Gustavo Leal: “Tenemos un plan y vamos a ejecutarlo”

¿Cuál es el rol que está jugando el Estado en Unidad Misiones (Los Palomares)?

Nosotros los que estamos haciendo es reinstalar la cultura de la legalidad en esa zona, a partir de la constatación de un episodio crítico de seguridad que hubo hacia finales del año pasado, en que un grupo criminal intentó desarrollar una estrategia de control del territorio basado en la expulsión masiva de residentes que no coincidían con ellos y en la extorsión de esa comunidad. Ese momento fue el desborde absoluto de la conducta criminal de este grupo que pretendió justamente ensayar un modelo que es inédito en Uruguay, pero que tiene puntos de referencia en la región. Ese modelo de control en otros lugares se visibiliza en zonas donde la presencia del Estado no tiene ninguna influencia, entonces el desalojo masivo de personas y la extorsión que sufrieron generó, por el terror con que lo aplicaron, una sensación de impunidad en este grupo criminal; todavía hoy les cuesta admitir que eso ya se acabó. Es un episodio que tiene que dejar como enseñanza, sobre todo a aquellos que quieran emular o tener la peregrina idea de hacer algo similar en cualquier punto del territorio, que va a haber una persecución penal contundente y hasta las últimas consecuencia, que es lo que ha pasado con este grupo. Lo que se está haciendo ahora es reinstalar esa cultura de la legalidad y se está dejando en evidencia que el que manda es el Estado.

¿Puede profundizar el concepto de cultura de la legalidad?

En primer lugar, esta iniciativa que se está implementando es de Presidencia de la República, que es quien lidera. Es el presidente de la República quien conformó un equipo integrado por otros organismos públicos, como son la Intendencia de Montevideo, el Mides, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud Pública, el Municipio E y el Ministerio del Interior. Por lo tanto, el conjunto de las acciones que se están llevando adelante son el conjunto de las acciones del Estado. Lo segundo es que la reinstalación de la cultura de la legalidad es en toda la zona y tiene facetas distintas. La cultura de la legalidad implica que los servicios públicos hay que pagarlos, que no es admisible que haya sectores enteros de un barrio que estén todos colgados de la luz y del agua, que si se vende una propiedad tiene, que hacerse de acuerdo a las normas que están previstas, no se pueden vender en un papel de estraza. La cultura de la legalidad implica que si hay delitos, no hay impunidad, implica que la gente tenga que estar documentada. Son distintos componentes de la cultura de la legalidad, y en esa zona, Unidad Misiones, por un conjunto de circunstancias esa cultura era débil.

¿Cuáles son los objetivos específicos que se persigue, además de reinstalar la cultura de la legalidad?

El plan que estamos ejecutando fue diseñado con mucho rigor, con mucho trabajo, con mucha información, con mucho trabajo de inteligencia y, desde el 23 de junio, que se empezó a ejecutar, lo que hemos transmitido es que tenemos un plan y que sabemos muy claro para dónde vamos y que no nos vamos a detener en la ejecución. Este plan tiene tres componentes: un componente que es de persecución penal a este grupo criminal y a todas las personas que se han beneficiado de este grupo; un segundo componente que es un shock de infraestructura urbana en el lugar que se visibiliza en construcción de calles, apertura de calles, repavimentación, construcción de veredas y de escaleras para poder acceder, limpieza de basurales, colocación de contenedores, iluminación, apertura de la calle Gustavo Volpe, iluminación general, iluminación de los 14 pasajes de Los Palomares, entre otras. Y un tercer componente que es la mejora en el acceso a algunos servicios que son prioritarios, sobre todo, aquellos focalizados en la primera infancia y en los jóvenes y los adolescentes. Entonces, es un plan integral que tiene esos tres componentes y cada uno tiene un conjunto de acciones; es un conjunto de 38 líneas de trabajo que se vertebran en estos tres componentes, cada uno con sus plazos y objetivos. Esto evidentemente trata de dar un salto cualitativo en las condiciones de vida y en las condiciones de legalidad que había en esa zona.

Ha pasado poco tiempo desde la primera intervención en Unidad Misiones. ¿Ya es posible ver algunos resultados?

Sí, claro, hay resultados en cada uno de los componentes. En el primer componente, que es el de la persecución penal a los grupos criminales, los resultados están a la vista: tenemos, desde diciembre hasta la fecha, la desestructuración sistemática de este clan familiar y todos sus colaboradores, que están en prisión. En el componente del shock de urbanización, podemos decir que se abrió la calle Gustavo Volpe, que durante 40 años estuvo cerrada, se limpiaron todos los basurales que había en la zona, se ampliaron calles, se reinstaló la iluminación pública, se diseñó un sistema de recolección de residuos y se está instalando un sistema de videovigilancia. En el tercer componente, el programa Uruguay Crece Contigo ha hecho un trabajo casa por casa identificando todos los hogares donde hay niños menores de cuatro años y se los ha incorporado a este plan, que sobre todo apuesta a la primera infancia y a la mejora de la nutrición y otros aspectos vinculadas a la  misma. Tenemos resultados tangibles porque nuestra estrategia es: primero hacemos, después hacemos, después también hacemos y, por último, comunicamos lo que hicimos. Estamos en la lógica de concretar resultados

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Usted ha señalado que la autoridad debe ejercerse sin complejos. ¿A qué se refiere?

