tenía ribetes de falsedad, que tenía ribetes asombrosos”, afirmó Pérez. Esa denuncia se sustanciaba en el testimonio de Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa, representantes de Serrana Bioenergía. “La empresa que se presentó a hablar en el Parlamento movilizó a toda la oposición, llevándole copias de las actas de las versiones taquigráficas para que fueran volanteadas y políticos de la oposición fogonearon este tema durante cuatro años”, dijo Pérez. “Basta leer las notas de los medios, en todo lugar hablaban de sobrefacturación, de la gran estafa, en definitiva enterraron la imagen de Alur, una empresa que venía en franco crecimiento, (fue) lo mismo que quisieron hacer con Ancap”. “La imagen de la empresa fue vapuleada por una sarta de personajes que lo único que pretenden es sacar un rédito político de todo esto, poco les importa el país, la empresa, y mucho menos la gente que está al frente de esas empresas. Acá había que denostar, había que mentir, ejercer presiones indebidas”, expresó el abogado. Incluso, Pérez recordó que los empresarios llegaron a plantear el tema hasta en Presidencia de la República. “Le pidieron al presidente de la República (José Mujica) que frenara la obra, que frenara la adjudicación, hasta ese punto llegaron, pero por suerte primo la sabiduría, primo la cordura, primo el derecho y ahora prima la Justicia”, enfatizó. Sin evidencias de sobrecostos El fiscal Luis Pacheco solicitó el archivo de la indagatoria penal al no existen elementos suficientes sobre la presunta existencia de sobrecostos en la construcción de la planta de Alur, según inofrmó el diario El País. En su dictamen, emitido el 1º de febrero -al que accedió Caras y Caretas Portal-, se establece que la denuncia se sustentó en el testimonio de Pérez Morgan ante una Comisión del Parlamento, quien al declarar ante la Justicia se refirió a presuntos sobrecostos en la construcción de la planta -tres veces el costo de otras plantas de esta naturaleza- y a un presunto direccionamiento de la licitación en favor de la empresa Abengoa Sin embargo, “a juicio de la Fiscalía, no ha sido posible determinar eventuales conductas irregulares reprochables penalmente: en efecto, Alcoholes del Uruguay SA (Alur) es una empresa que se rige por el derecho privado, por lo que no le son aplicables las normas de Contabilidad y Administración Financiera”. Pese a esto, se realizó un procedimiento competitivo, mediante se adjudicó la licitación a la empresa Abengoa “no constando impugnaciones o reclamos de parte de los restantes oferentes”. “Emerge asimismo que ‘Serrana Bionergía’ (empresa representada por Pérez Morgan y Correa) se presentó extemporáneamente al llamado, ya que el plazo para la presentación de las ofertas venció el 30 de junio de 2011 y la empresa referida se presentó en noviembre de 2011, lo que es admitido por el propio denunciante. En dicha fecha ya se había firmado una carta intención entre Alur y la firma seleccionada, Abengoa, por lo que no era posible retrotraer el proceso a etapas ya cumplidas”, señaló Pacheco. Asimismo, la Fiscalía dijo que durante la investigación tampoco pudieron probarse las presuntos sobrecostos, que fueron “tangencialmente mencionadas en la denuncia, aunque no específicamente denunciadas”. Pacheco señala que en el expediente se agregaron distintos informes contables de asesoramiento -emitidos por los contadores Elida Pardo y Marcelo Arámbulo- “de cuyas conclusiones no es posible extraer elementos de convicción que permitan el inicio de un proceso penal”. Sin embargo, el fiscal aclaró que no se pudo realizar “un peritaje específico que pudiera determinar o ilustrar los costos de una obra civil de esta naturaleza”. “Tampoco surgen evidencias -ni siquiera han sido denunciados- presuntos delitos de corrupción en que podrían haber incurrido directores y gerentes de Alur participantes en el proceso de selección de la firma adjudicataria”. Este peritaje específico refería a los costos de este tipo de obras y fue pedido a la Facultad de Ingeniería. Según informó el diario El Observador este informe tenía un costo de 360.000 dólares, por lo que fue descartado. Más allá de esto, el fiscal Pacheco dejó asentado en su dictamen que otras presuntas irregularidades en Alur -como los sucesivos Contratos modificativos del contrato original con la firma Abengoa- son investigados en el expediente central sobre posibles ilícitos en la gestión de Ancap por lo que “corresponde estar a sus resultancias y no se profundizará la investigación en la presente”. Mismas consideraciones caben formular con relación a otros aspectos denunciados en autos, tales como los contratos celebrados entreAlur y Ancap, y la corrección retroactiva de los precios abonados por Ancap, pues han sido incluidos en las denuncias presentadas en la mencionada causa presumarial”.