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Editorial

Al vil precio de la impunidad

Hay que poner más huevos

Por Alberto Grille.

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Caras y Caretas Diario

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El pasado lunes 20 de mayo, una imponente manifestación, nunca vista desde la concentración del Obelisco de noviembre de 1984, recorrió bajo una lluvia torrencial el tramo que va entre el Monumento a los Desaparecidos, en Rivera y Jackson, hasta la plaza Libertad, para recordar que somos cientos de miles los que esperamos y luchamos por verdad y justicia.

La de los desaparecidos y sus familiares parece ser la gran batalla cultural que los uruguayos hemos ganado para la construcción de un país democrático, progresista y con equidad.

No es ocioso recordar, sobre todo para la gente joven, que la marcha se realiza en el aniversario de los secuestros seguidos de tormento y muerte del senador Zelmar Michelini, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Toba Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo de Schroeder y William Whitelaw, de la “desaparición” de Manuel Liberoff y del intento de asesinato de Wilson Ferreira Aldunate, perpetrados en Buenos Aires en mayo de 1976, a poco de instalada la dictadura genocida encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla.

Parece demostrado que los mencionados crímenes fueron perpetrados por esbirros de la dictadura uruguaya apoyados por agentes argentinos al amparo del Plan Cóndor, alianza que coordinó el asesinato de los opositores más relevantes a las dictaduras instaladas en la década del 70, con el propósito de implantar el neoliberalismo en la región, que estaba amenazado por varios proyectos progresistas y por el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile.

Las decenas de miles de manifestantes que recorrieron la avenida 18 de Julio lo hicieron en silencio y no llevaban consignas partidarias ni sectoriales, sino solo banderas nacionales y los retratos de sus desaparecidos, por cuya aparición con vida, o por el conocimiento de la verdad y el imperio de la justicia, vienen pidiendo desde antes del fin de la dictadura cívico militar que asoló el país entre 1973 y 1985.

Todavía esperamos, todavía cantamos, todavía soñamos…

Hay que creerlo, aunque algunos prefieran ignorarlo: los uruguayos de buena madera no nos resignaremos nunca.

Pero esta no fue una marcha más, por muchos motivos.

Han ocurrido muchas cosas en Uruguay en estos meses y esos sucesos tienen trascendente gravitación en las decisiones que los uruguayos vamos a tomar en las tres elecciones que comienzan el 30 de junio próximo.

Desde que se conoció el dictamen de los generales que integraron el Tribunal de Honor que “juzgó” a José Nino Gavazzo y a Pajarito Silveira; las decisiones fulminantes del presidente Tabaré Vázquez; y, sobre todo, la resolución que se votó en el Senado de la República, gracias a la voluntad de los senadores blancos y colorados y del independiente Pablo Mieres, por la que se rechazó el pase obligatorio a retiro de los cuatro referidos altos oficiales, algo ha cambiado para bien en la conciencia del Uruguay.

Resumiré diciendo que, aunque Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou, a propósito, no se hicieron presentes en la referida sesión del Senado, han caído todas las máscaras y se ha demostrado fehacientemente que en cualquier circunstancia estos partidos defienden la impunidad de los genocidas igual que lo hicieron hace 30 años, cuando blancos y colorados votaron la ley de impunidad.

 

El huevo de la serpiente y los embriones que ya salieron

Como se sabe por haber sido difundido públicamente, el Tribunal de Honor militar que juzgó la conducta de José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, omitió en forma deliberada las confesiones de Gavazzo sobre actos violatorios de los derechos humanos. Dichas declaraciones suponían la obligación legal y moral de realizar la inmediata comunicación a la Justicia y la suspensión de las actuaciones del tribunal.

El excomandante y actual precandidato presidencial, general Guido Manini Ríos, envió al Poder Ejecutivo el pasado 12 de marzo un “expediente administrativo” que contenía información sobre los fallos que había tomado el tribunal. En ese documento, el Tribunal de Honor señalaba que los secuestradores, asesinos y torturadores Gavazzo y Silveira “no habían atacado la moral del Ejército” y planteaba, entre otros asuntos, severos cuestionamientos al Poder Judicial, que en su opinión estaba intentando socavar el prestigio de las Fuerzas Armadas.

El mismo 12 de marzo, el Poder Ejecutivo cesó a Manini Ríos “en virtud de apreciaciones que vertiera al momento de elevar los fallos”.

