Hurto de energía en Uruguay: De vivos y necesitados

El prejuicio social suele vincular el hurto de energía con los sectores sociales más desposeídos. El dedo acusador apunta, en forma espontánea, a las personas de los sectores más bajos, los más vulnerables, aquellos que viven “colgados de la luz” en los asentamientos irregulares de la periferia de Montevideo o de diversos puntos del país. Sin embargo, el hurto de energía es una actividad extendida entre todos los sectores de la sociedad, incluidos los más altos. “La energía robada es pareja entre la clase más pobres y la más pudiente. La diferencia es la forma [de la maniobra]”, afirmó el gerente del Área Asesoría Técnico Jurídica de UTE, José Alem. Entre los sectores más desfavorecidos, el hurto se sustancia mediante conexiones clandestinas a la red eléctrica. En general, son conexiones precarias, fáciles de detectar, que representan un riesgo para la persona que la realiza. “En algunos sectores hay una cultura del no pago, de vivir enganchado, que es difícil de quebrar”, dijo. Incluso UTE detectó avisos clasificados de venta de inmuebles que se presentan con un beneficio extra: “No paga luz ni agua”. En los sectores más pudientes se emplea un sistema más sofisticado y tecnificado, que incluye conexiones subterráneas o la colocación de un bypass en los medidores para pagar sólo una parte del consumo total. “Esto se produce en zonas con mucho poder económico, donde no se percibe una situación de necesidad. Son casos de ‘viveza criolla’, para obtener un beneficio indebido, por ejemplo, para calefaccionar la piscina […] El hurto está en toda la sociedad, pero se nota donde más duele”, afirmó Alem. El delito de robo de energía está consagrado en el artículo 343 del Código Penal. “El artículo 340 [hurto] se aplica a la sustracción de energía eléctrica y agua potable, salvo que esta se operara por intervención en los medidores, en cuyo caso rigen las disposiciones sobre estafa”. Se trata de un delito aprobado en 1933. Esto determina que no es un delito actual, sino de larga data, pero que se incrementó en forma considerable en 2002, tiempos de crisis económica. En efecto, un informe de UTE en 2010 estimó que el robo de energía implicaba una pérdida de unos 80 millones de dólares al año para el organismo. La mitad de esa cifra era responsabilidad de familias que residían en asentamientos y barrios carenciados; la otra mitad correspondía a empresas o residencias ubicadas en zonas pudientes. Ese año, el robo de energía representó 6,66% de la facturación total de UTE. Los planes de regulación, particularmente en asentamientos, permitieron que esta cifra descendiera. Desde 2013 a la fecha, UTE procedió a regularizar más de 14.600 conexiones a la red eléctrica, de las cuales 92% mantiene el servicio. La mayoría de estas intervenciones se registraron en Montevideo y el área metropolitana, a partir de los programas de inclusión impulsados por el ente, que incluyen tarifas diferenciales para las familias de sectores más vulnerables. Sin embargo, las cifras aún son importantes. Las últimas estimaciones ubicaron el perjuicio por robo de energía entre 20 millones de dólares y 50 millones de dólares. Un buen cliente “UTE es nuestro principal cliente”. Con estas palabras, un juez penal se refirió al volumen de denuncias por hurto de energía presentadas por UTE ante la Justicia. “En todos los juzgados se pueden encontrar expedientes por denuncias de hurto de energía, son muchas y demandan trabajo”, agregó el magistrado. Las cifras confirman esta situación. Entre 2012 y 2016, el ente energético presentó unas 5.000 denuncias penales por hurto o estafa de energía en todo el país. En los primeros ocho meses de 2017, el organismo presentó unas 600 denuncias. UTE justifica la presentación de las denuncias en que “la existencia de delito sin sanción aumenta la referencia negativa para el colectivo social en que estos hechos ocurren”, señala un escrito judicial al que accedió Caras y Caretas. “Más allá del perjuicio económico que implica [el robo], la proliferación de estas conductas con clara apariencia delictiva provocan (además del impacto social), un deterioro en los equipos de medición y control. Estos son parte del patrimonio de la empresa y su manipulación no siempre es fácilmente detectable, lo que permite la reiteración en el tiempo de una infracción que cuanto más tiempo pasa, más gravosa se hace para quien presta el servicio, con el agravante de que quienes realizan estas maniobras se van especializando en ellas y luego venden este conocimiento a terceros o comercializan su conocimiento como un servicio, lo que tiene un efecto multiplicador nefasto”. “Sabido es que quien no abona la energía gasta en demasía, lo que es un nuevo agravante a la situación, tanto para quien presta el servicio como para aquel cliente que, abonando con puntualidad, ve disminuir notoriamente la calidad del servicio (baja tensión) durante los períodos de mayor consumo, que es cuando usualmente se conectan sin derecho a la distribución”, agrega. Asimismo “estas conductas son sumamente peligrosas y exponen a quienes realizan conexiones directas a la red y/o manipulan los medidores a un peligro cierto de accidente eléctrico (no poseen los elementos de protección destinados a evitar este tipo de accidentes); también corren peligro los demás habitantes de la finca y terceros que pueden ser