Honduras, un narcoestado ilegítimo

“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.” (Berta Cáceres, abril de 2015) El 2 de marzo de 2016, en plena víspera de su cumpleaños, la activista lenca, feminista y medioambiental Berta Cáceres fue asesinada en su domicilio por sicarios ligados a poderes empresariales y políticos del país. La líder y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) llevaba años denunciando amenazas de muerte contra su persona. De hecho, su asesinato fue precedido por el de tres miembros de su organización que también luchaban contra la construcción de represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. En el mismo momento también fue herido de bala el ambientalista mexicano Gustavo Castro. A un año del trágico episodio, sus hijas y compañeros denuncian la complicidad del Estado hondureño en alianza con la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), presidida por el exoficial de las fuerzas armadas Roberto David Castillo Mejía. Honduras es el país más desigual de América Latina según el Banco Mundial. Actualmente,  42,5 por ciento de la población vive en extrema pobreza, y 22 por ciento en situación de pobreza relativa, lo que hace que un total de 64,5 por ciento de hondureños sean considerados pobres, según información de la BBC en base a cifras del Banco Mundial. El país se encuentra inmerso en la continuación del golpe de Estado asestado contra el gobierno progresista de Manuel Zelaya en 2009, bajo el apoyo y supervisión del gobierno estadounidense con la dirección de la dupla Obama-Clinton. Tras este episodio, el conservador Partido Nacional de Honduras ganó dos comicios electorales (el primero en el mismo año del golpe, bajo acusaciones de ilegalidad). Movimientos sociales como el fundado por Berta Cáceres denuncian que, desde el golpe de Estado, el nuevo gobierno ha dado carta blanca a las empresas mineras e hidroeléctricas nacionales y extranjeras para la explotación de la región. Desde entonces, se han multiplicado los crímenes y amenazas contra activistas sociales y medioambientales que defienden los derechos de los campesinos e indígenas expulsados de sus tierras. Así, el crimen de Cáceres es uno más entre los tantos que sufren los campesinos que denuncian los atentados contra el medioambiente de las empresas promocionadas por el gobierno. El coordinador de las Izquierdas Socialistas de Honduras, Gilberto Ríos, señaló al portal Rebelión.org que “de las diez familias que constituían hasta hace muy poco la oligarquía del país que controla más de 90% de la economía (alrededor de 2.050 empresas estratégicas), ahora se han reducido a cinco familias dueñas de las 918 firmas claves de Honduras. Estamos frente a una concentración abrumadora de la riqueza”. Su agrupación política denuncia que estas familias están íntimamente ligadas con el narcotráfico. “El Departamento de Estado estadounidense hace tres años reportó que por Honduras pasa más de 90 por ciento de la cocaína proveniente de Colombia y dirigida a Estados Unidos. Ello aumentó todavía más luego del golpe de Estado porque otras rutas que podían resultar inseguras fueron garantizadas por la nueva situación del país”, agregó. En este sentido, existe un fuerte vínculo entre el capital financiero, el narcotráfico y el Estado hondureño, que es sistemáticamente denunciado por movimientos sociales y agrupaciones políticas de izquierda, mientras sus líderes son perseguidos y asesinados. Por otro lado, Honduras siempre ha sido un enclave geoestratégico fundamental para el gobierno de Estados Unidos. Durante la segunda mitad del siglo XX, Washington utilizó el territorio hondureño como enclave militar para desarrollar sus injerencias en Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. Durante las últimas décadas, bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos aumentó su presencia militar en el país, el cual aloja tres bases norteamericanas. Un crimen impune La hija de la difunta, Berta Zúñiga Cáceres, lleva denunciando desde el pasado año que el Estado hondureño únicamente ha detenido a cargos intermedios, y que los principales instigadores del delito aún siguen libres. Efectivamente, las autoridades hondureñas únicamente han arrestado a siete personas, de ellas cuatro son exmilitares y una ostentaba un alto cargo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, gestionado por DESA. Un artículo publicado en el diario inglés The Guardian por la periodista Nina Lakhani informó, con base en la consulta de fuentes judiciales, que dos de los detenidos en mayo de 2016, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente retirado Douglas Giovanny Bustillo, habían sido entrenados en 1997 en la Escuela de las Américas (centro estadounidense de entrenamiento en métodos de tortura, asesinato y represión para fuerzas militares latinoamericanas). El teniente Bustillo era el jefe de seguridad de DESA y es la persona a la que se atribuye la planificación del asesinato de Cáceres. La líder social había denunciado ya en 2013 intentos de soborno y amenazas por parte de Bustillo y del mencionado alto cargo de DESA encarcelado, Sergio Rodríguez. “Como no les funciona eso, vienen todas las acusaciones que ya se conocen y amenazas de muerte. Incluso tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa (Bustillo), en los que incluso hay acoso sexual”, señaló Cáceres en entrevista con el periodista Dick Emmanuelson en 2013. En enero de este año se detuvo en México al exmilitar Henry Hernández, autor material e intelectual del asesinato, el cual trabajó, según informó Telesur, bajo las órdenes del mayor Díaz Chávez en la unidad especial del ejército hondureño, 15º batallón. Este cuerpo de elite es un “legado” del ejército estadounidense en Centroamérica, al cual entrenó en el marco de la guerra contra el sandinismo en Nicaragua y contra los grupos guerrilleros que por entonces operaban en El Salvador y Guatemala. En la actualidad estas fuerzas, inicialmente dedicadas a luchar contra la insurgencia, siguen operando en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región y, como es evidente, algunas de sus autoridades y efectivos retirados emplean los conocimientos adquiridos en servicios de sicariato para la oligarquía regional. Asesinatos y amenazas constantes El crimen contra la fundadora del Copinh, si bien ha dado visibilidad internacional al proceso de expolio de Honduras a cargo de empresas y multinacionales asociadas con el gobierno, no ha hecho que las amenazas y asesinatos contra líderes sociales cesen en el país. Apenas 13 días después de la muerte de Cáceres, el miembro del Copinh Nelson García, natural de la comunidad de Río Chiquito, fue asesinado a balazos. El líder campesino había participado la misma jornada de su muerte en una movilización contra el desalojo forzado de 150 familias de bajos recursos a cargo de las autoridades militares hondureñas. Por otro lado, en octubre de 2016 el Copinh emitió un comunicado por el que denunció internacionalmente dos intentos de asesinato contra los miembros de su organización Tomás Gómez Membreño, coordinador general del Copinh y Alexander García Sorto, líder comunitario de Llano Grande, Colomoncagua. “En horas de la madrugada, sujetos desconocidos llegaron a la casa de habitación del compañero Alexander García e hicieron numerosos disparos a la puerta principal y a la ventana de la habitación en la que se encontraba durmiendo con su esposa y sus dos hijas”, señala el documento. “En la noche del mismo día, una persona disparó contra la camioneta de la organización, que conducía el compañero Tomás Gómez Membreño, coordinador general del Copinh, cuando salía del centro de encuentros Utopía con dirección a su casa”, añade. Alexander García había sido baleado en mayo de 2016 por el exmilitar Enedicto Alvarado, el cual fue apresado. Su familia llevaba tiempo amenazando al coordinador del Copinh para que retirase la denuncia. Entonces, el Copinh denunció “la realización de disparos en ráfagas que se realizan en la comunidad lenca de Río Blanco por parte sicarios pagados por DESA como forma de intimidación y amenaza contra la comunidad que se opone a la destrucción del río Gualcarque y el despojo de los territorios del pueblo lenca”. Por último, en enero de 2017 fueron detenidos cinco campesinos lencas integrantes del Copinh en el municipio de Intibucá. Los activistas fueron acusados de usurpación de tierras por realizar actividades de agricultura en predios que poseen hace más de 50 años, por los cuales pagan impuestos a la municipalidad. “Quien reclama el terreno de los cinco compañeros como propio se fundamenta en una extensión de dominio pleno hecha por el exalcalde de Intibucá Martiniano Domínguez Meza, quien se encuentra procesado por otorgar de manera ilegal el permiso de operaciones a la empresa DESA, ligada públicamente al asesinato de nuestra coordinadora Berta Cáceres”, denunció el Copinh en un comunicado oficial. “Esta detención arbitraria se realizó en un contexto del incremento de acciones represivas del plan Colombia/México en Honduras, que busca destruir mediante la represión y acciones clandestinas al movimiento social e indígena-negro de Honduras con el fin de despojar los bienes comunes (naturaleza, ríos, agua, carretas, minerales, paisaje, fertilidad del suelo, etc.) al pueblo hondureño y entregarlos a la explotación privada con beneficio, utilidades económicas y comisiones a unos cuantos”, añaden.