Días después, y como consecuencia de la difusión pública de declaraciones de Gavazzo y Silveira al tribunal, el presidente de la República solicitó con carácter urgente al Ministerio de Defensa los antecedentes de las actuaciones del Tribunal de Honor, el que inmediatamente elevó el expediente, “haciendo constar que, como consecuencia de los actos administrativos dispuestos el 12 de marzo de 2019 por el Poder Ejecutivo, la secretaría de Estado tenía en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación”.

Como no podía ser de otra manera, el presidente Vázquez dispuso la inmediata remisión a la Fiscalía de los testimonios de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira Quesada y Luis Alfredo Maurente.

Presidencia afirmó oficialmente que el Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada “omitieron de forma deliberada” cumplir con el mandato del artículo 77 del decreto 55/985, que dice que “cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones del tribunal hasta tanto el superior se pronuncie”.

La grave omisión afecta al excomandante en jefe Guido Manini Ríos, que “conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de delito, omite dar curso a la denuncia pertinente” y omitió también “denunciar dicho hecho al ministro de Defensa Nacional, cuando el 13 de febrero de 2019 elevó las conclusiones con las consideraciones que derivaron en su cese”. Más sorprendentes son las declaraciones de Guido Manini diciendo que no procedió como correspondía porque todos los protagonistas, los generales que integraban el tribunal y él mismo ya conocían la versión de Gavazzo.

El 1º de abril, Presidencia de la República informó del cese como comandante en jefe del Ejército de José González y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, que pasarán a retiro obligatorio. Además, requeriría la venia de la Cámara de Senadores para enviar a retiro a los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, quienes integraron también el Tribunal de Honor.

Lo dispuesto suponía que, en cumplimiento de sus responsabilidades como mando superior de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, sancionara al comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, y a cinco generales más por no condenar el terrorismo de Estado, la tortura, muerte y desaparición de los prisioneros, y señalar que “no se había afectado la moral del Ejército” en el marco de sus actuaciones en los Tribunales de Honor, medida sin precedentes en la historia de nuestro país.

Todos los Generales destituidos integraron los Tribunales de Honor que recibieron y registraron las confesiones de José Nino Gavazzo asumiendo el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro, en 1973, y las acusaciones de Jorge Silveira sobre la culpabilidad de Gavazzo en la desaparición de María Claudia García de Gelman y en operaciones realizadas en Buenos Aires para robar,  extorsionar y asesinar a ciudadanos uruguayos; no lo consideraron una falta contra el honor del Ejército, emitiendo un fallo absolutorio porque “no se había lesionado la moral de Ejército”.

En la ocasión, también fueron cesados el ministro de Defensa y su subsecretario, en un episodio aún confuso que resultará difícil aclarar por la muerte de uno de los protagonistas y la prudente discreción de los otros.

La conducta del presidente de la República fue respaldada de inmediato por el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, su secretariado, la unanimidad de la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio, los precandidatos Óscar Andrade, Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez.

También fue respaldado por el Pit-Cnt, Crysol, Madres y Familiares de Desaparecidos y la FEUU, que además convocaron a una movilización en defensa de la democracia.

En la oposición, en un primer momento, respaldaron lo actuado por el presidente los precandidatos Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi y Pablo Mieres.

La decisión del presidente Tabaré Vázquez estuvo fundada en sólidos fundamentos éticos, democráticos y legales.

El 9 de abril, el flamante ministro de Defensa, José Bayardi, entregó a la Comisión de Defensa del Senado una copia de las actas del Tribunal de Honor militar con las declaraciones de José Gavazzo, en las que admite haber arrojado a un río el cuerpo de Roberto Gomensoro.

Trozos de dichas actas se hicieron públicos en marzo y su difusión desencadenó la serie de sucesos que relatamos líneas arriba. Esta publicación se hizo en El Observador, en un extenso artículo escrito por Leonardo Haberkorn, que detalla las confesiones de Gavazzo sobre el secuestro, muerte y “desaparición” del militante político Roberto Gomensoro, primer desaparecido del terrorismo de Estado, en pleno régimen constitucional presidido por el presidente Juan María Bordaberry, algunos meses antes de que se diera el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 mediante el decreto presidencial que “disolvía” el Parlamento electo por el soberano.

Los integrantes del mencionado tribunal decidieron no llevar el tema a la Justicia ni al Poder Ejecutivo, a pesar de que la confesión quedó registrada en las actas.

En las 702 páginas de las actas, los tres militares responden a las preguntas de los generales que integran el tribunal, que los interrogan sobre temas como el “segundo vuelo”, sobre los interrogatorios realizados y si hubo torturas o muertes en ellos y si se secuestraron niños en ese oscuro período.