sorprendidos en su tránsito por una línea clandestina mal ubicada, que no tiene los mínimos cuidados de seguridad, lo que significa potenciar el riesgo de accidentes”, expresa UTE. En este marco, la subgerente de Coordinación de Juicios Ejecutivos e Irregularidades Tarifarias, Silvia Valiño, afirmó que el hurto de energía afecta al ente, pero también a los vecinos de la zona. “La persona que está hurtando energía gasta mucho más de lo que la red está capacitada para brindar. Hay gente que tenía estufas en cada ambiente de su casa porque no paga la energía, y eso produce una baja tensión en el resto de los vecinos”, dijo Valiño. Además, “los continuos enganches deterioran la red y eso puede producir, a la larga, accidentes que perjudican también a la sociedad toda” por el “costo de renovación de los equipos”, agregó. En este sentido, los servicios inspectivos de UTE presentan unos 1.000 casos de hurto de energía por mes, de los cuales se analizan entre 600 y 700 por mes, consideradas prioritarios, señaló Valiño. En todos los casos, las denuncias se presentan con las pruebas de la ilegalidad, entre ellas, fotos de la infracción (certificadas por el funcionario público), actas de la inspección firmadas por los técnicos, el informe de la irregularidad, la notificación al cliente sobre la ilicitud y un croquis y fotografías en colores de la ubicación de la finca o de la empresa denunciada. Sin embargo, el objetivo principal del ente es buscar un acuerdo con el infractor para regularizar la situación. “A UTE siempre le interesa refinanciar, porque quien refinancia regulariza y empieza pagar los consumos corrientes. Cuando la persona regulariza no sólo está pagando la deuda que ya generó, sino que esa persona se reinserta al sistema y empieza a pagar sus consumos corrientes. Es una doble finalidad que se logra”, destacó Valiño. Las denuncias penales se reservan para casos en que la persona no acceda a regularizar o en que la maniobra sea sofisticada o el monto importante. Tras la presentación de la denuncia, se abre una nueva etapa de negociación, esta vez promovida por la Justicia. “Por el principio de oportunidad, la Justicia Penal selecciona los casos más graves para procesar y lo que se trata es que se logre la reparación económica y que la persona se vuelva a insertar en el sistema”, agregó. En algunos casos esto no sucede, o la persona reitera la operativa ilícita, por lo que la Justicia continúa con su actuación. Entre 15 y 20 personas son procesadas cada año por el hurto de energía, estimó Valiño. La sanción penal En 2014, UTE presentó una denuncia penal ante la Justicia de Paysandú tras detectar un caso de robo de energía. La denuncia fue presentada contra los propietarios de un hotel y de un motel en esa ciudad, que montaron una estratagema para robar energía. Finalmente, en abril de 2017, la jueza Elsa Montini dispuso el procesamiento sin prisión de los dos propietarios. “Se ha acreditado en forma semiplena que los indagados se apropiaron de energía eléctrica sustrayéndola al ente estatal, con fines de ilegítimo provecho”, señala el fallo, al que accedió Caras y Caretas. En su fallo, la jueza valoró que los involucrados repararon el daño ocasionado al ente (unos 600.000 pesos), pero también la complejidad de la operativa. El cliente tenía una conexión irregular subterránea que no permitía al ente registrar la energía efectivamente consumida. A su vez, existía una derivación subterránea del conductor de acometida que va al medidor, la utilización de esta conexión irregular era manipulada por parte del cliente con un interruptor ubicado en el lado interior del muro perimetral del establecimiento. O sea, el propietario tenía la posibilidad de prender y apagar la conexión al medidor, de forma de regular el consumo de energía que marcaba el medidor. Este tipo de acciones, sin embargo, no es una novedad para los servicios de UTE. En 2005, la Justicia dispuso el procesamiento sin prisión del propietario de una empresa del rubro de helados por hurto de energía. Dos años antes, una inspección realizada por UTE constató que el empresario efectuaba este tipo de maniobras en su empresa y en su domicilio particular, según consignó el diario La República. Otro caso fue el de un empresario -propietario de un frigorífico de pescado- que tenía un bypass subterráneo mediante el cual controlaba el consumo que certificaba el medidor a través de un interruptor ubicado en su escritorio. Un funcionario de UTE constató la maniobra al inspeccionar el establecimiento durante un fin de semana: la empresa estaba funcionando, pero el medidor no registraba el consumo, ya que el empresario -que no estaba- lo había dejado activado por error. Pero también existen situaciones más precarias, en diversas zonas del territorio. En 2017, la Justicia procesó sin prisión a un hombre que reside en La Teja. Se trataba de un hurto reiterado y que se producía hace varios años. “No le voy a mentir, la UTE cada vez que va a hacer inspecciones me desengancha, pero yo la vuelvo a enganchar”, declaró ante la Sede. Otro caso registrado este año fue un hombre que hacía más de cuatro años vivía en una finca de Tres Cruces, con conexión ilegal: “Quiero poner el contador a mi nombre y comenzar de cero. Si me quieren mandar en cana, que me manden”, afirmó. En estos casos, la Fiscalía solicitó una condena de 14 y 15 meses de prisión, respectivamente.