Una política de seguridad tiene que estar basada en tres principios centrales: el primero es el ejercicio de la autoridad, el segundo es la reciprocidad, es decir que hay derechos y responsabilidades por parte de los ciudadanos, y el tercero es el desarrollo de la convivencia como estrategia central de la seguridad. El ejercicio de la autoridad tiene el límite de la Constitución y del respeto a los derechos humanos. Ejercer la autoridad sin complejos implica que el Estado tiene un conjunto de herramientas disponibles para ejercer la aplicación de las normas y que no puede permitir que existan espacios de impunidad ni puede tolerar la posibilidad de que haya grupos que intenten ejercer control sobre la población. Entonces el ejercicio activo de la autoridad quiere decir que no se realoja a usurpadores y no se beneficia con políticas del Estado a quienes se beneficiaban de eso. El ejercicio activo de la autoridad quiere decir que no es admisible que la gente robe energía, robe agua potable y no pase nada. Implica que donde hay delitos tiene que haber persecución penal y tiene que haber protección activa de las víctimas.

¿Qué rol juega el Ministerio del Interior en las políticas sociales contra la exclusión?

Una estrategia de seguridad tiene un conjunto de elementos en que el componente social es importante, pero al ministerio le corresponde ejercer la autoridad con base en las normas que tiene y en los elementos que marca la Constitución. Yo entiendo que hay lugares del área metropolitana que son enclaves territoriales donde se combina un diseño urbano y un proceso de alta exclusión sistemático que favorece ciertas conductas criminales. No las explica totalmente, pero sí las favorece. Creo que la acción conjunta y coordinada del Estado, en la que el presidente diseña una intervención y un grupo con determinadas personas a cargo de esas instituciones las ejecuta, es la expresión de que hay que tener respuestas integrales, focalizadas y contundentes y, sobre todo, con los grupos criminales, porque estos son sensibles al rigor y a la acción de la autoridad sin complejos. Y en estos casos nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo a las víctimas, defendiendo a la población que fue expulsada, ese es nuestro objetivo, nuestro norte es que estamos al lado de las víctimas y, por lo tanto, a estos grupos criminales, si bien hay que entender que actúan en el marco de un contexto social, ese contexto ni los justifica ni tampoco los va a liberar de la persecución penal.

¿Existe vínculo entre exclusión social y ausencia de derechos y obligaciones?

Sí, de hecho los sectores excluidos socialmente son los que tienen menos derechos. Hay un derecho humano básico que es la seguridad y a las familias que fueron desalojadas a punta de pistola no se le respetó ese derecho básico; y tampoco tenían en forma completa el ejercicio de otros derechos. La reciprocidad implica que nosotros hemos desarrollado una amplia agenda de derechos que ha retribuido derechos a muchos sectores sociales históricamente postergados, pero eso no quiere decir que esa agenda de derechos no tenga que efectivizarse también cumpliendo responsabilidades, que sí pueden ser diferenciales según la situación social, pero las responsabilidades las tenemos todos, tenemos la responsabilidad de asegurar una convivencia en la sociedad, tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos concurran a la escuela, de educar a nuestros hijos en ciertos valores que impliquen el no vulnerar los derechos de los demás, la responsabilidad de hacer uso de los servicios en las condiciones que están establecidas por las normas; y, de este modo, yo no admito que por estar en una situación de exclusión social no haya responsabilidades. Hay que ampliar derechos, pero también hay responsabilidades, porque si no, estamos actuando de una manera demagógica, pensando que los sectores excluidos están casi imposibilitados de decidir y que lo único que hay que hacer es redistribuir derechos. Yo estoy convencido de que una sociedad que quiere mejorar la convivencia tiene que tener la participación de todos en el ejercicio de las responsabilidades y me parece que el exigir responsabilidades en una sociedad implica tener claro también que hay niveles de exigencia que son diferenciales. Pero eso no quiere decir que haya sectores sociales que por ser pobres o excluidos queden relevados de ser corresponsables de la construcción de una sociedad y por ese motivo tengan derechos, pero no tengan ningún tipo de obligación. No admito eso porque es una pésima manera de violentar, además, los derechos humanos de esas personas, es tratarlos como seres de segunda. Corresponde exigirles responsabilidad porque es una manera de dignificarlos, nadie que viva con dignidad quiere vivir de arriba permanentemente, lo más digno para los sectores excluidos es poder valerse por ellos mismos. Y nos ha pasado en Unidad Misiones que muchos dicen que quieren poder tener las cosas en regla, quieren tener la responsabilidad de no estar al margen, porque el construir la idea de que uno está al margen es fortalecer la idea de que está excluido. Entonces, la dignidad está en poder ejercer las responsabilidades, a diferencia de lo que algunos creen.

¿Cómo se vinculan exclusión social y seguridad ciudadana?

La sociedad es una sola. Por tanto, hay vínculos entre la exclusión y la seguridad, como hay vínculos también entre la distribución injusta de la riqueza y la seguridad; las sociedades más desiguales son las sociedades que tienden a generar más conflicto, entonces existe eso. Pero me parece que también hay que ser muy claro en que no se puede identificar como una línea causal absoluta que todas aquellas personas que están en situación de exclusión son potencialmente delincuentes, porque nosotros tenemos casos muy claros de personas muy ricas que también son delincuentes. La sociedad es una sola y el fenómeno de la exclusión social incide, pero de ninguna manera uno puede asociar los problemas de seguridad con los problemas de exclusión social. No quiere decir que donde hay exclusión social ahí están todos los problemas de seguridad; hay bastante literatura en el mundo de la investigación para demostrarlo.