Independencia catalana: La disoluble unidad de España

La cuestión catalana ha derivado en una coyuntura compleja, marcada por múltiples aristas. La negativa del Estado español a reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos en Cataluña hizo que las fuerzas independentistas, lideradas por la derecha nacionalista, llevasen a cabo una consulta popular saltándose la legalidad definida en la Constitución posfranquista. La actuación del Ejecutivo español durante la jornada en la que se celebró el referéndum hizo honor a las raíces políticas del actual régimen de gobierno. Ese día el mundo vio a las fuerzas policiales españolas arremeter violentamente contra ciudadanos de toda índole, que únicamente pretendían votar, haciendo que más de 800 personas tuviesen que ser atendidas por los servicios de salud. Medios internacionales de diversos tintes ideológicos condenaron severamente en sus coberturas la actuación represiva del Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy. Un medio defensor de la OTAN, como The New York Times, llegó a afirmar que el mandatario español ha hecho méritos para parecer un “matón intransigente” ante la opinión pública internacional, “alejando la posibilidad de una solución política al conflicto”. Para el rotativo británico de cuño socioliberal The Guardian, “la respuesta […] de Mariano Rajoy ha sido sencilla: no hay ningún referéndum y no hay ningún problema”. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, manifestó este lunes haberse sentido “muy afectado por la violencia en Cataluña” y solicitó al gobierno español la realización de una investigación “minuciosa, independiente e imparcial” de la violencia ejercida por la Policía. Por su parte, el Gobierno español continúa en su senda esperable de patologizar el nacionalismo catalán, naturalizando, por otro lado, el “patriotismo español”. El pasado martes se pronunció el monarca Felipe VI, realizando un discurso en el que acusó a los millones de catalanes independentistas de “conducta irresponsable” y “deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado”. En este sentido, el segundo heredero de Francisco Franco como jefe del Estado español y de las fuerzas armadas, acusó a los soberanistas catalanes de haber “quebrantado los principios democráticos”. Evidentemente, el rey no hizo ni una mención siquiera tangencial a la represión de las fuerzas del orden y afirmó que “en la España constitucional y democrática, [los catalanes] saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos”. Al día siguiente, la Generalitat catalana anunció que su presidente, Carles Puigdemont, comparecerá el lunes 9 en el Parlament para valorar los resultados del referéndum y proclamar la independencia. Para ello, el jerarca se basará en el artículo 4 de la Ley del Referéndum, aprobada por el Parlament el 6 de septiembre, pero suspendida por el Tribunal Constitucional español la jornada siguiente. El presidente catalán solicitó a la Unión Europea (UE) su mediación en el conflicto; sin embargo, desde Bruselas rechazan intervenir en lo que consideran un “asunto doméstico”, a pesar de haber manifestado que “la violencia nunca puede ser un instrumento en política».   Caretas parlamentarias Entre los partidos políticos con representación parlamentaria se han dado múltiples visiones. Los círculos derechistas adscritos al Partido Popular (PP), Ciudadanos y al ala derecha del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mantienen posiciones favorables a la represión, destacando el buen actuar de los efectivos policiales el 1º de octubre y solidarizándose con los agentes “acosados” en las calles por los soberanistas catalanes. No obstante, el ala izquierda del PSOE mantiene una posición contradictoria, atacando al gobierno por impulsar las cargas policiales, pero a la vez solidarizándose con los agentes ante el rechazo de la población catalana y apoyando el mensaje de Felipe VI. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, manifestó a través de Twitter, el 3 de octubre, que “es intolerable el acoso que están padeciendo quienes velan por nuestra seguridad. Toda nuestra solidaridad con la Policía y la Guardia Civil”. Sin embargo, la portavoz de su partido, Margarita Robles, acusó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de haber tomado la decisión “reprobable y condenable” que llevó a las cargas policiales. Por otro lado, el partido emitió un comunicado en el que agradeció “la importante apelación realizada por su majestad el rey a la concordia y el entendimiento”. A su vez, los círculos derechistas demandan una mayor represión contra los soberanistas y exigen a Mariano Rajoy la intervención de las instituciones catalanas mediante la aplicación del código 155 de la Constitución. