Ida y vuelta de los acuerdos entre Uruguay y Venezuela

El 6 de julio del pasado año, el presidente Tabaré Vázquez anunció la realización de un acuerdo con la República Bolivariana de Venezuela. En él se instrumentaban los mecanismos para cancelar la deuda que mantenía Ancap con la estatal Pdvsa a cambio de productos alimenticios cuya magnitud y precios (mayores que los del mercado internacional) favorecían notoriamente a los productores uruguayos, particularmente a los del sector lácteo. El pago de lo exportado estaría a cargo de un fideicomiso, que se depositaría en el banco estatal venezolano, Bandes, por concepto de la cancelación de la deuda petrolera. Adelantar el pago de lo adeudado implicaba ventajas para Uruguay, ya que se reducía el monto de la deuda de los 430 millones de dólares iniciales a 267 millones. A comienzos de setiembre de 2015, los productores comenzaron a derivar el grueso de su saldo exportable a Venezuela. Los saldos involucrados implicaban 44 toneladas de leche en polvo, 12 mil de quesos, 90 mil de arroz, 80 mil se soja y nueve mil de pollo. Para dar una idea de la magnitud de la operativa, baste decir que con ese acuerdo, el sector lácteo triplicó lo que había despachado en el curso de todo el año, o que en materia de quesos, se comprometió en la misma el 65 % de la producción del sector. Sin embargo, los problemas estructurales que hoy padece Venezuela llevaron al atraso en el pago de la deuda con los productores, que el día martes se movilizaron a lo largo del país en reclamo del pago de los adeudos, cortando rutas y responsabilizando en algunos casos al gobierno nacional por haberlos inducido a involucrar sus saldos exportables en una operativa que hoy aparece rodeada de incertidumbre. Las empresas resentidas por el atraso en los pagos son Conaprole, Pily, Claldy y Calcar (las tres últimas casi exclusivamente implicadas en la exportación de quesos). Al momento, de las 44 mil toneladas de leche en polvo comprometidas en el acuerdo (que en su enorme mayoría son producidas por Conaprole, que capta el 70% de la producción de los tamberos), ya llegaron a destino 24 mil toneladas, habiéndose pagado algo menos de la mitad de lo adeudado por tal concepto.   Actualizando Lo adeudado por Venezuela ronda los 100 millones de dólares, de los cuales, 85 millones corresponden al sector lácteo y siete millones a los faconeros de pollo. La situación tiende a complicarse por un conjunto de factores internos y externos. Entre los segundos, genera inquietud la inestabilidad política de Venezuela, conmovida por un parlamento opositor y un Ejecutivo dispuesto a priorizar (a través del recientemente creado Consejo Presidencial de Economía Productiva) a la producción nacional en nueve rubros, entre los que se jerarquiza al agroalimentario. En otras palabras, sobrevuela entre los productores el temor a un aplazamiento a largo plazo del pago de la deuda e incluso de un virtual default. Entre los factores internos que generan inquietud, el principal es que si bien los costos de producción de la leche operaron a la baja (ubicándose en un promedio de 25 centavos de dólar el litro), el precio del producto en los mercados internacionales bajó aún más. A eso se le suma el proyectado efecto del incremento de tarifas anunciado por el gobierno uruguayo, destinado a amortiguar el déficit fiscal y que, en el caso de la energía eléctrica, promete un incremento del 9,85 % en los costos, lo que los ubica por encima de la inflación. La frutilla en la torta la puso el día martes el diputado del Partido Nacional, Alejo Umpiérrez, quien denunció que el dinero del fideicomiso (con el que se pagaría a los productores) depositado en el Bandes, habría sido girado -no se explicó por qué razón- al China City Bank, lo que imprime un giro inesperado a la situación y motivó la convocatoria, por parte de Umpiérrez, del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, a la Comisión Permanente del Parlamento. Por otra parte, en entrevista realizada por el diario La República, el también diputado nacionalista Edmundo Roselli, considera que Venezuela pagará. En materia de negocios, “hay que seguir apostando” al país caribeño, según el legislador.