 

Segundo capítulo: las destituciones al Senado

A raíz de estos sucesos, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, a principios de abril, un proyecto de ley solicitando la venia del Senado de la República para destituir a los generales Gustavo Fajardo, jefe de la División IV del Ejército, con sede en Lavalleja, Carlos Sequeira, titular la División I, con sede en Montevideo, Claudio Romano, director general del Instituto Militar de Estudios Superiores, y Alejandro Salaberry, de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Todos tienen, pues, importantes funciones actuales y, como integrantes del Tribunal de Honor, han defendido, o al menos han justificado por escrito, situaciones y conductas aberrantes.

¿Son dignos, están capacitados cívica y moralmente para cumplir esas funciones, y aun para integrar el Ejército Nacional que nace con el general José Gervasio Artigas, o incumplieron con sus deberes?

El Senado de la República debía juzgarlos, al considerar sus venias de destitución, las que debían aprobarse por tres quintos de los votos.

Votaron por destituirlos los 16 senadores del Frente Amplio. Votaron en contra los quince senadores blancos y colorados y el del Partido Independiente, cuyos nombres damos a continuación: María Dolores Álvarez (Partido Nacional, suplente de Verónica Alonso, sartorismo); Carol Aviaga (Partido Nacional, herrerismo); José Carlos Cardozo (Partido Nacional, herrerismo);

Álvaro Delgado (Partido Nacional, herrerismo); Javier García (Partido Nacional, herrerismo); Luis Alberto Heber Fontana (Partido Nacional, herrerismo);

Jorge Saravia (Partido Nacional, herrerismo, suplente de Luis Alberto Lacalle Pou); Pablo Iturralde (Partido Nacional, Alianza Nacional, suplente de Jorge Larrañaga); Daniel López Villalba (Partido Nacional, Alianza Nacional, larrañaguista); Carlos Camy (Partido Nacional, Alianza Nacional, larrañaguista); Juan Pedro Bordaberry (Partido Colorado, talvista);

Graciela Matiaude (Partido Colorado, bordaberrista, talvista); Germán Coutinho (Partido Colorado, bordaberrista, talvista)

José Amorín Batlle (Partido Colorado, amorinista); Pablo Mieres (Partido Independiente, ex La Alternativa).

Es de destacar que los candidatos blancos Luis Alberto Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Verónica Alonso, prudentemente, no participaron en la sesión y eludieron asumir los costos políticos. En la sesión mencionada fueron sustituidos por sus suplentes.

Estos 15 senadores votaron la impunidad y el mantenimiento en sus cargos de militares que avalaron o justificaron la tortura, el secuestro, el asesinato, el robo de niños y la desaparición de personas, y que ocultan o son cómplices de quienes niegan la información necesaria para esclarecer el destino de los desaparecidos o las circunstancias en que murieron.

Estos señores nos reiteran con su actitud que ya no hay batllismo ni wilsonismo en el Partido Colorado y el Partido Nacional.

En este asunto tan principal como los derechos humanos y el llamado pasado reciente, hay muy poco margen para los que somos críticos con el gobierno del Frente Amplio, para quienes se desencantaron, para los decepcionados e indecisos.

Es claro que el batllismo y el wilsonismo ya no están en los partidos tradicionales. Así como que hace 30 años los partidos Nacional y Colorado siguen siendo artífices y defensores de la impunidad.

El presidente Tabaré Vázquez tomó las medidas inéditas que había que tomar, siendo respaldado por toda la fuerza política, el Pit-Cnt, Crysol y la FEUU.

Los 16 senadores del Frente Amplio votaron la destitución de los malos militares.

No hay que olvidar este episodio porque sorpresivamente nos puso ante los sempiternos o nuevos encubridores de la impunidad del terrorismo de Estado.

Es como si hubiera un muro que hace más difícil el necesario intercambio, la comprensión, el entendimiento y el diálogo  entre uruguayos, incluyendo civiles y militares, de milico o de paisano. Los que quieren olvidar y los que no pueden dejar de recordar. Los que creen que se trata de un problema ideológico que nos traba y los que creen que se trata de una responsabilidad ética sin la cual no es posible construir futuro.

Por ahora, no hay opción posible; con todos los errores y las necesarias e insuficientes  autocríticas, hubo solamente 16 manos que se levantaron para destituir a los generales del tribunal.

Fueron las de los senadores del Frente Amplio.

Los otros, muy poca cosa.

Hay que poner más huevos.

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