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, solicitó al Gobierno una actuación más decidida contra el independentismo. “No hay tiempo para estudios, para demoras, no hay tiempo tampoco para titubeos, y mucho menos para irresponsabilidades, atacando al Gobierno como hace el PSOE”, declaró a los medios de comunicación tras un encuentro con empresarios en Madrid. En este sentido, el diario El Mundo publicó un editorial titulado ‘Rajoy debe aplicar ya el artículo 155’, en el que señala que “nadie sabe a qué está esperando Rajoy para aplicar las medidas legales necesarias -el artículo 155- para restaurar el marco constitucional en Cataluña”. Por otra parte, el diario monárquico ABC abrió su portada del pasado martes llamando al autoritarismo con el titular ‘Nuestros agentes acosados, a la espera del artículo 155’. En el mencionado artículo, la carta magna española contempla la adopción por parte del Poder Ejecutivo de las “medidas necesarias” para obligar a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de las obligaciones que impone la Constitución. Este artículo es objeto de controversia, ya que el texto en ningún momento concreta las mencionadas “medidas necesarias”; únicamente matiza que “el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas”. Por tanto, el límite de la represión dependería de la voluntad autoritaria del Gobierno. Asimismo para aplicar este artículo, el Ejecutivo precisa la “aprobación por mayoría absoluta del Senado”. Por otro lado, los líderes de Unidos Podemos criticaron la represión policial, así como el mensaje del monarca, y llaman al diálogo entre el gobierno central y la Generalitat para la realización de un referéndum pactado en el que se garantice la legalidad y la información pertinente a los ciudadanos. El diputado por esta formación y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, señaló que el rey ignoró en su discurso a “80 por ciento de la sociedad catalana” que pide un referéndum, “incluso para votar no a la independencia, como haría la gente de Izquierda Unida”, así como a los “800 heridos del 1º de octubre”. En este sentido, el líder izquierdista afirmó que el rey ha actuado con irresponsabilidad, situándose “en la primera línea del bloque reaccionario”, pronunciando un discurso que “hoy alienta la confrontación y aleja una solución democrática y pacífica que otros seguiremos defendiendo”. “Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de cinco millones de españoles, le digo al rey no votado: no en nuestro nombre”, publicó por su parte el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, en su perfil de la red social Twitter. La portavoz de esta formación en el Congreso, Irene Montero, declaró que el rey “se compromete con el PP, pero no con España ni con la democracia”. Por otro lado, Alberto Garzón pidió la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y reclamó al PSOE que se desvincule del bloque reaccionario formado por el PP y Ciudadanos. “Ni Rajoy ni Puigdemont”, señaló el líder, quien apuesta por un modelo de república federal para el país. Sectores asociados a Podemos emitieron el pasado miércoles un comunicado en el que llaman a una movilización el sábado 7. En este texto elaboran un discurso de fuerte carga sentimental en el que reducen la causa de los problemas que está atravesando España a la mera irresponsabilidad de sus dirigentes políticos, “que ni escuchan ni hablan”. En este contexto, bajo su retórica humanista, el documento destila un nacionalismo soterrado que se hace especialmente visible en su eslogan: “España es un país mejor que sus gobernantes. ¿Hablamos?”.   Referéndum invalidado Varios elementos, como la anulación jurídica del Tribunal Constitucional, la represión policial y el desmantelamiento logístico hacen que el resultado del referéndum carezca de validez legal. Por un lado, la intervención de las bases de datos informáticas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado español entorpeció el acceso al centro electoral por parte de los catalanes. Esto hizo que en varios centros se tomase la decisión de anotar a mano el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de quienes acudieron a votar. Esto provocó anomalías que enturbiaron la validez legal de la consulta, como ciudadanos que demostraron haber votado varias veces en distintos lugares. La requisa de material electoral a cargo de la Policía también provocó una falta de sobres que obligó a muchas personas a votar introduciendo en la urna sus papeletas plegadas. Así, se vulneraron garantías como el voto secreto y se hizo fácil para algunas personas introducir más de una papeleta en su sufragio. Todo este cúmulo de irregularidades hizo que la suma distributiva de los votos sumase 100,88 por ciento, lo que terminó de deslegitimar proceso. Sin embargo, el gobierno catalán sostiene que sobre un censo electoral de 5.343.358  hubo una participación de 2.262.424 (42,34 por ciento), resultando el “Sí” a la independencia ganador con 90,09 por ciento de votos sobre el “No” con 7,87 por ciento.