Por Manuel González Ayestarán
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Las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Honduras han estado marcadas por múltiples irregularidades. A pesar de ello, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea declaró que el proceso de votaciones en sí mismo “se llevó a cabo de una manera transparente”. El pasado lunes los hondureños amanecieron con dos candidatos autoproclamados presidentes de la República, debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no había revelado ningún conteo la noche anterior. Esto se debió a que únicamente disponía de 40 por ciento de las actas en las que identificaban una desproporción importante entre el voto urbano sobre el voto rural. Esto hizo que los candidatos mayoritarios, Orlando Hernández (actual mandatario postulado para su reelección a la cabeza del Partido Nacional) y Salvador Nasralla (al frente de Alianza de Oposición contra la Dictadura), celebrasen sus supuestos triunfos, citando resultados de sondeos a pie de urna. La primera difusión pública, realizada por el TSE el pasado lunes con 57 por ciento de los votos escrutados, dio una ventaja a Nasralla de cinco puntos porcentuales sobre Hernández. Sin embargo, el pasado miércoles, con 73,59 por ciento de escrutinio, la distancia se redujo a poco más de uno por ciento, figurando el candidato opositor con 45,17 por ciento de apoyos frente a 40,21 del oficialismo. La diferencia entonces era de 28.445 votos. El pasado jueves la balanza electoral se desequilibró definitivamente en favor del actual presidente adjudicándole 42,16 por ciento de sufragios, frente a 41,6 obtenido por Nasralla. El TSE informó a finales de semana que aún falta realizar un escrutinio especial sobre 1.031 actas que supuestamente fueron rellenadas de forma incorrecta durante la votación. Estas representan 5,69 por ciento del total, lo que implica que la ventaja que Hernández saca a Nasralla (1,5 por ciento) puede ser revertida de nuevo. El conocido presentador de televisión acusó al TSE el pasado martes a través de su perfil en la red social Twitter de estar “haciendo todo lo posible para quitarnos el triunfo”. Desde principios de la pasada semana, el candidato opositor modificó la descripción de su perfil en la mencionada red social añadiendo a ella el título de “presidente electo de Honduras 2018-2022”. En las últimas jornadas, estas acusaciones se han pronunciado y los contrarios al oficialismo han salido a las calles denunciando que en el proceso electoral fueron desechadas o no contabilizadas varios miles de actas. También se han denunciado prácticas ilegales de compra de votos y presentación de actas falsas. En este sentido, organizaciones progresistas de varios países como la española Izquierda Unida se han sumado a la condena del proceso electoral hondureño. Por otro lado, estos comicios partían desde su inicio de acusaciones de ilegitimidad provocadas por la misma participación del presidente Hernández como candidato, ya que la Carta Magna del país prohíbe la reelección de un mandatario desde el año 1982. No obstante, en el año 2015 un sector de legisladores vinculados al presidente presentaron dos apelaciones contra este impedimento constitucional ante la Suprema Corte de Justicia (CSJ), las cuales fueron aceptadas. Este proceso por el que se declararon inaplicables las prohibiciones recogidas en la Constitución fue considerado “ilegal” por los partidos opositores, dando lugar a varios actos de protesta en los que se denunció la parcialidad de la CSJ y se calificó como “fraude” a los comicios electorales. La crisis institucional del país viene marcada también por la reciente publicación del informe Represa de violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres, a cargo del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe). En este texto se presentan varias pruebas que demuestran la complicidad del Estado hondureño con la empresa Desarrollos Energéticos (Desa) en el asesinato de la líder lenca, Berta Cáceres, por su liderazgo en oposición al proyecto hidroeléctrico que esta firma pretendía implementar en el río Gualcarque. Como ella, decenas de líderes sociales fueron asesinados por su oposición a proyectos extractivistas promocionados por el gobierno posgolpista. A todo esto se suma que Honduras es un país en el que 60 por ciento de la población vive en situación de pobreza, según la Cepal, acumulando una deuda externa de 15.000.000.000 de dólares. En este sentido, la administración de Orlando Hernández ha estado marcada por la persecución y la violencia contra activistas defensores del medioambiente, la reacción de la población contra la ingente corrupción que desborda a las instituciones públicas (con protestas periódicas organizadas por el colectivo Indignados) y la expansión de la industria extractivista a costa del desplazamiento de pueblos originarios, comunidades campesinas y la vulneración de los estándares de protección ambiental. La oposición Ante esta situación, el candidato a la presidencia, Salvador Nasralla, aprovechó la popularidad cosechada a lo largo de su carrera televisiva para presentarse a las elecciones como principal opción opositora al frente de la coalición Alianza de Oposición contra la Dictadura. Su candidatura ha estado respaldada por el expresidente de Honduras depuesto por golpe de Estado, Manuel Zelaya, quien coordinó la formación de la mencionada coalición liderada por Nasralla. Este grupo se formó mediante la unión del Partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por Zelaya, con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-sd). Salvador Nasralla es conocido en Honduras como “El señor de la tele” por su amplia trayectoria como presentador de concursos televisivos y comentarista deportivo. Su popularidad ha sido aprovechada por la oposición a Hernández para crear una propuesta política un tanto confusa, adscrita al progresismo, pero que esconde fuertes tintes corporativos.“Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, sino un hombre que viene de la empresa que apuesta por el desarrollo humano”, declaró el candidato en entrevista con el diario español El País. Nasralla nació en una familia acomodada de origen libanés. Se formó como ingeniero industrial y estudió administración y dirección de empresas en la Universidad Católica de Chile (país natal de su madre). A su regreso, se desempeñó como gerente de la multinacional Pepsi. En una entrevista reciente con el medio chileno La Tercera, Nasralla declaró ser amigo del hijo del dictador chileno Augusto Pinochet, el exgeneral Marco Antonio Pinochet. Asimismo realizó declaraciones altamente condescendientes respecto al genocida chileno. “Como yo tuve la oportunidad de ver Chile justo cuando entró el señor Pinochet, vi la situación en la que estaba el país, que era muy mala, y vi cómo los economistas de su gobierno lograron rescatar económicamente el país”, afirmó en entrevista con el mencionado diario. “Yo no lo admiro. No sé si como fábula o realidad se dicen muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que, estando en Chile, pude experimentar un notable cambio de un país empobrecido donde hacíamos cola para todo, [que] a partir de las medidas económicas que toma [Pinochet] se convierte en una potencia latinoamericana”, añadió. Sin embargo, las fuerzas progresistas latinoamericanas ven a Nasralla como una opción izquierdista en Honduras. Esto se debe, entre otras cosas, a varias declaraciones benevolentes con los gobiernos izquierdistas de la región que ha realizado en los últimos meses y a promesas como la reversión de las privatizaciones y la derogación de las que considera “leyes económicas nocivas”. Entre ellas está la legislación que habilita la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobadas inicialmente por el gobierno posgolpista de Porfirio Lobo en 2010. Estos lugares actualmente figuran como espacios sujetos al gobierno nacional provistos de autonomía judicial, económica y administrativa sujeta a los principios del libre mercado. Sin embargo, en entrevista con El País, Nasralla declaró no tener tendencia política. “Soy apolítico y el único acercamiento con la izquierda vendría para conseguir precios baratos de los países que venden petróleo en América. Pero no por eso me voy a arrojar en brazos de la izquierda o la derecha. Lo nuestro es luchar contra la corrupción y limpiar el país de ladrones”. Por otro lado, preguntado por la primera decisión que llevará adelante como presidente, el candidato respondió: “Generar empleo desde todos los ámbitos posibles, principalmente en el campo, y favorecer la llegada de la inversión privada”.